Trump salva a bitcoin de los bancos con nueva orden ¿qué significa para la industria?

El Presidente de Estados Unidos Donald Trump firmó el 7 de agosto una orden ejecutiva titulada «Garantizando una Banca Justa para Todos los Estadounidenses». A primera vista, el decreto busca combatir lo que la Casa Blanca denomina «debanking politizado o ilegal», una práctica en la que las instituciones financieras niegan servicios a individuos o empresas por sus creencias políticas, religiosas o por dedicarse a actividades comerciales legales pero desfavorecidas por reguladores federales.

Sin embargo, un análisis más profundo del texto, impulsado por figuras de la industria como Caitlin Long, CEO del banco privado Custodia Bank, revela una estrategia mucho más radical: una reestructuración de poder que eleva a la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) a una posición de «super regulador» por encima de las agencias bancarias tradicionales, como la Reserva Federal (Fed), la Corporación Federal de Seguros de Depósito (FDIC) y la Oficina del Contralor de la MOneda (OCC).

La orden ejecutiva aborda directamente acusaciones de que los reguladores federales presionaron a los bancos para discriminar a clientes. Cita explícitamente programas como la «Operation Chokepoint«, como prueba de un sesgo sistémico.

Como lo informó CriptoNoticias, la Operation Chokepoint o «Punto de Estrangulamiento», iniciada en 2013 por el Departamento de Justicia de EE. UU., buscaba combatir el fraude en industrias de alto riesgo como los préstamos de día de pago y los comerciantes de armas. Sin embargo, la comunidad y la industria de las criptomonedas denunció una versión moderna, conocida como Chokepoint 2.0, afirmando que esta estaba en marcha una operación encubierta que apuntaba a restringir el acceso de empresas de activos digitales al sistema bancario tradicional.

La «joya oculta» de la Orden Ejecutiva

En la orden ejecutiva firmada por Trump, Caitlin Long destaca una «joya oculta». Ella señala que no es el «qué», sino el «cómo».

«Demuestra que la Casa Blanca entiende que no puede confiar en los reguladores bancarios federales», afirmó Long. «Contrató a un supervisor para garantizar su honestidad».

Ese supervisor, según la orden, es la SBA. «Esto dice mucho», continuó Long. «El Presidente entiende que los abusos de poder que dieron lugar al debanking (desbancarización) están profundamente arraigados en las agencias». Long respalda su argumento señalando las contribuciones políticas del personal de la FED y la FDIC, que se inclinan abrumadoramente hacia el Partido Demócrata, donde abundan los políticos anti bitcoin y criptomonedas.

La elección de la SBA, una agencia que no es tradicionalmente un regulador bancario de primer nivel, es vista como una jugada tácticamente creativa. Eso es por lo que dice la Sección 4 de la orden ejecutiva de Trump. Esta otorga a la SBA la autoridad explícita para exigir a las instituciones financieras que «identifiquen y reincorporen» a los clientes a quienes se les negaron servicios, debido a acciones de «debanking politizado».

La sección 4 de la orden ejectiva señala que la SBA tiene la responsabilidad de notificar a las instituciones financieras bajo su jurisdicción, dentro de los 60 días para que, en un plazo de 120 días, identifiquen y reincorporen a clientes y posibles clientes que fueron víctimas de desbancarización politizada o ilícita. Esto incluye tanto servicios financieros generales como servicios de procesamiento de pagos.

La orden busca garantizar que estas instituciones tomen medidas correctivas para restaurar el acceso a servicios bancarios a aquellos que fueron injustamente excluidos por motivos no relacionados con riesgos financieros objetivos. A partir de ahora, cualquier banco que infrinja estas leyes podría enfrentar sanciones financieras u otras medidas disciplinarias.

«La Casa Blanca no confía en que las 3 agencias bancarias federales (FDIC, FED y OCC) limpien sus propias casas. Pero la SBA tiene jurisdicción, por lo que se la inserta como un super regulador por encima de las otras 3. Tácticamente, es un movimiento creativo. El Presidente va en serio».

Caitlin Long, bitcoiner y fundadora de Custodia Bank.

Una orden proteger actividades con bitcoin

El nombramiento clave que subraya esta intención es el de Kelly Loeffler, una conocida defensora de Bitcoin, quien ahora estará al frente de la SBA. «Sí, la Casa Blanca acaba de darle a una bitcoiner esta tarea», exclamó Long, destacando la enorme señal que esto envía a industrias que se han sentido perseguidas por el sistema financiero tradicional, como es la de los activos digitales.

La orden ejecutiva define el «debanking politizado o ilegal» de manera amplia, sin mencionar explícitamente a la industria de bitcoin y criptomonedas. Sin embargo, el lenguaje clave se centra en proteger las «actividades comerciales legales». Según Long, «los bancos que se negaron a servir o cancelaron las cuentas de empresas legales de bitcoin, están en el punto de mira».

Sin embargo, no todos creen en la llamada Operación Chokepoint, que no ha dejado de ser un tema de debate político entre los conservadores cuando critican a las agencias reguladoras. «La presentan como una campaña de los demócratas para abusar de su poder atacando a los conservadores», dijo Dru Stevenson, profesor de derecho en la Facultad de Derecho del Sur de Texas, quien ha estudiado el tema. «Es más un mito que una realidad», dijo según medios estadounidenses.

Según un informe de CriptoNoticias, documentos oficiales revelaron cómo la Operación Chokepoint, conocida por su postura antibitcoin, fue impuesta a los bancos de Estados Unidos. Caitlin Long, cuya empresa, Custodia Bank, sufrió el cierre de cuentas por parte de cinco bancos distintos a pesar de un historial de cumplimiento intachable, confía en que la orden ejecutiva de Trump demuestre resultados favorables.

«Una buena prueba de fuego para medir el éxito de esta Orden Ejecutiva es si los 5 bancos que cancelaron a Custodia Bank nos reincorporan… Si nos reincorporan, entonces la Orden Ejecutiva tuvo éxito».

Caitlin Long, bitcoiner y fundadora de Custodia Bank.

El comentario de Long demuestra que mientras el gobierno de Trump implementa esta nueva directiva, la industria financiera observa con atención. La medida es una reorganización fundamental que podría desencadenar una lucha de poder sin precedentes entre una agencia recién empoderada y el arraigado establishment regulatorio de Washington. O definitivamente, podría impulsar una nueva relación entre los bancos y la industria de bitcoin y criptomonedas en Estados Unidos.