Arizona está cerca de adoptar Bitcoin: ¿Qué pasa si el gobierno lo frena?

Ayer fue una jornada histórica para los bitcoiners: Arizona aprobó dos proyectos de ley estrechamente vinculados a la creación de una reserva estatal de bitcoin y criptoactivos. Las iniciativas SB 1025 y SB 1373 comenzaron su curso legislativo en enero y febrero, respectivamente, y poco a poco fueron avanzando hasta estar cerca del escritorio de la gobernadora Katie Hobbs, quien debe decidir si estas normativas entrarán en vigor con rapidez.

La propuesta SB 1025 permite a Arizona invertir hasta un 10% de sus fondos públicos en bitcoin. De acuerdo con datos oficiales, la Tesorería de Arizona maneja USD 32 mil millones en activos desde enero de 2019, y también se encarga del flujo de efectivo del presupuesto estatal, que es de USD 65 mil millones. Esto quiere decir que la jurisdicción podría invertir alrededor de USD 3 mil millones en BTC.

Por su parte, el proyecto SB 1373 propone la creación de una reserva estratégica compuesta por múltiples criptoactivos, la cual inicialmente estará formada por dinero incautado en procesos penales. Hace pocos días, la iniciativa recibió luz verde en el Comité Plenario de la Cámara de Representantes, una instancia previa a la lectura final y la votación definitiva. Se sabe que el tesorero estatal podrá invertir hasta el 10% de los fondos confiscados en criptomonedas durante cada año fiscal.

Si bien ambas propuestas han llegado al final de su recorrido legislativo, aún queda un paso clave: la firma de la gobernadora Katie Hobbs, quien ha acumulado más de 200 vetos en los últimos dos años. Hace unas semanas, la funcionaria advirtió que bloquearía cualquier iniciativa que llegara a su escritorio, si no se aprobaba una medida bipartidista para financiar un programa de asistencia a personas con discapacidad. Finalmente, hubo un acuerdo para destinar USD 122 millones a esta sección, la cual estaba al borde de quedarse sin fondos.

Sin embargo, los bitcoiners no pasan por alto el extenso historial de vetos de Hobbs ni su reciente rechazo al proyecto HB2906, el cual buscaba ampliar el alcance de un programa regulatorio para incluir a empresas de criptomonedas. Se trata de una propuesta vigente en Arizona desde 2018, que permite a compañías innovadoras operar bajo un marco legal más flexible mientras prueban nuevos productos o servicios.

Ante este escenario, el equipo de Bitcoin Laws —especializado en informar sobre leyes vinculadas a criptoactivos— hizo un llamado a la ciudadanía para que contacte a la oficina de la gobernadora Hobbs, con el objetivo de evitar posibles vetos.

Lo cierto es que, si la gobernadora decide poner freno a estos esfuerzos, ambas leyes quedarían bloqueadas y el estado no podría invertir en bitcoin o establecer una reserva estratégica de criptoactivos. Las iniciativas regresarían a la legislatura, donde los legisladores podrían intentar anular el veto, pero para ello se requiere una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras: al menos 40 votos en la Cámara de Representantes (de 60 miembros) y 20 en el Senado (de 30). Dado que SB 1025 fue aprobado con 31-25 en la Cámara y 17-11 en el Senado, y SB 1373 con 37-19 en la Cámara, de momento, ninguno alcanzaría los votos necesarios para revertir la decisión. De no lograr esa mayoría, los proyectos serían descartados y no podrían aplicarse.

En caso de que Hobbs decida firmar ambas iniciativas, estas entrarían en vigor de inmediato, lo que abriría la puerta al desarrollo de un marco operativo que garantice transparencia y seguridad en las inversiones. Para ello, sería necesario establecer normativas internas, con la Tesorería trabajando de la mano de expertos en criptomonedas para implementar las medidas contempladas en las leyes. Con estos pasos, Arizona comenzaría a impulsar la llegada de empresas del sector, fomentando la innovación tecnológica y marcando un precedente para otros estados.

Según Bitcoin Laws, hasta ahora se han presentado 46 proyectos de ley en Estados Unidos relacionados con la creación de reservas estratégicas de bitcoin. De ese total, 39 siguen activos en 20 estados. Texas, Alabama, Florida, Georgia, Ohio y Nuevo Hampshire se encuentran entre los que aún esperan aprobar algunas de sus propuestas.