-
La industria aplaude la entrada en vigencia de una regulación que solicitaba desde hace 5 años.
-
La ley regula a las startups que ofrecen servicios con criptomonedas, pero no a los criptoactivos.
La Ley Fintech de Chile entró en vigencia ayer con la misión de promover la competencia y la inclusión, a través de la innovación y la tecnología en la prestación de servicios financieros.
La normativa establece un marco regulatorio para las empresas que ofrecen servicios financieros, basados en tecnologías, que anteriormente no estaban obligados a registrarse ante la Comisión del Mercado Financiero (CMF) de Chile, por lo cual tampoco eran supervisados por este organismo.
Además, la legislación crea un sistema de banca abierta que permite el intercambio de información de los clientes, entre diferentes proveedores de servicios financieros o relacionados.
Si bien, la norma entró en vigencia ayer, aún faltan procesos por complementar. En ese sentido la CMF aclaró recientemente que la implementación de la Ley Fintech requerirá la expedición de más de 70 normas, y que esta labor se extenderá por un plazo máximo de 18 meses.
Quiere decir que, a partir de ahora, el regulador tiene hasta agosto del 2024 para establecer toda la reglamentación para el sistema. Y luego, las Fintech tienen un plazo de 12 meses para registrarse y obtener las autorizaciones de funcionamiento.
En torno a ello, ahora las preocupaciones de los actores de la industria giran sobre lo que está por venir, tal como lo comentó Samuel Cañas, presidente de la Asociación FinteChile, en conversación exclusiva con CriptoNoticias.
La principal preocupación de nuestra industria es que la regulación secundaria de la Ley se apegue a la misma, particularmente, en términos de generar una regulación de calidad, con alto conocimiento de los distintos negocios que regulará. Sobre todo, manteniendo los principios de proporcionalidad y neutralidad tecnológica. Es importante no generar una carga regulatoria que inhiba la aparición de nuevos actores, quienes en un principio no contarán con recursos suficientes para costear procesos y obligaciones de capital demasiado onerosas.
Samuel Cañas, presidente de FinteChile.
Cañas agrega que la ley era un clamor de la industria Fintech chilena que, desde hace cinco años, la ha visto como una necesidad para generar mayor innovación, competencia e inclusión financiera. Un hecho que cree que impactará de manera positiva en la economía del país.
3 aspectos positivos de la Ley Fintech de Chile
Uno de los aspectos positivos que destaca el presidente de FinteChile es que la ley reconoce las finanzas abiertas (open finance), y lo hace de una forma tal que ahora los usuarios pasan a ser los dueños de sus datos financieros.
Antes, estos datos de los clientes estaban concentrados en las entidades bancarias y ahora se podrán compartir con otras empresas, bajo el expreso consentimiento de los usuarios y en base a altos parámetros de seguridad.
Samuel Cañas, presidente de FinteChile.
El segundo aspecto que Cañas destaca del instrumento legal es el hecho mismo de que ahora la industria cuente con una regulación. Desde su punto de vista, la Ley Fintech de Chile dará certeza, tanto a clientes, como a emprendedores.
En cuanto al tercer aspecto a destacar de la normativa, Cañas habla de la expectativa que tiene «la industria de que la regulación debería atraer más capital, fomentando un mayor crecimiento sano del sector».
Los aspectos destacados por Cañas fueron contemplados en un estudio publicado por FinteChile en el año 2019. En él se detallan algunos puntos que la industria consideraba importante atender y que serían resueltos con una regulación.
En ese momento, la mayoría de las Fintech que operaban en Chile planteaban la necesidad de ganar confianza por parte de los clientes, captar mayor inversión y establecer colaboración con los actores del sistema financiero tradicional.
Reportaban dificultades para crecer, debido a la ausencia de un marco regulatorio, lo cual es altamente valorado por los clientes en el mundo financiero. Las startups aseguraban que operaban en un ambiente de poca confianza. Esto no solo afectaba su capacidad de generar alianzas con instituciones financieras tradicionales, sino también limitaba su acceso a financiamiento y perjudicaba la atracción del talento correcto.
Por otro lado, «la mayoría de las Fintech señalaron que en Chile aún falta capital de riesgo, algo que los inversionistas locales asocian, en parte, a aspectos regulatorios que actuaban como inhibidores de la inversión», agrega el estudio.
Además, los obstáculos para establecer alianzas con bancos y otras instituciones financieras tradicionales eran catalogados por las Fintech chilenas como «una gran dificultad», debido a que impedían escalar sus negocios, algo que la Ley Fintech plantea resolver.
Los 3 aspectos negativos de la Ley Fintech de Chile
Sebastián Ovalle, oficial de cumplimiento de la empresa Fintual, está de acuerdo con Cañas sobre las altas exigencias que la ley establece para que las empresas se mantengan operativas.
Por ejemplo, se les exige un patrimonio mínimo de 5.000 UF (unidades de fomento), un monto equivalente a unos 170 millones de pesos chilenos o USD 220.000. Este monto obliga a que las Fintech que operen en Chile mantengan un capital inmovilizado (aunque puede estar invertido) para demostrar solvencia financiera, según lo comentado por Ovalle.
El segundo aspecto que Ovalle considera negativo es que la ley Fintech obliga a que las startups mantengan una estructura de gestión de riesgos, con políticas y medidas de control que les permitan asegurar la continuidad operacional de la compañía.
«Estas medidas probablemente ya están implementadas porque son críticas para un adecuado funcionamiento de toda empresa, pero ahora las Fintech tendrán que cumplir con los parámetros que establezca la CMF», agregó Ovalle. Luego aclaró que, quien no cumpla con los requisitos estipulados en la Ley corre el riesgo de no seguir operando, ya que la CMF tendrá la potestad de cancelar su autorización.
El tercer aspecto negativo es el hecho de que, para poder prestar sus servicios, las Fintech, además de inscribirse en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros de Chile, deben contar con una autorización de la CMF para iniciar operaciones. Algo que, desde el punto de vista de Ovalle, «le añade algo de burocracia innecesaria y tiempo al proceso».
¿Cómo impacta la Ley Fintech al sector de las criptomonedas en Chile?
Las Fintech han venido desafiando a un sector bancario que, hasta ahora, no ha tenido incentivos para innovar. Cuando se habla de estas empresas de tecnología financiera generalmente se menciona el tema de la inclusión, debido a que ofrecen servicios donde los bancos no han tenido alcance.
En la actualidad, las Fintech juegan un papel relevante en la sociedad porque resuelven algunos problemas que afectan al ciudadano común, como abaratar costos, ahorro de tiempo y simplificación de servicios.
Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, el número de Fintech que hay en América Latina llegó a 2.482 en 2021, experimentando un crecimiento de 112% respecto a las que había en 2018.
Chile concentra el 7% de las Fintech de la región, es decir, unas 173 empresas operan en el país, donde más de 13 ofrecen servicios con criptomonedas.
La Ley Fintech de Chile incluye la definición del término criptoactivo, pero no constituye una regulación para el sector como tal, sino que más bien establece normas para las empresas que operan con bitcoin y otros activos digitales.
En definitiva, la normativa trae beneficios al sector de las criptomonedas por el hecho de que pone fin al conflicto que hubo en el pasado entre los exchanges y los bancos.
Según lo reportado por CriptoNoticias, el enfrentamiento se presentó luego de que los bancos argumentaran que las actividades del ecosistema no estaban reguladas y que los exchanges no cumplían con los procedimientos antilavado de dinero. Esto condujo al cierre de todas las cuentas de las casas de cambio de bitcoin en 2018.
En Chile el 68% de los clientes de las fintech provienen de un sector que nunca fue atendido por el sistema financiero tradicional, y ahora con la nueva regulación, se espera que su alcance se extienda mucho más.
