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La excusa para exigir datos es la supuesta protección de los usuarios, pero hay intereses ocultos.
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Hay un alto nivel de opacidad sobre lo que hacen los gobiernos con los datos de los ciudadanos.
Esta semana se conoció que Perú dio un paso para la regulación de exchanges de bitcoin (BTC), con un decreto supremo que obliga a las empresas de criptomonedas a reportar información y a estar bajo supervisión del gobierno.
La normativa no es realmente novedosa en el sentido que tal obligación se incluye en los proyectos de ley que se han presentado hasta ahora en Latinoamérica. Todos proponen lo mismo: exigir a las plataformas de criptomonedas que pasen datos al gobierno sobre sus clientes.
Con ello incluso copian las propuestas regulatorias que se están haciendo en otras partes del mundo.
El Reglamento del Mercado de Criptoactivos (MiCA), la ley de la Unión Europea y otras leyes pioneras como la de Malta, Estonia y Japón también lo plantean: crear un registro de exchanges. El mismo se presenta como novedoso y favorable para que estas plataformas funcionen legalmente, y el ecosistema deje de operar en un escenario que han comparado con “el lejano oeste”.
Hay propuestas osadas, como la de Rusia, que incluso quiere que los bancos cumplan las funciones de los exchanges en el registro de la información de los clientes. Todo esto, con un estricto manejo del proceso por parte del Estado.
Es así como todas las regulaciones, a nivel y regional, coinciden en la necesidad de aplicar obligatoriamente KYC (políticas de conoce a tu cliente) como mecanismo para supervisar las operaciones con criptomonedas.
El objetivo, en las leyes aprobadas hasta ahora y en los proyectos en debate, es que el gobierno tenga acceso a toda la información y los movimientos de los usuarios de bitcoin (BTC) y otras criptomonedas. Es parte de los lineamientos propuestos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en 2021, en los cuales piden aplicar en los exchanges la regla de viaje, norma que obliga a compartir datos de los usuarios.
Se trata de “una acción para lo cual no tienen la capacidad ni el derecho”, según denunció el equipo de la empresa estadounidense de análisis, Coin Center, cuando presentó un informe para analizar las normativas del GAFI.
En su análisis consideran que estos lineamientos dejan abierta la posibilidad de que los exchanges reporten “datos hasta de personas que no son sus clientes”.
Se recuerda así que, en el cumplimiento tradicional de las reglas de viaje no se registra ni intercambia información excepto la relacionada con los clientes de las instituciones financieras. “Estos clientes ya habrán proporcionado voluntariamente esta información a su banco como una necesidad para obtener servicios bancarios”, expone Coin Center.
Sin embargo, una persona que posee sus propios activos virtuales nunca habrá dado su consentimiento voluntario para que ninguna institución financiera registre o intercambie información personal con la que nunca haya interactuado. Someter a estas personas a una vigilancia masiva invasiva, sin que nunca hayan renunciado afirmativamente a sus derechos a la privacidad, viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Coin Center
La excusa repetida por los reguladores para aplicar estas normativas es que se debe prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, además de proteger a los usuarios.
Se intenta hacer ver que la preocupación principal es el bienestar de las personas. Una promesa casi sin sentido, tomando en cuenta que la mayoría de las investigaciones señalan que el lavado de dinero con criptomonedas es minoritario. Lo reiteró esta semana la investigación de una empresa como KPMG, en la que se determinó el bajo uso de bitcoin en actividades delictivas.
Un camino hacia el control
La realidad es que con estos planteamientos se va más allá, se camina hacia un control que permitirá al Estado tener detalles sobre cuántas criptomonedas manejan las personas y qué hacen con esos activos, tal como ocurre con el dinero que se tiene en bancos e instituciones financieras tradicionales.
El peligro radica en lo que hacen los gobiernos con los datos de la gente; una actividad que, por lo general, se mantiene en alto grado de opacidad en cuanto a cómo se almacena la información, qué analizan o qué decisiones se toman. Se intuye, por tanto, que detrás de esa recolección de datos hay intereses ocultos.
Lo reconoce una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), diciendo que “los gobiernos pueden tratar y manejar algunos de los datos personales de la población como la información tributaria o las propiedades”. Actividad en la que, a veces, no hay mucha ética.
Y aunque para algunos puede parecer poco trascendente el hecho de que los gobiernos manejen sus datos financieros, los riesgos de esta práctica quedan claros cuando se desdibuja la línea divisoria entre las labores de inteligencia de Estado y los actos de espionaje.
La Inteligencia de Estado implica recolección, análisis y utilización de información para proteger los intereses nacionales. Lamentablemente, en este proceso se puede caer en el espionaje, con el monitoreo y el acceso no autorizado a sistemas informáticos, comunicaciones privadas, robo de datos, soborno y extorsión, entre otros métodos ilegales.
Ejemplos se han visto con los casos de softwares espías y de vigilancia ciudadana, implicados en acusaciones a varios gobiernos de rastrear actividades de políticos, líderes gubernamentales, activistas de derechos humanos, disidentes y periodistas.
Cómo el control promueve la adopción de bitcoin
Queda en el aire la pregunta sobre si este tipo de regulación, en la que el Estado asume el manejo de la información de los usuarios, promueve la adopción de bitcoin. Este es uno de los argumentos que las autoridades venden, con bombos y platillos, dentro de sus propuestas regulatorias.
Se dice así que la adopción avanzará bajo tal control porque las personas se sentirán más seguras si el Estado supervisa a las empresas. Se dejan de lado las dudas que apuntan a cómo, con ese régimen, no habrá independencia financiera; y sin esa libertad pues no se cumple la promesa que dio nacimiento a Bitcoin: disponer de un dinero incensurable.
Parece que inevitablemente vamos hacia ese control, a medida que los gobiernos, incluyendo los latinoamericanos, replican el mismo modelo regulatorio. Pero la salida posiblemente estará en el deseo de muchas personas de preservar su independencia financiera.
Por ello aumenta la cantidad de personas que se esfuerzan por aprender y manejar su dinero de forma descentralizada. Lo hacen usando sus wallets y haciendo transacciones sin usar exchanges centralizados.
Se ve también en la creciente creación de ciudadelas de Bitcoin, donde la gente común de varios poblados, a lo largo de todo el mundo, elige participar en una economía circular con la primera de las criptomonedas. Un fenómeno en auge desde el año pasado.
Y a pesar de siempre habrá quienes prefieran el control, también será inevitable que este modelo de adopción independiente, fuera de la intervención de los Estados, siga avanzando.
Descargo de responsabilidad: Los puntos de vista y opiniones expresadas en este artículo pertenecen a su autor y no necesariamente reflejan aquellas de CriptoNoticias. La opinión del autor es a título informativo y en ninguna circunstancia constituye una recomendación de inversión ni asesoría financiera.
