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Cuando el derecho a la privacidad no es total, la confidencialidad de tus datos es de vida o muerte.
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Cuando falla en su custodia, Europa tiende a reforzar los controles y pedir más datos.
El empecinamiento por conservar la privacidad frente al gobierno y su brazo fiscal no siempre obedece al deseo de ocultar o por apego mezquino al dinero. Casos como el de Francia, donde un hacker robó credenciales, entró a los servidores de la Dirección General de Finanzas Públicas (DGFiP) y robó 678.438 líneas de datos personales de ciudadanos, demuestran que incluso frente al Estado, el garante del derecho, la privacidad es cuestión de supervivencia física.
El problema es que esta supervivencia queda en manos de la policía, que a veces llega tarde (o del propio individuo, que no siempre sabe defenderse) porque las leyes están diseñadas para no permitir la ocultación absoluta por derecho a la intimidad, y la confidencialidad no está garantizada pues el gobierno es muy falible.
El derecho a la intimidad
El derecho a tener secretos es un derecho humano. Lo dice el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP): «Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia o su domicilio». El ordenamiento jurídico francés también consagra este valor. En el artículo 9 del Código Civil se dice: «Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada». Pero la aplicación de esos principios no es absoluta cuando es el aparato fiscal y el gobierno quienes intervienen.
El art. 1729 B del Código General Tributario francés (CGI) postula un límite concreto a conservar secretos. Decreta que omitir datos formales y obligatorios conlleva multas de 15 euros por cada información individual omitida, acumulables hasta 10.000 euros. Si un contribuyente simula o falsifica su domicilio fiscal, enfrenta cargos de fraude fiscal deliberado. Esto le supone un recargo del 40 al 80 % sobre la cuota defraudada y riesgo de ir a prisión. A esto se le suman recargos por demora que empiezan por 0,20 % mensual y escalan con la tardanza.
¿Cómo las leyes crean la privacidad por norma para convertirla en una excepción? ¿Cómo ponen la libertad individual en su sitio para después ponderarla, entregando su versión rebajada? Gracias al artículo 23 del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos de la UE), que permite restringir derechos de privacidad en favor del interés económico y fiscal del país. Así, el aparato legislativo destruye el absolutismo del derecho a la intimidad, porque el secreto es tolerable hasta que encubre delitos y crímenes.
La confidencialidad por supervivencia
Cuando el derecho a la privacidad no es absoluto, la confidencialidad es cuestión de vida o muerte, porque un solo dato de domicilio escurrido hacia las manos de hackers y delincuentes multiplica la exposición del individuo a peligros reales. Desde recibir visitas indeseadas en casa y llamadas de extorsión hasta intentos de acceso por fuerza bruta al correo electrónico.
Ya que entregar datos es obligatorio y delicado, el gobierno adquiere una obligación derivada de la primera, aunque no hable nunca de ella y poco pida disculpas cuando incumple: proteger esos datos, para que no caigan en otras manos tan peligrosas como las suyas. La ANSSI (Agencia Nacional Francesa para la Seguridad de los Sistemas de Información) gasta entre 100 y 200 millones de euros al año protegiendo las redes del Estado y sus operadores clave, entre ellos a la Dirección General de Finanzas Públicas (DGFiP). Con todo, al hacker llamado ZeroBytes le bastó el robo de una identidad y una VPN para robar información de ingresos laborales, direcciones de domicilio, nombres, fechas de nacimiento, teléfonos, correos electrónicos, que puso a la venta. La confidencialidad que el gobierno debía asegurar falló.
Eso no significa que el individuo defraudado por el Estado pueda volver a defender su derecho absoluto a la intimidad, como consecuencia. La evidencia indica que el gobierno no ha otorgado mayor derecho a la privacidad a los ciudadanos cuando falla en la custodia de sus datos. Al contrario, la tendencia suele ser aumentar su ambición, aspirar más datos y reforzar los controles y límites; véase DAC8 y Chat Control.
Es en este punto que el individuo queda atrapado en el círculo con espinas. El gobierno obliga a revelar, pero no garantiza la confidencialidad de lo que se le revela. Cuando él mismo falla, pide más datos, porque la Unión Europea va camino de la cibervigilancia masiva y solo refuerza controles, no los elimina.
En este contexto, un individuo no puede no cumplir con el gobierno porque se le declara enemigo del país y el bien común; si cumple, igual sus derechos fundamentales a la privacidad no están garantizados. Paulatinamente una brecha de datos le dejará ante un peligro nuevo: la ciberdelincuencia, y uno viejo: un gobierno que puede tender a la arbitrariedad.
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