El Estado es el terrorista en el caso contra Samourai Wallet

«El Estado es cualquier entidad que puede perdonar retroactivamente un crimen. Si perdonas un asesinato, obtienes un ejército. Si perdonas una agresión, obtienes policía. Si perdonas un robo, obtienes impuestos.Y esta noción de que existe la capacidad soberana de cambiar las reglas para un número limitado de personas y otorgarles licencias para hacer cosas que de otra manera serían criminales te da una definición muy clara del Estado. El Estado es aquello que lava tus manos cuando haces algo que es inherentemente incorrecto.»

@leashless  

El reciente encarcelamiento de los desarrolladores de Samourai wallet implica un nuevo abuso del gobierno de Estados Unidos sobre la privacidad, la libertad financiera y especialmente el uso de dinero en efectivo. 

Acusan a los fundadores de Samourai de ejercer la transmisión de dinero sin licencia y de no respetar las draconianas medidas antilavado y anti-financiamiento de terrorismo. 

En primer lugar, se los acusa de lavar dinero, un delito que en todo tipo sistema penal libertario no sería considerado crimen. En cualquier sistema de organización social minarquista, capitalista, libertario, anarquista, agorista o cualquier otra forma medianamente racional para que haya un crimen tiene que haber una víctima. Es decir que no se permite punir a nadie salvo que haya victimizado a otra persona. Para que haya víctima tiene que haber un daño no consentido sobre otra persona. Sólo los sistemas comunistas o filocomunistas pueden tolerar el exacerbado fascismo de punir a individuos a pesar de que estos nunca hayan dañado a nadie.  

El delito de lavado de dinero acorde el derecho positivo vigente consiste esencialmente en la acción de ocultar el origen ilícito de fondos obtenidos mediante actividades ilegales buscando integrar ese dinero (ilegalmente) en el sistema financiero legal para dar la apariencia de que proviene de actividades legítimas. Es decir un delito sin daño. O sea, una acción que claramente no debe ser punible. Incluso es una acción que merece ser premiada.  

¿Acaso no ayuda a la sociedad en su conjunto el “criminal” que decide usar su dinero en la adquisición de bienes y servicios que no produzcan daños a terceros? ¿Acaso la sociedad obtiene alguna ventaja al obstaculizar el uso del dinero al criminal? ¿Por qué el Estado promueve la penalización de una actividad absolutamente inocua como usar dinero cuando ya prohibió las actividades dañinas contra terceros que son las que convierten al criminal en tal? ¿Las leyes de blanqueo no promueven exactamente la misma acción que el delito de lavado pero con la excepción de que en ese contexto el comportamiento es legal?  

Entonces, dado que las leyes de blanqueo esporádicamente aceptan la acción ¿por qué no aceptarla siempre? Y si la acción aceptada por las leyes de blanqueo (básicamente la misma que lavar) produce daño a la sociedad ¿Por qué se las permite? O bien el lavado en verdad no produce daño y no debería ser ilegal, o bien las leyes de blanqueo producen daño y por lo tanto deberían ser ilegales.  

Por otro lado, la práctica de terrorismo puede definirse como el ejercicio de la dominación de otro en base al terror impartido. Por lo tanto, el financiamiento del terrorismo es la asistencia financiera a una entidad dedicada a dominar a otros con base en el terror impartido. Tanto en este caso de Samourai Wallet, como el de Tornado Cash, Silk Road y tantos otros similares, el Estado ha omitido en demostrar la asistencia financiera a los aludidos terroristas que ellos dicen combatir. Si se quisiera verdaderamente combatir el financiamiento del terrorismo se debería empezar por combatir la recaudación impositiva y la impresión de dinero, instrumentos financieros claves que aportan a la economía del único debidamente demostrado terrorista. No hay lugar a dudas de que en casos como los tres arriba mencionados, y tantos otros más, el Estado apresa gente con el fin de impartir terror a otros desarrolladores de emprendimientos similares. 

Por último, cabe destacar que el Estado no tiene legitimación para la emisión y contraloría de licencias y permisos que son inherentes a cada hombre por su propia naturaleza humana. En cualquier sistema de organización social medianamente racional las acciones privadas de los hombres que no afecten a terceros no pueden ser objeto de regulaciones estatales. Si una persona posee un lago y permite a otro pescar allí, nada tiene que hacer el Estado en el medio. Ni “concediendo” ni quitando derechos denominados en este ejemplo de “licencia de pesca”. En la misma línea no cabe lugar a intervención estatal si una persona quiere ofrecer el servicio de transmisión de dinero para otras personas que voluntariamente lo acepten y que no son víctimas puesto que no han sufrido daño ni han hecho reclamo alguno a aquel.  

Afortunadamente Bitcoin arregla todo esto mediante la desfinanciación del Estado y la posibilidad de transmisión de valor en forma descentralizada, p2p, sin intermediarios. Pero el camino hacia la hiperbitcoinización no es ni será libre de obstáculos. La búsqueda del mantenimiento del statu quo y el control máximo sobre los individuos no será algo que el leviatán vaya a perder sin luchar. En el medio muchos inocentes pagarán el coste de animarse a hacer actividades no expresamente avaladas por los amos y señores del mundo. Pero no tengo dudas de que, eventualmente, la batalla por la libertad será ganada por la humanidad en su conjunto. Somos mejores que ellos en todo sentido, producimos más, somos más inteligentes, más creativos y resilientes. Y aunque cada pelea mano a mano del individuo contra el Estado sea físicamente perdida por el primero, como en este caso de Samourai Wallet, al estar distribuídos y ser muchos más que ellos, a la larga la batalla será ganada con la ayuda de los infranqueables muros que Bitcoin y la criptografía nos ayudan a construir.  

Camilo JdL para Criptonoticias a las 840.856 timechain 

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