La autoridad se esconde tras la ley para controlar a bitcoin y la libertad de expresión

«La mayor amenaza para el Estado es la crítica intelectual independiente.«

Murray Rothbard 

En el mundo fíat la autoridad decide cómo se administra la información y el dinero. Y para asegurarse de ello utiliza la fuerza física sobre personas como palanca de negociación.  

Veamos algunos ejemplos. El gobierno de Nigeria quiere cobrarle 10.000 millones de dólares a Binance porque, según ellos, el exchange es responsable de la devaluación de su moneda fíat. Entonces, debido a la imposibilidad física de secuestrar al dueño del exchange ya que este no cometió la arriesgada opción de visitar el africano país, opta por secuestrar a tres de sus ejecutivos que si cometieron esa arriesgada visita turística.  

Lógicamente, el Estado nigeriano no le llama secuestro sino arresto preventivo. Busca así controlar el discurso con el fin de sanear la inmoral acción de privar de la libertad ambulatoria a gente que nunca ha sido declarada culpable y que, además, liminalmente, nunca ha dañado a persona alguna atento la inexistencia de víctimas en los aludidos delitos cometidos.  

De esta forma podemos ver que, tal como indica Vinay Gupta, “el Estado es cualquier entidad que puede perdonar retroactivamente un crimen”. Él añade:  

“Si perdonas un asesinato, obtienes un ejército. Si perdonas una agresión, obtienes policía. Si perdonas un robo, obtienes impuestos. Y esta noción de que existe la capacidad soberana de cambiar las reglas para un número limitado de personas y otorgarles licencias para hacer cosas que de otra manera serían criminales te da una definición muy clara del Estado. El Estado es aquello que lava tus manos cuando haces algo que es inherentemente incorrecto.” 

Vinay Gupta.

Por otro lado, pero con un similar accionar, cuando el gobierno de Estados Unidos quiso plata de Binance negoció directamente con el dueño y logró su objetivo más rápidamente. Pero también apalancó su negociación en la amenaza de “secuestro legalizado”, ya que llevó a Changpeng Zhao a ser condenado a prisión incluso a pesar de haber pagado más de cuatro mil millones de dólares.  

Un tercer ejemplo reciente es el del gobierno de Francia que, para rendir pleitesía a Estados Unidos decidió “secuestrar legalmente” al dueño de Telegram, Pável Durov, logrando que éste último modificara inmediatamente las políticas de censura y control dentro de su red social.  

El 6 de septiembre, Durov anunció que suspende el servicio de Telegram de “gente cerca” (people nearby) y lo cambia a “negocios cerca” (businesses nearby). O sea, dónde antes los usuarios tenían libertad para realizar actividades con gente cerca, ahora sólo los negocios verificados la tendrán.  

¿Qué tipo de identificación y demostración de licitud se les exigirá a esos negocios? Aún no se anunció, pero lo que podemos estar seguros es que se está produciendo una profundización en las normas KYC/AML y que las mismas están siendo implementadas a punta de pistola con olor a croissant.  

¿Acaso puede expresar verdaderamente su voluntad y consentimiento alguien que tiene un arma de fuego apoyada contra su sien? Un arma que está siendo sostenida por el aparato estatal, que también le impide legalmente salir del país y que amenaza con la fácilmente ejecutable promesa de cárcel.  

El último ejemplo reciente es el de la clausura de Twitter (ahora X.com) por el gobierno de Brasil. En este caso vemos que las autoridades exigieron tener físicamente en el país a un declarado ejecutivo de la empresa. Es decir que pidieron legalmente que la red mande a alguien para que pueda ser “legalmente secuestrado” en caso de que el gobierno latinoamericano considerara que la red no cumplió las leyes. Y, justamente, como la empresa que administra la red social decidió no ceder el cuerpo de un empleado, la plataforma fue legalmente clausurada.  

Cabe mencionar que la legalidad de la clausura, como así también de cualquier acto, la determina el aparato estatal. Sin perjuicio de la existencia de constituciones (conjuntos de normas supra legales), la realidad jurídico material republicana occidental es que el Estado es el único y exclusivo intérprete de la legalidad y de la constitución. Por lo que, sin importar qué tanto se aleje una actuación del Estado de las normas escritas, este es legalmente el primer y último interprete de las mismas. Por lo tanto, nada importa —jurídicamente hablando— lo que los administrados puedan pensar o interpretar al respecto.  

«Pero ya sea que la Constitución realmente sea una cosa, u otra, esto es seguro: o ha autorizado un gobierno como el que hemos tenido, o ha sido impotente para evitarlo. En cualquier caso, no es apta para existir.»

Lysander Spooner, No Traición: La Constitución de Ninguna Autoridad (1870) 

Estas son demostraciones de cómo la autoridad controla a las redes centralizadas con la fuerza del palo. Pero también lo hacen con la zanahoria. Entre los ejemplos de quienes decidieron pactar a fondo con la autoridad y comer la zanahoria —pagando el coste de seguir lo que la autoridad requiera al pie de la letra— están Meta (Facebook y Whatsapp), Microsoft y Google entre otros.  

Este autor entiende que si aún existe algún atisbo de libertad de expresión en este mundo es principalmente por la imposibilidad técnica-material del ejercicio del poder de policía contra todos los que nos expresamos. Y no por una cuestión ideológica-cultural, ya que, considerando el estado actual del derecho positivo —de la regulación— sobre la libertad de expresión y su masiva aceptación por la sociedad en general, la batalla cultural por una sociedad que permita a los individuos expresar sus pensamientos sin sufrir coerción está siendo perdida.  

Sin embargo, somos unos 8.000 millones de personas que continuamente interactuamos entre nosotros realizando acciones e inacciones, transmitiendo información e intercambiando valores o capitales. Y ellos, la autoridad, son unos poquísimos y muy desprestigiados políticos y personalidades públicas que sólo pueden controlar la fuerza física y la narrativa con el deficiente dinero fíat que fabrican y distribuyen para comprar voluntades. Voluntades que cada vez más empiezan a ver las ventajas del deflacionario bitcoin por sobre el inflacionario fíat y que, incluso sin quererlo, al ir sumándose a la red bitcoin disminuyen el poder de la autoridad. 

Afortunadamente la libertad individual de 8.000 millones de personas es materialmente incontrolable. Pero en contraposición, lo que ocurre en una red centralizada es fácilmente controlable por la autoridad de turno, ya sea usando el palo o la zanahoria.  

Bitcoins bajo administración centralizada 

Actualmente Coinbase posee bajo su control unos 2,2 millones de bitcoins, según informa timechainindex.com; es decir, más del 11% del actual circulante. Este centralizado botín de cuantiosa riqueza supone una continua invitación a ser atacado y saqueado por aquella entidad o suma de entidades con fuerza y técnica suficiente para poder tomarlo. 

¿Qué frena a Coinbase a realizar el clásico rug pull (vaciamiento total de la liquidez y posterior default contra los acreedores) que los exchanges centralizados ya nos tienen acostumbrados? ¿Qué frena a los administradores de las claves privadas a coludir para desaparecer repartiéndose el botín de más de 220 trillones de satoshis? ¿Que frena al gobierno de turno de EE. UU. a emitir un decreto y automáticamente pasar a administrar la totalidad del mencionado botín? 

Hace casi cien años el gobierno americano decidió incautar la totalidad de la riqueza financiera sólida de sus usuarios a través del “robo legalizado” del oro que estos poseían. ¿Acaso hoy en día estamos políticamente más alejados de una nueva posible orden ejecutiva 6102 que cuando fue dictada aquella en 1933? En aquel momento, el decreto gubernamental fue necesario para que el sistema fíat puro (sin respaldo en oro) anduviera. El mercado debía ser drenado lo más posible de otros valores financieros para así poder evitar al máximo posible que los usuarios escapasen del inflacionario dólar. 

Hoy en día, mientras seguimos avanzando hacia la hiperbitcoinización, pareciera que no sería descabellado que la historia se volviera a repetir y la futura confiscación fuera, en esta oportunidad, del activo más similar que tenemos al oro digital. Cuestión inevitable al centralizarse el holdeo de bitcoin bajo cumplimiento (en compliance). Hecho que, de ocurrir, sumaría una nueva demostración de que los bitcoins en compliance son una contradicción insalvable. 

La descentralización resulta no solo práctica sino también necesaria, imprescindible, para la verdadera protección de la propiedad privada y la libertad de expresión. Por ello no debemos olvidar nunca el trillado pero no por ello menos verdadero y útil latiguillo: “si no son tus claves, no son tus bitcoins”.  

Camilo JdL para Criptonoticias a las 861.149 timechain 

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