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El Salvador mina Bitcoin a través de la compañía eléctrica estatal CEL.
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Si bien no se prohíbe la minería de Bitcoin, la participación del gobierno se minimizará.
El acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y El Salvador ha supuesto una serie de cambios importantes para la política bitcoiner del país centroamericano, algo que ha traído consigo reacciones, generalmente negativas, por parte de la comunidad.
El acuerdo exige, entre otras cosas, que bitcoin (BTC) deje de ser reconocido como moneda de curso legal en ese país. Además, insta al gobierno de El Salvador a disminuir su participación en las actividades inherentes al ecosistema. Esto, sumado al hecho de que exhorta al Estado salvadoreño a limitar las compras de bitcoin, como ha reportado CriptoNoticias.
El FMI busca que el sector público salvadoreño deje de adquirir BTC voluntariamente. La meta, argumentan, es reducir riesgos como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Todo esto mediante una regulación más estricta.
El acuerdo, que incluye un préstamo de 1.400 millones de dólares, busca aliviar la crisis económica del país, cuya deuda creció un 52% entre 2019 y 2024, pasando de 21.000 millones a 32.000 millones de dólares, según los datos financieros de ese país.
En ese acuerdo se destaca algo notable y es que se menciona la actividad de la minería de Bitcoin que se lleva adelante en El Salvador mediante empresas estatales. CriptoNoticias se encargó de revisar el documento de 111 páginas sobre el acuerdo de préstamo y evidenció que, como parte de las exigencias del ente monetario internacional, se plantea un cambio que impacta directamente el modelo impulsado por el presidente Nayib Bukele.
Este cambio es que las empresas públicas, como la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), dejarán de participar activamente en la minería de Bitcoin. Esto debido a que, a través de esa actividad, El Salvador también acumula BTC.
CEL, encargada de operar una planta geotérmica en la localidad de Berlín, ha liderado desde 2021 un programa pequeño, pero simbólico, que acumuló 474 BTC hasta mayo de 2024, usando 1,5 MW de los 102 MW disponibles en la central eléctrica, como informó este medio.
No se prohíbe, pero se limita
Según lo establecido en el acuerdo, si bien no se prohíbe totalmente la minería de Bitcoin en El Salvador, sí se limita la participación del gobierno en esta actividad. En general, esto implica que CEL, que depende de la energía geotérmica de volcanes como el Tecapa, no podrá acumular más BTC bajo este programa. Así, el FMI enfatiza que las actividades del sector público en la minería de Bitcoin deben confinarse.
Este cambio, impulsado por la crisis económica y auspiciado por el FMI, afecta el modelo bitcoiner de Bukele. La minería estatal, un pilar de su estrategia, pierde fuerza. Por tanto, El Salvador deberá ajustar su política a un marco más restrictivo.
Hay que recordar que la minería de Bitcoin en El Salvador comenzó como una apuesta innovadora. En 2021, Bukele propuso usar energía geotérmica para este fin. CEL instaló 300 mineros de Bitcoin en la planta de Berlín. El proyecto, que aprovecha vapor de géiseres para generar electricidad, buscaba ser sostenible y propiciar la minería digital.
Ahora bien, el acuerdo entre el FMI y el gobierno de El Salvador no dice nada acerca de la minería de Bitcoin a nivel privado. Esto significa que empresas como Riot o Bitfarms, por mencionar algunas, podrían operar en el país si se crea un marco regulatorio adecuado.
Sin embargo, la minería de Bitcoin actualmente está centralizada en el gobierno salvadoreño. Y es que CEL, y su filial LaGeo, controlan los géiseres del volcán Tecapa, únicos en proveer energía geotérmica viable para este fin.
Esto hace que el acceso a esta energía esté restringido, por lo que los mineros privados enfrentarían trabas burocráticas o necesitarían conexiones políticas para operar allí, tal como reportó CriptoNoticias en 2022.
La minería de Bitcoin en El Salvador, aunque pequeña, tenía un valor simbólico. Representaba una apuesta por la innovación y la soberanía energética. Ahora, el acuerdo con el FMI redefine sus límites: CEL y LaGeo seguirán operando bajo estricta vigilancia, con una limitación clara que hará que el gobierno deje de acumular BTC activamente.
Aunque es cierto que el futuro de la minería podría depender de actores privados, su acceso a recursos geotérmicos sigue siendo un desafío. Así las cosas, Bukele enfrenta un dilema: cumplir con el FMI o buscar nuevas formas de sostener su visión bitcoiner.
