En las entrañas de una incautación ilegal a un minero venezolano

Barquisimeto, capital del estado Lara, al noroeste de Venezuela. Corre el día 9 de diciembre de 2017. Hace apenas seis días que Nicolás Maduro anunció por primera vez la futura creación de una criptomoneda estatal, respaldada por reservas de oro, gas, petróleo, diamantes y demás riquezas naturales con que el azar condenó esta tierra (a veces, la fortuna es tragedia), y cuyo objetivo sería “burlar el bloqueo financiero impuesto desde Estados Unidos” y obtener “nuevas formas de financiamiento internacional”.

Hace apenas seis días había sido bautizado, sin estar cerca de haber nacido, el petro, iniciando una nueva política de gobierno sobre un área hasta entonces gris.

En Barquisimeto, a pesar de haber entrado diciembre, hace calor. Es mediodía y el sol, en el punto más cenital del cielo, dora el asfalto como si quisiera freír la capa de mugre sobre la que giran las llantas de los autos. Andrés (31) conduce su auto. Se dirige a instalar en su local alquilado un par de AntMiners S9 recién adquiridos. En la Calle 35 hay una muchedumbre. La zona suele ser transitada debido a su cercanía al terminal de autobuses, pero ese día se agolpaban los fisgones para presenciar una incautación.

Tres toneladas de jabón en polvo salían en manos de funcionarios de la Guardia del Pueblo de la planta baja de un edificio. La escasez de productos en Venezuela causada por los estrictos controles de precios había conllevado una política persecutoria a cualquiera que acaparara o comerciara a sobreprecio productos de primera necesidad.

Andrés ya había visto anteriormente policías custodiando la entrada del local de su vecino en la planta baja del edificio pero, las veces anteriores, velaban por que la mercancía llegara sana y salva al interior. Si no hubiera sido porque una protesta ciudadana por falta de gas lo había retrasado, nuestro minero venezolano hubiera estado en su local para el momento del allanamiento. Pero, viendo la anomalía desde su carro, decide postergar la instalación.

Más tarde ese mismo día, Andrés recibe una llamada de la secretaria del dueño del local por él alquilado para decirle que «estaban unos funcionarios allá, que habían derribado la puerta  y habían conseguido unas máquinas», según nos cuenta. Efectivos de la Guardia Nacional habían escuchado el ruido producido por los veintiún AntMiners que operaban en la mezzanina del edificio y habían procedido a rellenar con su propio arbitrio el vacío legal existente en la materia.

Resulta curioso pensar que tan solo tres días después, en Caracas, a doscientos setenta kilómetros de distancia, en la sede del Ministerio para la Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el entonces Superintendente de Criptoactivos de Venezuela, Carlos Vargas, anunciaba la primera regularización de la actividad en el país: el registro único de mineros.

Si bien pudiera parecer que los funcionarios se habían adelantado a parte de los objetivos de Vargas («nosotros queremos saber quiénes son, queremos saber dónde están, queremos saber qué equipos están utilizando», dijo en aquel entonces el superintendente), la incautación de equipos ya era política pasada, aunque de hecho y no de derecho.

Cabe recordar que esta no era la primera vez que cuerpos policiales o militares venezolanos allanaban a mineros venezolanos, y que durante varios años, el ejercicio de la minería de criptomonedas en el país fue una actividad clandestina y turbia, repleta de extorsiones, secuestros y encarcelamientos acompañados por el silencio indiferente de los altos funcionarios del Estado. El mismo Vargas, poco después del caso que hoy narramos, reconocería la ilegalidad inescrupulosa en que actuaban los cuerpos de inseguridad.

Andrés no fue la excepción. Al recibir la llamada, dice que se encuentra lejos, en la ciudad de Acarigua (en el vecino estado Portuguesa), buscando ganar tiempo ante la situación. Frente a su ausencia, los oficiales procedieron a tomarse fotos, fusiles en mano, como si de panelas de cocaína se tratara, con el material incautado: veintiún AntMiners entre S9 y L3+; dieciocho fuentes de poder marca Bitmain; un TP-LINK; y una mini laptop.

Los diarios locales tergiversaron la información. Dijeron que Andrés había sido detenido bajo cargos de «legitimación de capitales, enriquecimiento ilícito, delitos informáticos, financiamiento al terrorismo, fraude cambiario y daños al sistema eléctrico nacional», cuando él realmente se encontraba en su casa, pensando qué hacer.

Más tarde, recibiría la llamada de rutina. «Me pidieron quince mil dólares en efectivo para no pasar el caso a Fiscalía, pero yo contacté a un militar amigo mío que llamó al jefe de seguridad que estaba dirigiendo el operativo; ya el caso estaba en Fiscalía para cuando me estaban pidiendo el dinero».

Probablemente si Vargas no hubiera reconocido públicamente la ilegalidad de estas acciones, y si el gobierno no hubiera pensado en ese preciso momento que las criptomonedas podían ser una válvula de escape para la asfixiada economía nacional, Andrés no hubiera corrido con la misma suerte. Pero tampoco puede decirse que fue demasiado afortunado.

El proceso con Fiscalía fue manejado a distancia, mediante la intermediación de abogados. A decir verdad, no se tuvo que hacer demasiado: al recibir el caso, Fiscalía lo olvidó en una gaveta; no se le acusó ni se hizo investigación.

El caso fue resuelto por sobreseimiento, es decir, se suspendió por falta de causas que justificasen la acción judicial. Un año y medio demoraron en devolverle todos sus equipos. Sin embargo, al obtenerlos, se dio cuenta de que habían cambiado las tarjetas de las S9 y L3+ por tarjetas quemadas de equipos E3. Tras este episodio, Andrés emigró de Venezuela.

Es difícil saber qué tan vinculado está este desenlace al proceso de regularización iniciado por el Observatorio Blockchain de Venezuela con el registro de mineros. En la actualidad, es la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela, ahora dirigida por Joselit Ramírez (hombre de confianza de Tareck El Aissami), la encargada de regular cualquier tipo de actividad comercial vinculada a criptomonedas en el país.

Con todo, a pesar de los esfuerzos por imponer el uso del petro y de dar a las criptomonedas estatus legal en el país, la existencia de procesos como el registro de mineros no ha evitado nuevos casos de confiscaciones ilegales y de extorsiones, aún con los papeles en regla.