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Los proyectos prefieren hacer el reembolso y pagar una multa, antes que enfrentar a la SEC.
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El problema central que enfrentan las startups se halla en la definición de sus tokens.
Debido a las presiones que ejerce la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) sobre los proyectos de ofertas iniciales de monedas (ICO), muchas empresas están desistiendo de sus emprendimientos y reembolsando el dinero a los inversionistas.
La información fue publicada en la página web de Decrypt este 10 de octubre. Tras una investigación conjunta con Yahoo Finance, supieron que muchas empresas que adelantan proyectos de ofertas iniciales de monedas prefieren hacer el reembolso y pagar una multa, antes que enfrentar a la SEC, pues tienen conocimiento de que las startups citadas por el organismo no saben cómo satisfacer sus demandas y alegan que “se quedan en la oscuridad”, luchando por responder.
La investigación incluye las declaraciones ofrecidas por unos 15 voceros, entre ellos empleados y abogados de varias compañías citadas por la agencia, quienes prefieren permanecer en el anonimato debido a las restricciones de la SEC para discutir el tema. Agrega que durante los últimos meses la SEC ha aumentado significativamente su represión contra ciertas ICO, poniendo en riesgo cientos de emprendimientos con criptomonedas.
Según los datos ofrecidos por los voceros, el problema central que enfrentan los proyectos financiados con ICO es la definición de sus tokens, debiendo elegir entre calificarlos como token de utilidad, de valor, o hacer un acuerdo simple para tokens futuros (SAFT).
La clasificación elegida puede ser fuente de problemas, pues en todos los casos existen riesgos legales. Así, si el proyecto establece que su token es de seguridad, se exige su registro en la SEC junto a una solicitud de exención; pero en caso de que se defina como token de utilidad, el empresario debe estar seguro de poder demostrar que no hay valores subyacentes al token, lo cual lo clasificaría como valor.
Hasta ahora una de las soluciones ha sido calificar los tokens como valor y cumplir con los requisitos legales que ello implica, o usar los SAFT, un acuerdo en el cual se promete a los inversionistas utilizar los recaudos para emitir el token después. De esta forma, se busca cumplir con lo establecido en la Ley de Valores de Estados Unidos.
El dilema lo enfrentan muchos de los abogados que asesoran los proyectos, a cuyas oficinas se envían las citaciones de la SEC, según acota la fuente, las cuales deben responder a las demandas del organismo con una serie de documentos. Aun así, el ente supervisor puede diferir de la clasificación elegida por la startup para el token, provocando el retroceso del proyecto.
Sobre ello, la publicación de Decrypt asegura que por estas razones muchas compañías deciden reembolsar sus ICO antes de intentar una lucha legal, pues temen que sus nombres sean vistos en un comunicado de prensa de la SEC.
Como resultado de este clima regulatorio, se han visto casos de cancelaciones de proyectos ya en marcha, como ocurrió en agosto pasado con la ICO de Indiegogo y MicroVentures, que fue suspendida luego de recaudar $5.2 millones, que fueron devueltos a los inversionistas. Un panorama que se complica cuando el proyecto ya ha lanzado su token, dadas las dificultades para hacer un reembolso.
Las presiones pueden causar avances
A pesar de que las presiones legales que ejercen los organismos reguladores sobre las ICO están causando deserción, muchos actores dentro del ecosistema lo ven como un buen augurio, pues consideran que la claridad regulatoria traerá crecimiento al sector.
Sobre ello, la publicación menciona la opinión de un CEO no identificado de una empresa de tecnología, quien piensa que esta situación puede ser beneficiosa a largo plazo, a pesar de las incomodidades actuales. Se cita además, como buena señal, la coalición conformada por un grupo de empresarios del sector de las criptomonedas, quienes en septiembre pasado acudieron al Capitolio para debatir sobre la puesta en marcha de una regulación que les permita seguir innovando, sin quedar rezagados ante otros países con regulaciones más adecuadas.
No obstante, también se incluyen otras opiniones que consideran que estas exigencias no harán que el organismo cambie las reglas, pues están aplicando a los criptoactivos las mismas leyes y estatutos que se aplican a las acciones y bonos. La SEC, por su parte, insiste en decir que actúa en defensa de los derechos de los inversionistas y que seguirá realizando gestiones para protegerlos de las posibles estafas.
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