Identifican a 15.000 contribuyentes que operan con criptomonedas en España

La Agencia Estatal de Administración Tributaria de España logró identificar a unos 15.000 contribuyentes que operan con criptomonedas en el país ibérico, luego de obtener información sobre las operaciones con criptomonedas de los clientes de bancos, casas de cambio, intermediarios y empresas que permiten facturar con criptoactivos.

La información fue publicada este 19 de noviembre en portal El País y aclara que una vez recibidos todos estos datos,  la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) fue la que se encargó de seleccionar a los 15.000 probables contribuyentes.  

El paso siguiente será estudiar el perfil de las personas identificadas, a fin de evaluar los posibles riesgos de evasión fiscal, además de prevenir actividades de fraude y lavado de dinero. Con este fin, la Onif  elegirá los perfiles que luzcan más sospechosos y se espera que en las próximas semanas las delegaciones territoriales de la Agencia Tributaria reciban los primeros casos e inicien las investigaciones y requerimientos que se consideren oportunos.

La entidad gubernamental explica que los datos sobre esta cantidad de contribuyentes fue obtenida mediante una campaña realizada a principios de este año, en la cual se pidió información sobre las cuentas y operaciones con criptomonedas de los clientes de más de 60 entidades españolas que funcionan tanto dentro como fuera del país. Esto incluyó a 16 grandes bancos, una decena de intermediarios, entidades vinculadas con cajeros automáticos o pasarelas de pago con criptomonedas, y más de 40 empresas. 

Para esa fecha, a las organizaciones se les solicitaron detalles sobre las cuentas bancarias con sede social o sucursal en España, además de las abiertas en el extranjero por casas de cambio y plataformas que operan con criptoactivos. De esta forma obtuvieron datos sobre los titulares, el número e importe de los abonos a las cuentas y las tarjetas vinculadas. Con ello se hizo un rastreo de las transferencias y operaciones vinculadas con criptomonedas.

La Agencia Tributaria agrega que procederá a supervisar a los contribuyentes identificados en la próxima campaña de recaudación fiscal de 2018,  a fin de asegurarse de que declaren las plusvalías obtenidas debido al intercambio y comercialización de los criptoactivos.

Esta declaración se hace en cumplimiento de la normativa vigente, la cual indica que las criptomonedas deben “declararse junto con el resto de los bienes de titularidad de la persona física”, tal como lo indicó la Dirección General de Tributos (DGT) de España a través de una resolución vinculante publicada en octubre pasado, relacionada con la Tributación en el Impuesto sobre el Patrimonio.

De esta forma, la ley española obliga a declarar las tenencias en criptomonedas, imponiendo un gravamen que va desde el 19% al 23% en función de las ganancias. En ese sentido, la Agencia Tributaria asegura que aunque el monto de dinero que el fisco podría obtener por esta vía no es significativo, aspira marcar un precedente a la par de comenzar a controlar este tipo de operaciones que, hasta ahora, no están reguladas en España.  

Nuevas leyes ponen énfasis en las criptomonedas

Estas acciones de la institución fiscal española también se enmarcan en la reciente aprobación, por parte del gobierno, del anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. Allí se establece que las personas y entidades que proporcionen servicios de salvaguarda de claves privadas tienen la obligación de informar sobre los titulares, los saldos, movimientos y las transacciones que se realicen con las criptomonedas que custodien, incluyendo las operaciones en el extranjero.

En caso de omitir información, las personas y las instituciones se exponen al pago de una multa que podría superar los 10.000 euros.  Respecto a este tema, el economista José Antonio Bravo señala el hecho de que el anteproyecto todavía está en el proceso previo a su conversión en proyecto de ley, que incluirá su aprobación por parte del Congreso y el Senado. Luego, el Ministerio de Hacienda deberá realizar el desarrollo reglamentario para hacer efectiva la normativa.

En consecuencia, este proceso de recabación de información relacionada con los contribuyentes que poseen criptomonedas, iniciado por la Agencia Tributaria, podría ser parte de la creación de una base de datos que permitirá hacerles un seguimiento posterior, en función de lo que establece el anteproyecto.  Una tarea compleja, tomando en cuenta que hay que analizar el histórico de transacciones de, por lo menos, 15.000 personas.

Limitantes para la acción

CriptoNoticias consultó la opinión del economista y asesor tributario José Antonio Bravo, quien declaró que los datos que posee la Agencia Tributaria actualmente corresponden a transacciones con criptomonedas realizadas a través de empresas dedicadas a la compraventa de criptomonedas y entidades desde las que se ha transferido dinero a las casas de cambio, y también hacia las cuales se ha transferido dinero fiat, por orden de los usuarios.

En consecuencia, Bravo infiere que el motivo de esta recopilación es buscar las posibles ganancias de capital provenientes del mundo de las criptomonedas. Sin embargo, acota que, de momento, la Agencia no puede detectar directamente los intercambios de criptomonedas dentro de plataformas que no están domiciliadas en territorio español. Aunque sí puede rastrear, mediante requerimientos, el origen de un ingreso que proviene de una casa de cambio.

Desde mi punto de vista, van a ser notificaciones de advertencia para que se regularice la situación en una primera fase, y con posterioridad, si no se da esa declaración voluntaria fuera de plazo, pasará a una fase mucho más inquisitiva en la que se podría iniciar un procedimiento inspector.

José Antonio Bravo

Concluye que la situación cambiará si el anteproyecto de Ley Antifraude acaba convirtiéndose en ley, aunque la Agencia Tributaria solamente tendrá los movimientos facilitados por casas de cambio y emisores de ICO que sean contribuyentes en España, con la limitante de que la mayor parte de estas empresas funcionan fuera del país, y por tanto, fuera de las competencias tributarias.