Gobierno de España podría intervenir WhatsApp o Telegram «si peligra el orden público»

De acuerdo a las disposiciones establecidas en el anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones de España, el gobierno tendría potestad para intervenir y controlar WhatsApp, Telegram, Messenger o cualquier otra aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes. Esto, según el gobierno, en caso de riesgos o problemas graves de seguridad pública o nacional.

Se prevé así que el Estado asuma la gestión directa o la intervención de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, con carácter excepcional y transitorio, en momentos de gran emergencia. La idea es que el gobierno maneje estas infraestructuras para «preservar o restablecer el orden público», cuando sea necesario y en situaciones puntuales.

Estas, y otras novedades respecto al manejo de estas aplicaciones de mensajería por parte del Estado, se incluyen en el citado anteproyecto de ley. Forman parte de las disposiciones para regular, por primera vez en España, los servicios de comunicación basados en mensajería instantánea que no dependen de una línea telefónica convencional.

Se agrega en el anteproyecto que las decisiones para manejar estas redes de mensajería en casos de emergencia, las podrá adoptar el gobierno por propia iniciativa o a instancia de una administración pública competente. En este último caso, será preciso que la administración pública tenga competencias en materia de seguridad o para la prestación de servicios públicos. Se estima que la decisión derive de un informe preceptivo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

Sobre los detalles de la propuesta de ley, actualmente en período de consulta pública, el Secretario de Estado de Telecomunicaciones Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, ofreció declaraciones a los medios de comunicación.

Sánchez señaló que los operadores de estos servicios de mensajería ahora encajan en el concepto de proveedores, en función de una ampliación de la definición del término. Regularán bajo este concepto los servicios de WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook Messenger, Hangouts de Google y similares. Asimismo, se incluirían servicios de videollamadas como Skype, Google Duo y Zoom.

La nueva normativa también regulará el servicio de comunicaciones de emergencias sobre el que se apoya el número 112. Contempla la posibilidad de usar los datos de localización del que realiza la llamada, así como la posibilidad de implementar un sistema de alertas públicas.

Polémica en España por posible violación a la privacidad

La difusión de la información vinculada a la posibilidad de intervención de las redes de mensajería instantánea, ha generado una polémica en las redes sociales de España.

En ese sentido, varios usuarios de Twitter han estado debatiendo y manifestando temor ante la idea de que el gobierno intervenga las cuentas personales de estas aplicaciones y con ello vulnere su privacidad. Aunque algunos lo ven como una medida adecuada para emergencias.

En relación a este debate, un medio de comunicación español dedicado al fact checking de noticias califica el supuesto de la intervención de las cuentas personales como un bulo. Ello, considerando que la posible intervención de estas plataformas sería eventual, transitoria, y solo «para enviar comunicaciones a los usuarios en caso de grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso».

¿Qué supondría esto? Que en casos concretos, el gobierno podría acudir a las plataformas de mensajería para que emitiesen una comunicación a las personas que utilizasen estos servicios. Esto es algo que pueden hacer las operadoras y que se contempla en la Directiva 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.

Maldita Tecnología.

La publicación aclara que este tipo de acciones se hace con las operadoras tradicionales de telecomunicaciones y están contempladas en la Directiva 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo. De ahí que el plan sea transponer el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas al ordenamiento jurídico español.

«Pero lo que no supondría es que el gobierno pudiera mandarte cualquier clase de mensajes a través de WhatsApp ni que pudiera hacerse con el servicio para hacer que envíes determinados mensajes», acota el medio.

Afirma igualmente que la nueva normativa no capacita al Estado para «acceder a nuestro móvil y enviar mensajes». «El contenido de WhatsApp está cifrado, según explica la compañía, por lo que ni el gobierno ni un actor externo puede acceder al contenido de tus mensajes».

No obstante, muchos de los servicios que se incluyen en la lista de regulados, y que podrían ser usados por el gobierno español para enviar información de emergencia, han sido denunciados en varias oportunidades por deficiencias en materia de privacidad y seguridad.

En torno a este tema, CriptoNoticias ha publicado varios artículos. Específicamente sobre Zoom circularon informaciones que hablan de problemas de seguridad, fallas en la protección de la privacidad de los usuarios y bugs no corregidos. Por ello se resalta la necesidad de aplicar higiene digital.

Servicios de mensajería deberán pagar tasa anual

Según se informa en una nota de prensa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España, el anteproyecto prevé que estos proveedores de servicios de mensajería instantánea se inscriban en el Registro de Operadores. También deberán cumplir la obligación de aplicar medidas de seguridad, «de acuerdo con los riesgos propios de su naturaleza diferenciada respecto a los servicios tradicionales».

Todos los «nuevos operadores» se verán obligados a pagar una tasa anual si su facturación supera un umbral mínimo. Este impuesto, ya incluido en la actual Ley de Telecomunicaciones de 2014, solo era aplicable a las operadoras de telefonía, como Vodafone, Telefónica u otros.

El anteproyecto de ley está disponible para su revisión en la página web del Ministerio. Hasta el próximo 13 de octubre podrán realizarse aportes y comentarios sobre su contenido. Su aprobación definitiva se estima para mediados de 2021 o el tercer trimestre de ese año.