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Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania concentran el 90% de las solicitudes.
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El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional son las agencias más recurrentes de EE. UU.
El exchange de bitcoin y criptomonedas, Coinbase, difundió un reporte en el que se dio a conocer que facilitó datos de sus usuarios a autoridades policiales o regulatorias de al menos 34 países. La casa de cambio informó que durante el primer semestre del 2020 atendió 1.914 solicitudes de información sobre sus operadores.
La empresa estadounidense de intercambios reveló que el 96% de las peticiones estaban relacionadas con investigaciones penales o criminales, mientras que el otro 4% estaba vinculado a averiguaciones de índole civil o administrativas. En el informe se detalló que el 90% de solicitudes provino de Estados Unidos (1.113), el Reino Unido (441) y Alemania (176).
«Estas solicitudes vienen en gran parte en forma de citaciones, pero también pueden incluir órdenes de registro, órdenes judiciales y otros procesos formales. Cuando estas solicitudes son válidas, según los reglamentos financieros y otras leyes aplicables, Coinbase tiene la obligación de responder», destacó el exchange en su sitio web.
Coinbase está de acuerdo en contribuir para detectar y prevenir actividades prohibidas en su plataforma. También aseguró que respeta la posición de las autoridades gubernamentales en hallar a los «malos actores» que pudiesen abusar de otros usuarios o de su sistema.
A pesar de sus acciones y del planteamiento anterior, la compañía mantiene lo que podría interpretarse como un doble discurso. Por un lado, facilita información de sus usuarios con terceras partes que así lo requieran, pero por el otro afirma que está en posición de rechazar las peticiones cuando lo consideren oportuno. Sobre este punto se resaltó:
«No dudaremos en rechazar cuando sea apropiado, incluso cuando sea inconveniente o costoso hacerlo. Por ello, cada solicitud que recibimos es atendida por un equipo de especialistas experimentados de acuerdo con los procedimientos establecidos para confirmar la validez de la solicitud y restringir u objetar las solicitudes demasiado amplias», destacó en el reporte, Paul Grewal, director jurídico de Coinbase.
No queda claro qué tipo de información comparte Coinbase con las autoridades policiales, pero podrían incluir: datos personales, operaciones realizadas, criptomonedas utilizadas y montos negociados. El exchange indicó que tiene restricciones para revelar algunas de las solicitudes, lo que significaría que las cifras difundidas correspondientes al primer semestre son mayores.
Fiscalización de bitcoiners en Estados Unidos
El 58% del total de las solicitudes fueron emitidas por agencias de los Estados Unidos, lo que habla de la fiscalización que adelantan distintas organizaciones gubernamentales. Entre estas se encuentran las siguientes: Oficina Federal de Investigación (FBI), la oficina de averiguaciones del Departamento de Seguridad Nacional, la agencia para la Administración y el Control de Drogas (DEA) y autoridades estatales o municipales.
Un dato que llama la atención es que las oficinas más relacionadas con títulos valores o acciones como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) o la Comisión de Comercio de Futuros sobre Mercancías (CFTC) no recurren en gran medida a Coinbase. Entre ambas instituciones solo contabilizaron un 3% de las solicitudes de información.
Así como Estados Unidos lidera las peticiones de datos de los usuarios en Coinbase, hay que mencionar que solo otros dos países de América fueron mencionados en el reporte. Canadá muestra tres requerimientos y Brasil dos. En el caso de España, el país contabiliza 12 solicitudes.
Hay que puntualizar que Coinbase acuerda liberar este tipo de datos debido a que se trata de una entidad regulada en los Estados Unidos. La empresa debe cumplir lineamientos cuando se trata de investigaciones relacionadas con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, por ejemplo.
El manejo de datos de Coinbase sobre sus usuarios ha generado en el pasado reacciones en diversas organizaciones. CriptoNoticias informó en septiembre que la organización no gubernamental enfocada en proteger libertades civiles en Estados Unidos, la Electronic Frontier Foundation (EFF), consideró que el exchange no es lo suficientemente transparente con el uso de dato de sus clientes.
Además, en junio se levantó un polvorín de críticas entre sus usuarios, ya que ofertó a la DEA y al Servicio de Impuestos Internos (IRS) su plataforma para el análisis de blockchains.
