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El organismo regulador llama la atención sobre los volúmenes crecientes de Tether (USDT)
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La minería de bitcoin podría aumentar por la electricidad barata
El último informe sobre estabilidad financiera mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicado este martes 19 de abril, advirtió que bitcoin y otras criptomonedas están siendo usadas como un mecanismo de evasión a las sanciones impuestas a Rusia, después de la profundización del conflicto con Ucrania.
La guerra en Ucrania, afirma el reporte, ha puesto de relieve algunos de los retos a los que se enfrentan los reguladores en cuanto a la aplicación de sanciones y medidas de gestión de flujos de capital. Por ejemplo, la implementación de esos controles requiere que los intermediarios verifiquen las identidades de las partes que realizan la transacción. Sin embargo, el uso de criptomonedas podría permitir a los usuarios eludir dichos requisitos a través de varios medios.
Uno de ellos es el uso de exchanges y otros proveedores de criptomonedas que no cumplen con las normativas de los reguladores. También interviene la implementación deficiente de procedimientos de due dilligence, por parte de los proveedores de criptomonedas. Finalmente, el uso de tecnologías y plataformas que aumentan el anonimato de las transacciones, como mixers o mezcladores, intercambios descentralizados y monedas orientadas a la privacidad, obstaculiza la identificación de quienes realizan un determinado intercambio, sostiene el informe.
«Los reguladores en Estados Unidos y el Reino Unido, entre otros, han instado a las empresas en sus jurisdicciones, incluido el sector de los criptoactivos, a aumentar la vigilancia con respecto a los posibles intentos de evasión de sanciones rusas», señala el reporte. En este sentido, se puede esperar que las empresas se pongan más estrictas a la hora de pedir KYC a los clientes, disminuyendo así la privacidad.
Riesgos inherentes a las criptomonedas, según el FMI
Los volúmenes de negociación de las criptomonedas frente al de otras divisas de mercados emergentes han aumentado notablemente desde el comienzo de la pandemia, destaca el FMI.
Con el tiempo, los países sancionados también podrían asignar más recursos para evadir sanciones a través de la minería de bitcoin, enfatiza el reporte. Esta podría permitir a los países monetizar los recursos energéticos, algunos de los cuales no pueden exportarse debido a las sanciones, sostiene el regulador. En este sentido, el Ministerio de Economía de Rusia, poco antes del inicio del conflicto, se había mostrado favorable a permitir la minería de bitcoin en regiones de ese país donde hay un excedente de energía eléctrica, según reportamos en este medio.
«La monetización ocurre directamente en blockchains y fuera del sistema financiero donde se implementan las sanciones. Los mineros también pueden obtener ingresos directamente de los usuarios que pagan tarifas de transacciones mineros (que en este caso podrían ser gobiernos sancionados)», señala el reporte.
En este punto, el FMI reconoce que la participación de la minería en los países bajo sanciones y el tamaño total de los ingresos mineros sugiere «que la magnitud de tales flujos es relativamente contenida, aunque los riesgos para la integridad financiera permanecen». Esto no impide que haya iniciativas para el aumento de la cantidad de mineros en las regiones en las que abunda electricidad de bajo costo.
El promedio mensual del ingreso de todos los mineros de bitcoin el año pasado, fue de alrededor de $ 1,4 mil millones. Los mineros rusos podrían haber capturado cerca del 11% de ese total y 3% los mineros iraníes, aproximadamente unos 196 millones de dólares.
Aunque el FMI reconoce la adopción creciente de bitcoin en los mercados emergentes, este organismo sigue manteniendo su rechazo a que El Salvador le haya otorgado el estatus de moneda de curso legal, tal como lo reportó CriptoNoticias. Para este organismo financiero el hecho de que bitcoin sea ahora una moneda legal en el Salvador «implica graves riesgos para la integridad financiera y del mercado, la estabilidad financiera y la protección del consumidor».
