Regulación de criptomonedas del GAFI sigue siendo «defectuosa», según Coin Center

Coin Center, un centro de investigación enfocado en políticas públicas sobre las criptomonedas, cree que la guía para regular el sector aun es «defectuosa». La institución analizó la actualización recién presentada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y sus recomendaciones para controlar el uso de activos virtuales.

El análisis publicado por los investigadores en su sitio web señala que en la nueva versión de la guía del GAFI persiste el «enfoque expansivo». Con esto se refieren a que el lenguaje usado en el documento es excesivamente amplio y vago, lo que dificultaría a los legisladores de los países miembros fijar límites claros para la regulación de las criptomonedas.

Como ha reportado CriptoNoticias, el GAFI publicó en junio 2019 su primer borrador de la guía dirigida a fijar lineamientos internacionales estandarizados para regular el sector de las criptomonedas. La actualización del documento, que se esperaba inicialmente para el mes de junio de este año 2021, se retrasó 4 meses debido al elevado volumen de respuestas que recibió el organismo, en la consulta pública que abrió sobre el tema.

En el documento enviado al GAFI en el marco de la consulta, Coin Center advirtió que varias de las definiciones de la guía podrían «tener graves implicaciones para los derechos humanos». Asimismo, señaló que dicha versión del documento sería incompatible con los estándares de justicia, que exigen la ausencia de «zonas grises» o «casos difíciles».

Lo bueno

La actualización de la guía parece haber recogido algunas de los planteamientos presentados por Coin Center, según reconocen los propios investigadores. En especial, en lo que se refiere a la concreción sobre «quién es y quién no es un ‘proveedor de servicios de activos virtuales’ (VASP)», obligado a vigilar a sus clientes.

Al describir quién puede calificar como VASP y, por lo tanto, debe vigilar a sus clientes, la nueva guía elimina todas las referencias a personas que simplemente ‘facilitan’ o ‘gobiernan’ las transferencias y, en su lugar, se centra, como preguntamos, en personas con ‘control de los VA (Activos virtuales).’ Hemos trabajado desde 2014 para lograr que los reguladores se centren en la categoría de ‘control’, de fácil comprensión y razonablemente agrupada, en lugar de términos vagos (como ‘facilitar’) que no tienen un significado claro en la tecnología. Nos complace que el GAFI, como antes FinCEN y la ULC, ahora también hayan aceptado esta sutil pero importante aclaración de quién está y quién no está incluido en la esfera regulatoria.

Coin Center.

Adicionalmente, los investigadores encontraron otros puntos positivos en la guía, como excluir de las obligaciones de vigilancia a los proveedores de infraestructura auxiliar y a quienes renuncian al control de una red después de lanzarla. También deja claro que la polémica «regla de viaje» no aplicaría a transacciones entre un VASP o exchange de criptomonedas y una «cartera no alojada», ni a las comisiones pagadas a los mineros y validadores.

Lo malo

Pero los cambios son insuficientes. El GAFI aún no deja claro que las transacciones de criptomonedas entre dos partes no reguladas se parecen «más a una transacción en efectivo y deben tratarse en consecuencia», dice Coin Center. Esta imprecisión podría dejar abierta la posibilidad de que los proveedores de servicios de criptomonedas deban reportar información de personas que no son sus clientes, para lo cual no tienen la capacidad ni el derecho.

Los investigadores afirman que en la guía persisten declaraciones vagas e inconsistentes, como por ejemplo que se pueda considerar un «proveedor de servicios de activos virtuales» a quien «facilita activamente» una transferencia. «Todavía no sabemos qué se pretende con ‘facilita activamente'», se lee en el documento de Coin Center.

Entre otros aspectos negativos señalan la excesiva amplitud en el abordaje de las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi). De igual forma, califican de «vaga y confusa» las expresiones sobre control de tokens de gobernanza, y sobre las obligaciones de quienes lancen «herramientas automatizadas», incluso antes de que éstas entren en funcionamiento.

El análisis concluye que el GAFI mantiene un lenguaje expansivo y que «sería inapropiado que algo como estos estándares confusos y no específicos reemplazaran las leyes y regulaciones actuales». Puntualiza además que las recomendaciones del organismo no son vinculantes y que esperan que los legisladores de los diferentes países miembros «ignoren los aspectos inciertos de la guía».