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La interconexión entre plataformas de criptomonedas y entidades financieras pudiera potenciarse.
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De acuerdo con Oliveros, la flexibilización de sanciones hará que la brecha cambiaria disminuya.
La reciente decisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de emitir la Licencia General No. 57 marca un punto de inflexión para el sistema financiero venezolano. Esta medida autoriza operaciones de servicios financieros con el Banco Central de Venezuela (BCV) y diversas entidades bancarias del sector público, lo que, según especialistas, podría derivar en una mayor interconexión entre las plataformas de criptomonedas y la banca tradicional.
El economista y consultor empresarial Asdrúbal Oliveros señaló este miércoles 15 de abril, en una entrevista, que esta suavización de las sanciones financieras tiene el potencial de transformar la dinámica económica diaria, democratizando el acceso a divisas y dotando de mayor fluidez a los ahorros que millones de ciudadanos mantienen en monedas digitales.
En Venezuela, el uso de monedas digitales, especialmente stablecoins, se ha convertido en una herramienta de supervivencia financiera. Sin embargo, la desconexión con el sistema bancario formal representaba una barrera para la liquidación de estos fondos. Oliveros destacó que la flexibilización facilitará «mecanismos de apertura entre el universo cripto y la banca, con dólares y transferencias».
La integración entre ambos ecosistemas permitiría que los usuarios conviertan sus activos digitales en saldos bancarios tradicionales con menores trabas operativas. Esto beneficiaría no solo a individuos, sino también a pequeñas y medianas empresas (pymes) y emprendedores que hasta ahora operaban en un entorno de alta restricción.
El analista también explicó que la medida permite ampliar el espectro de actores que participan en el mercado cambiario:
Puede ampliar la cantidad de empresas, sectores y personas que pueden acceder a divisas; con este mecanismo, mayor número de bancos pueden participar, ya no solamente a través de tarjetas prepagadas —donde existe hoy un universo bastante restringido—, sino que también se podrán realizar transferencias, que incluso pueden ser transferencias al exterior.
Asdrúbal Oliveros, economista.

Se reducirá la brecha cambiaria
Además de la conectividad con el mundo de las criptomonedas, el economista prevé una mejora en la disponibilidad de efectivo y una reducción en la brecha cambiaria. El acceso a divisas en físico es una demanda constante del ciudadano común, ya que, en palabras del analista, «manejar estas tarjetas prepagadas para pagar, sobre todo dentro de Venezuela, tiene sus complicaciones».
Como lo ve, la normalización de las relaciones financieras internacionales del BCV y la banca pública facilita que los dólares y los activos digitales fluyan con mayor libertad hacia la economía real.
La perspectiva a futuro sugiere que, de mantenerse esta tendencia de suavización, el sistema financiero venezolano podría experimentar una modernización acelerada. Al eliminarse las barreras que impedían «liquidar» fondos provenientes de plataformas digitales hacia cuentas bancarias, se reduce la ineficiencia operativa y los costos de transacción.
Oliveros concluyó que la cantidad de posibilidades que abre esta flexibilización «es muy amplia» y redunda en una mejora directa en la calidad de vida de la gente, al integrar soluciones tecnológicas de activos digitales con la estructura bancaria formal.
CriptoNoticias reportó más temprano que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió la Licencia General No. 57, una medida que autoriza transacciones de servicios financieros con el BCV y otras tres entidades bancarias del sector público, como el Banco de Venezuela, Banco del Tesoro y Banco Digital de los Trabajadores.
Tras conocerse esa noticia, la cotización de USDT en Venezuela cayó de los 639 bolívares a un promedio de 622 bolívares en cuestión de minutos.
La licencia, que entró en vigor el 14 de abril, solo flexibiliza las sanciones contra el sector bancario público de Venezuela, ya que ni el BCV ni otros bancos públicos tienen libertad de transar con quien quieran, sino con entidades permitidas por EE. UU.








