Comisión Europea contempla impuesto comunitario a las criptomonedas

La Comisión Europea estudia la posibilidad de crear un impuesto común sobre los criptoactivos en toda la Unión Europea (UE).

Así se desprende de un documento interno filtrado y revelado por Politico este 29 de mayo de 2026. El escrito se conoció en la previa de las próximas discusiones sobre el presupuesto comunitario de largo plazo.

El texto ofrece por primera vez detalles concretos sobre cómo Bruselas evalúa gravar el sector como una nueva fuente de financiación para el presupuesto europeo. Entre las opciones analizadas aparecen un impuesto sobre las transacciones con criptoactivos, algo que actualmente no se hace en ningún país de la Unión Europea, y otro impuesto sobre las ganancias de capital obtenidas por los inversionistas.

De acuerdo con el documento, la alternativa que más ingresos generaría sería un impuesto sobre las operaciones realizadas con criptomonedas.

«Para un impuesto sobre transacciones con criptoactivos, la estimación para 2025 (…) generaría aproximadamente entre 3.000 y 4.000 millones de euros en ingresos anuales para el presupuesto de la UE», señala la Comisión Europea.

La propuesta toma como referencia una tasa del 0,1% sobre el valor de cada operación y contempla a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) como posibles puntos de recaudación y reporte.

Para el caso de un impuesto sobre ganancias de capital, el potencial recaudatorio sería menor. La Comisión estima que esta alternativa podría generar entre 1.000 y 2.400 millones de euros anuales para los Estados miembros, dependiendo de las condiciones de mercado.

Las stablecoins quedarían fuera

Uno de los aspectos más llamativos del documento es que las stablecoins utilizadas como medio de pago quedarían excluidas de un eventual impuesto sobre transacciones.

El documento señala que la tributación sobre ganancias de capital normalmente tampoco se aplicaría a las stablecoins, debido a su naturaleza y estabilidad de precio.

Pese a las proyecciones de ingresos, la Comisión Europea dedica buena parte del documento a explicar los obstáculos que enfrenta una iniciativa de este tipo.

Uno de ellos es la falta de datos fiables. «El mercado de criptomonedas sigue siendo imposible de cuantificar de manera fiable entre los distintos Estados miembros de la UE», admite el texto.

La Comisión también reconoce «el potencial de ingresos de ambas opciones probablemente será volátil», al tiempo que advierte sobre fuertes oscilaciones tanto en los precios como en los volúmenes negociados.

Otro desafío importante es el comportamiento de los propios usuarios. «El potencial de ingresos se vería afectado por el riesgo de desplazamiento de la actividad hacia jurisdicciones no pertenecientes a la UE», advierte la Comisión.

El documento añade que operaciones económicamente equivalentes podrían realizarse fuera de exchanges centralizados, directamente en protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi), los cuales actualmente quedan fuera de parte de los mecanismos de reporte contemplados por MiCA y DAC8, tal como lo ha explicado CriptoNoticias.

Asimismo, la Comisión reconoce que «los usuarios podrían verse incentivados a mantener sus criptoactivos independientemente en billeteras digitales de autocustodia, que son más difíciles de rastrear».

Será difícil que el impuesto prospere

La abogada especializada en regulación financiera y activos digitales, Cris Carrascosa, considera que el documento es relevante porque representa la primera evidencia concreta de cómo Bruselas está evaluando gravar el sector.

«Es la primera vez que vemos detalles concretos sobre cómo la UE está pensando en gravar los criptoactivos», señaló.

No obstante, recordó que todavía no existe una propuesta legislativa formal y que la iniciativa enfrenta desafíos políticos, técnicos y regulatorios importantes.

Entre ellos mencionó la necesidad de unanimidad entre todos los Estados miembros, la creación de una base imponible armonizada para toda la Unión Europea y la posibilidad de que parte de la actividad termine migrando hacia DeFi o sistemas de autocustodia.

Una visión similar expresó Patrick Hansen, director de estrategia y política de la empresa de stablecoin Circle para la Unión Europea. «Los desafíos políticos, legales y operativos sustantivos delineados en el documento me hacen esperar que la tributación cripto a nivel de la UE no se convierta en una prioridad de política a corto plazo», afirmó.

Hansen también cuestionó las estimaciones de recaudación realizadas por Bruselas debido a los cambios de comportamiento que podría provocar un nuevo impuesto.

«Cualquier impuesto cripto basado en transacciones probablemente aceleraría la migración hacia canales no gravados (por ejemplo, DeFi, autocustodia o actores fuera de la UE)», sostuvo.

Según el especialista, una parte relevante de la actividad podría desplazarse hacia alternativas que quedarían fuera del alcance del sistema tributario europeo, reduciendo significativamente el potencial de ingresos proyectado por la Comisión.

Todavía no existe una propuesta formal

Por ahora, la iniciativa se encuentra en una fase muy preliminar. El documento filtrado no constituye una propuesta legislativa y cualquier avance requeriría superar importantes obstáculos políticos y jurídicos.

Además tampoco aclara cómo se distribuiría la recaudación. Sin embargo, al tratarse de un posible «recurso propio» de la Unión Europea, el objetivo sería financiar el presupuesto comunitario. Aún no está definido si los Estados miembros actuarían únicamente como recaudadores de una contribución europea o si el nuevo esquema conviviría con los actuales impuestos nacionales sobre criptoactivos.

Entre ellos figura la necesidad de armonizar previamente la base imponible en toda la Unión Europea y obtener la aprobación unánime de los Estados miembros, un requisito que históricamente ha dificultado la creación de nuevos impuestos a escala comunitaria.

Por ese motivo, aunque el documento muestra que Bruselas ya analiza mecanismos concretos para gravar los criptoactivos, todavía no existe certeza de que alguna de estas alternativas llegue a convertirse en ley.