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Alegan que ese registro trae “distorsiones e ineficiencias” al mercado de criptomonedas.
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Afirman que sería mejor desestimar esa ley y limitar su alcance al lavado de activos.
Este miércoles, la ONG Bitcoin Argentina emitió un comunicado en contra del proyecto de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para crear un registro de proveedores de servicios de activos digitales (PSAV). La ONG argumenta que este registro introduce “distorsiones e ineficiencias” en el mercado.
Según la ONG, el registro plantea “grandes riesgos”. Como que la nueva regulación podría generar obstáculos en un sector que actualmente opera sin problemas.
“El presente, no es un mercado futuro, inexistente, incierto o nuevo, ni en crisis o emergencia, sino uno existente que funciona bien”, se aclara, “mientras que las nuevas normas beneficiarán a algunos jugadores del ecosistema, reduce la aparición de otros y no evitará la aparición de futuras estafas”, añadieron.
“Esto presenta un riesgo para la misma CNV y para los usuarios, pues no sólo resulta ineficiente para aportar mayores herramientas de seguridad a estos últimos, sino que incluso creará en los mismos una falsa sensación de seguridad y supervisión por el sello de la CNV, en un mercado que es eminentemente riesgoso, asimétrico, global e inabarcable”, se indica en el comunicado.
Además, la ONG sostiene que sería más adecuado “desestimar esa ley y limitar su alcance al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”.
Ricardo Mihura, presidente de la ONG Bitcoin Argentina, subraya que el país está “en una oportunidad única para apostar a la desregulación, a mantener la libertad que tan buenos resultados ha dado hasta ahora para el crecimiento de un ecosistema sano y que es modelo para el resto del mundo”.
Mihura añade: “No podemos entender cómo la CNV opta en el campo de los servicios a bitcoin y criptoactivos por salirse de la impronta desregulatoria del gobierno para proponer una ineficiente carga reglamentarista que tiene por consecuencia inmediata expulsar o arrastrar a la ilegalidad a las pequeñas empresas y cuentapropistas del sector, y también dificultar, y sumar riesgos y costos regulatorios al nacimiento de nuevos proyectos”.
Por su parte, Rodrigo Andragnes, fundador de la ONG, cree que “es aconsejable tomarse los tiempos técnicos necesarios para analizar si una regulación de los PSAV realmente aporta valor a la comunidad”.
Un punto clave que destaca la propuesta es que las plataformas de intercambio de criptomonedas operan globalmente, y es poco creíble que la CNV pueda asegurar a los usuarios argentinos que las operaciones y los criptoactivos negociados en estas plataformas serán supervisados, incluyendo la honestidad de los proyectos, de acuerdo con la organización bitcoiner.
En Argentina ya se creó el registro de exchanges y plataformas de criptomonedas, impulsado por la CNV. Esto fue aprobado por el Congreso en marzo de este año, como reportó CriptoNoticias.
Este registro busca cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que recientemente elogió a Argentina por sus esfuerzos en este ámbito.
Sin embargo, la implementación de este registro ha generado críticas dentro de la comunidad de criptomonedas, llegando incluso a cuestionar la posición del presidente Javier Milei por permitir tal regulación, considerándola un retroceso para la libertad financiera que la comunidad defiende.
