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La compañía cuestionó los operativos en Carabobo para confiscar mineros de Bitcoin.
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La empresa resalta que la incautación de mineros no debe ser al margen de la Constitución.
La empresa Crypto Tools, C.A, que se dedicó a la minería de Bitcoin en Venezuela, emitió un análisis jurídico y técnico en el que cuestionó la legalidad de los operativos de confiscación de equipos y la prohibición absoluta de la actividad dictada por el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE).
Según la firma, toda actuación del Estado debe ajustarse al debido proceso, recordando que el marco normativo que regula las criptomonedas y sus actividades conexas en Venezuela no ha sido formalmente derogado.
La controversia surgió luego de que el MPPEE anunciara la prohibición de la minería de Bitcoin en todo el territorio nacional para estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Esta medida coincide con un pico histórico en la demanda energética del país, que alcanzó los 15.579 megavatios, como informó CriptoNoticias.
En este contexto, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, implementó una política de incentivos económicos, ofreciendo recompensas de 1.000 dólares a ciudadanos que denuncien centros de minería, lo que resultó en el desmantelamiento de instalaciones en el municipio San Diego y la incautación de equipos modelo Antminer S9.
Ante estas acciones, Crypto Tools argumentó en un comunicado publicado el 11 de mayo en Instagram que el Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos, publicado en la Gaceta Oficial N.º 41.575 en el año 2019, permanece vigente.
La empresa sostiene que la reestructuración de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) desde el 2023 genera un «escenario de vacío operativo o incertidumbre administrativa, mas no necesariamente una derogación expresa del marco normativo existente».
En consecuencia, resaltaron que la actividad minera no es ilegal por definición bajo el ordenamiento jurídico venezolano.
La compañía enfatizó que el respeto a la propiedad privada y a las garantías legales es fundamental para el ejercicio de cualquier política pública.
«Bajo principios constitucionales como la libertad económica, el derecho a la propiedad privada, el debido proceso y la seguridad jurídica, toda actuación administrativa o penal debe realizarse respetando estrictamente los procedimientos establecidos por la ley», manifestó Crypto Tools en su comunicado.
Además, advirtieron que «ningún procedimiento de incautación, fiscalización o sanción puede ejecutarse al margen de las garantías constitucionales».
Desde una perspectiva técnica, la empresa sugirió que la administración estatal debe diferenciar entre el origen de la energía utilizada por los mineros de Bitcoin.
El planteamiento de la firma se basa en distinguir entre «operaciones conectadas directamente al sistema eléctrico público y aquellas que puedan funcionar mediante esquemas energéticos independientes o alternativos, tales como plantas privadas, sistemas solares, hidroeléctricos u otras fuentes autónomas de generación eléctrica».
Esta distinción, dijeron desde la compañía, permitiría el desarrollo de la industria tecnológica sin comprometer la estabilidad del sistema público.
Un punto crítico mencionado por la firma es la responsabilidad de los funcionarios que ejecutan estas medidas. Crypto Tools citó el artículo 49 del Decreto Constituyente, el cual estipula sanciones penales para las autoridades que actúen sin fundamento.
La norma establece que «el funcionario público o funcionaria pública, que obstaculice o detenga sin causa justificada por la autoridad competente la materialización de operaciones relacionadas con criptoactivos, será sancionado con prisión de tres a cinco años».
La situación actual en Venezuela plantea un dilema jurídico sobre la minería digital y la infraestructura tecnológica en el país. Mientras el gobierno justifica las medidas de fuerza como una emergencia necesaria para proteger el servicio eléctrico que afecta a gran parte de la población, los actores del ecosistema denuncian que se está castigando la innovación tecnológica.
Crypto Tools concluyó que «el desarrollo tecnológico y la protección del sistema eléctrico nacional pueden coexistir mediante regulación clara, responsabilidad empresarial y respeto al Estado de Derecho», instando a una salida que preserve la seguridad jurídica en la nación.
