-
Las licencias son temporales y exigen reportar cada pago transfronterizo al Estado.
-
Para Kike, el Estado quiere usar al sector privado para captar dólares ante la crisis.
«Lo que están tratando de hacer es monopolizar el mercado de las criptomonedas en Cuba. No les gusta que el dinero se mueva sin pedirles permiso y sin pasar por el Banco Central». Quien habla es Kike, un referente de la comunidad local, y sus palabras destilan una desconfianza que se ha vuelto el sentimiento común entre los usuarios de bitcoin (BTC) y otros activos digitales en la isla.
Kike sabe que hablar tiene un precio. Por eso, en esta conversación exclusiva con CriptoNoticias, su identidad permanece protegida. En un entorno donde la crítica económica hacia las políticas estatales suele interpretarse como un agravio político, el anonimato es su única garantía contra posibles represalias legales o administrativas. Su testimonio es también una ventana a la tensión que vive un país donde el código digital intenta sobrevivir a la planificación centralizada.
El detonante de su alerta es la Resolución 4/2026 del Banco Central de Cuba (BCC). Publicada el pasado 23 de marzo, la norma autoriza a diez empresas, nueve MIPYMES y una firma mixta, a utilizar criptomonedas exclusivamente para pagos transfronterizos.
Nombres como Ingenius Tecnologías, Dofleini y la empresa de productos sanitarios PROSA ahora tienen el aval estatal para operar en este terreno, pero bajo condiciones estrictas: reportes obligatorios y una vigencia de apenas un año, como fue reportado por CriptoNoticias.
Para Kike, esta apertura está lejos de ser un gesto de modernidad, más bien es una respuesta a la asfixia. Con una escasez crónica de divisas y el cerco de las sanciones de Estados Unidos, el gobierno, desde la perspectiva de Kike, decide recurrir al sector privado para captar el flujo de capitales que hoy circula de forma invisible.
Están desesperados y cada vez que están con el agua al cuello lo que hacen es mirar hacia el sector privado, el mismo del que reniegan por sus ideas socialistas y comunistas, pero igual ellos tratan de abrir hacia el sector privado para que los salve.
Kike.
¿Apertura o captura?
Ellos, el Estado, hace el desastre, utilizan el dinero como les da la gana. Controlan todos los mercados en Cuba, luego nada sirve, no hay nada, no hay oferta de nada y entonces culpan a Estados Unidos, culpan al embargo que no es tan así, como ellos lo pintan. Y ahora le están pidiendo al sector privado que invierta acá en Cuba. Le están pidiendo ayuda a los cubanos que huyeron de aquí, del régimen, de la dictadura y ahora les están pidiendo que inviertan en Cuba, eso no es lógico.
Kike.
«Ellos [el Estado] no aparecen directamente; utilizan a las empresas privadas como intermediarias», explica. Es, en esencia, un intento de formalizar lo que hasta ayer era un circuito informal de supervivencia nacido de la parálisis bancaria.
La preocupación técnica de Kike es sencilla, pero profunda. Al obligar a las empresas a operar mediante proveedores con licencia, el anonimato, el atractivo que muchos defienden de bitcoin y otros activos digitales, se desvanece. Mientras que las stablecoins como USDT de Tether permiten el congelamiento de fondos a petición de las autoridades. En este escenario Kike defiende la neutralidad de Bitcoin: «Nadie te puede congelar las direcciones».
Sin embargo, el nuevo marco legal exige «poner ojos» a cada transacción. «Para mí esto es una trampa para controlar el dinero», sentencia. Advierte que el riesgo de confiscaciones o tasas de cambio obligatorias es latente cuando el Estado se convierte en el auditor de los monederos digitales de ciudadanos, emprendedores y empresarios.
Mientras los medios oficiales presentan la medida como un paso regulado para facilitar el comercio internacional, el silencio sobre los mecanismos exactos de reporte y la privacidad de los usuarios alimenta las dudas.
La Resolución 4/2026 entra en vigor esta semana. Mientras tanto, según Kike, el experimento del gobierno cubano por domesticar a los activos digitales apenas comienza. No obstante, el choque entre la libertad del código y el control del Estado ya es una realidad en las calles de La Habana.
