“Los bitcoin incautados por Argentina deben pasar a un depositario confiable”

La dinámica de las criptomonedas en Argentina está asimilando un nuevo choque, que es la decisión del gobierno de Javier Milei de imponer un manual para que la policía y las fuerzas de seguridad incauten bitcoin (BTC) y criptoactivos durante un allanamiento.

Como reportó CriptoNoticias, el Ministerio de Seguridad de Argentina emitió la semana pasada el “Protocolo general de actuación para la identificación, preservación y secuestro de potenciales elementos de prueba vinculados con criptoactivos”.

Este protocolo tiene por objetivo establecer pautas y procedimientos al que deberán atenerse los miembros de fuerzas policiales y de seguridad federales “al momento de la identificación de la presencia potencial de criptoactivos en el lugar del allanamiento y su posterior secuestro (incautación)”.

Entre lo establecido en el manual, está que, en caso de incautar criptomonedas en un allanamiento, se debe garantizar “la rápida transferencia hacia una billetera controlada por las autoridades para así permitirles tener el control sobre los activos incautados y evitar posibles movimientos de los delincuentes para dispersar los fondos y dificultar su recuperación”.

Sin embargo, hay quienes han cuestionado esta decisión, como Ricardo Mihura Estrada, el presidente de la ONG Bitcoin Argentina. Según este abogado, es necesario crear un sistema centralizado y seguro de administración de los criptoactivos incautados.

“Debe existir un depositario confiable”

Mihura explicó a CriptoNoticias que “ante una orden y posibilidad concreta de efectuar un secuestro, debe existir un depositario confiable en el cual las autoridades judiciales y policiales tengan cuentas habilitadas, y a donde se transfieran en forma inmediata los criptoactivos secuestrados”.

El abogado afirma que este protocolo del Ministerio de Seguridad pone al “primer interventor” y al juez interviniente como depositarios de frases semilla y de criptoactivos, “cuya complejidad de guarda segura supera lo que estos pueden o están acostumbrados a manejar”.

Para Mihura, “los depósitos judiciales de criptoactivos deben realizarse con un tercero profesional. La administración de claves privadas sobre blockchain tiene una complejidad que es incompatible con la burocracia del sistema judicial”.

Esa opinión coincide con la de Camilo Jorajuría, bitcoiner y empresario argentino, además de columnista de CriptoNoticias, quien puso en duda la capacidad de los funcionarios intervinientes de un allanamiento por verdaderamente salvaguardar criptomonedas incautadas y recordó que, con base en el manual, lo único que necesitan los funcionarios para confiscar criptoactivos es la autorización u orden de un juez.

Como lo ve el especialista, con la normativa, la policía ahora no sólo debe obligatoriamente (en el sentido de derecho positivo) entrar en el domicilio del allanado, sino que “debe recabar toda la información que ellos entiendan que podría llegar a estar relacionada con criptoactivos”.

Él apunta que el manual intenta traer legalidad en la incautación de criptomonedas “para que la misma quede legal y públicamente en manos de la administración y, por lo tanto, la misma sea responsable de su devolución o subasta”.

“Sin embargo, por cuestiones técnicas insuperables, pareciera que un nivel decente de seguridad en el manejo de secretos es muy difícil, sino imposible de conseguir”, afirmó.

“Un tema complejo”

Mihura aclara que la figura del depositario no existe actualmente ni tampoco está previsto en el manual aprobado por el Ministerio de Seguridad. Asintió, además, que es un “tema algo complejo” determinar quién es la entidad competente para organizar este sistema.

“Podría ser el Ministerio de Seguridad, el de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema o cada una de las Cámaras de Apelaciones. También podría ser algo legislado por el Congreso. En fin, las competencias de superintendencia del Poder Judicial y de regulación de los procedimientos judiciales es bastante caótica en Argentina, y especialmente en la ciudad de Buenos Aires”, aseveró.

Mihura advierte que el manejo inapropiado de claves privadas “puede causar pérdidas irrecuperables, sustracciones de muy difícil o imposible reversión, y perjuicios gravísimos tanto para el Estado como para los propietarios de los criptoactivos secuestrados”.

Esto se debe a que las frases semillas, o seed phrases, son esenciales para recuperar el acceso a una wallet de Bitcoin y otras criptomonedas. Si estas se pierden, se dañan o se comprometen, los fondos pueden desaparecer para siempre, sin posibilidad de recuperación, dado que no existe una entidad central que pueda revertir o restablecer estas claves.

Además, también existe la oportunidad de que la corrupción haga presencia en el momento de los operativos y ocurra que, como en Australia en 2019, algún policía o funcionario de seguridad aproveche la oportunidad para hacerse con unos bitcoin que estén almacenados en una wallet fría (hardware wallet) durante algún allanamiento, por poner un ejemplo.

Ello, considerando que en Argentina la corrupción de este tipo no es inédita. Un caso conocido es el de julio de 2024, cuando el jefe de Drogas Ilícitas de la Policía de Buenos Aires, Claudio Damián Pontoriero, fue detenido e imputado por corrupción policial, luego de ser acusado de quedarse con dinero y cometer irregularidades durante allanamientos.

Y es que, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional de 2023, Argentina descendió cuatro puestos y obtuvo 37 puntos sobre 100, lo que indica una percepción de corrupción significativa.

Esto refleja una tendencia de estancamiento o retroceso en la lucha contra la corrupción en el sector público argentino, lo cual añade una capa de preocupación sobre cómo se manejarán estos criptoactivos bajo la nueva regulación.

Una connotación negativa

El manual, que fue emitido en medio del auge de las criptomonedas en Argentina, es objeto de críticas, además, por la “connotación negativa” que tiene de las criptomonedas. Según Mihura, de ONG Bitcoin Argentina, “no todo lo que es criptoactivos y minería implica la existencia de un delito”.

“Por lo tanto no debe inferirse que, por el mero hallazgo de estos equipos o llaves privadas en el curso de un allanamiento, corresponda proceder a su secuestro si ellos no tienen una vinculación con los hechos de la causa”, enfatizó el abogado Mihura.

Mientras Argentina se encuentra en un momento crucial de adopción y regulación de las criptomonedas, la implementación de este protocolo destaca la necesidad de un sistema más sofisticado y seguro para manejar activos digitales.

La falta de claridad sobre quién será responsable de estos activos y cómo se asegurará su integridad plantea preguntas sobre la eficacia y justicia del sistema. La comunidad de bitcoin y las criptomonedas y las autoridades podrían trabajar juntos para crear un marco que no solo cumpla con los requisitos legales, sino que también respete la naturaleza innovadora y descentralizada de estas tecnologías.