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El atraso de la estructura tecnológica en el país es una de las barreras de ingreso.
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El Banco Central de Bolivia cree que las nuevas medidas beneficiarán a sectores productivos.
La histórica decisión del Banco Central de Bolivia (BCB) de legalizar el ecosistema de bitcoin (BTC) y el resto de las criptomonedas enfrentará un desafío que será difícil de sortear: la falta de inclusión financiera de la población.
Así lo dio a entender el macroeconomista del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), Jonathan Fortun, quien destacó que la medida es “innovadora” y “potencialmente beneficiosa a largo plazo”, aunque advirtió sus límites en una sociedad con carencias como la boliviana.
“En un país donde gran parte de la población no tiene acceso a servicios financieros tradicionales, esperar que las criptomonedas resuelvan problemas macroeconómicos complejos es poco realista”.
Jonathan Fortun, macroeconomista del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF).
El macroeconomista sostuvo en declaraciones a Bloomberg que la adopción de estas tecnologías “requiere tiempo y un cambio cultural significativo”, pero que esta tarea se vuelve más dificultosa cuando existe una baja penetración de servicios financieros en la sociedad.
El Índice de Inclusión Financiera de Credicorp 2023, elaborado en conjunto con la consultora Ipsos, arrojó que dos de cada cinco ciudadanos en Bolivia tienen un nivel bajo de inclusión financiera. De acuerdo a ese análisis, Bolivia se ubica en el último lugar de la nómina, con un puntaje de 40,4, en comparación con otros siete países de la región.
Más llamativo es lo referido al uso de servicios financieros. En esa dimensión, el estudio regional de Credicorp expuso que Bolivia alcanza 20,5 puntos en ese indicador, que refleja que el 73% de las personas consultadas «no usa» «medios formales para realizar transferencias«. Este punto es un impedimento claro para operar con activos digitales.
Ahora bien, un aspecto derivado a la inclusión financiera y que profundiza el problema es el déficit tecnológico que atraviesa la sociedad.
“La infraestructura tecnológica necesaria para operar con criptomonedas, como el acceso a internet y dispositivos móviles avanzados, no está ampliamente disponible. Esto reduce significativamente la capacidad de las criptomonedas para influir en la economía local a corto plazo”, expresó el analista del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF).
Bolivia presenta importantes carencias de infraestructura en amplias zonas del país, como las áreas rurales. Cientos de comunidades dependen de economías campesinas agrarias y de subsistencia, que carecen de este tipo de recursos.
Según datos de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), el 91% de la población tenía acceso a internet a través de un celular al mes de diciembre de 2023, mientras que apenas el 56% contaba con internet fijo en su domicilio.
Esta realidad de amplias “brechas digitales” es compartida con otros países de la región con matriz campesina.
“Esta brecha urbano/rural es mayor en Perú y Bolivia, dos países con enormes variaciones en topografía, subrayando el hecho de que la geografía adversa incrementa significativamente el costo de la conectividad”, según explica un informe del Banco Mundial.
Además, otro dato de la realidad de Bolivia es que persisten los ingresos bajos, lo que levanta una barrera de acceso a la utilización de las criptomonedas. Según Statista, en el año 2022, Bolivia se ubicaba en el puesto 29 de 33 países analizados, con PBI per cápita de 3600,12 dólares.
Como reflejó CriptoNoticias, el banco central boliviano anunció el pasado 26 de junio el levantamiento de los impedimentos a la libre comercialización de criptoactivos en el país. Esto se resolvió en un contexto de protestas sociales ante las restricciones de acceso a los dólares.
De esta manera, quedaron habilitados el uso de canales e Instrumentos Electrónicos de Pago para operaciones de compra y venta de BTC y otros activos digitales. Anteriormente, los bolivianos solo podían adquirir las criptomonedas en exchanges y plataformas globales.
La medida atendió a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que solicitó a las autoridades bolivianas proceder a la regulación de la actividad.
Para los analistas, ahora queda avanzar en nuevas normas regulatorias que esclarezcan el funcionamiento del ecosistema.
“Sin un marco legal sólido y claro, es difícil que las criptomonedas sean adoptadas masivamente de manera segura y eficiente. La falta de regulaciones sobre protección al consumidor, prevención de fraudes y seguridad de las transacciones limita su impacto potencial”, indicó Jonathan Fortun.
