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Hechos clave:
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ONG cuestionaron que se planee crear un "criptocolón" a espaldas de la población.
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Critican que se involucre en la discusión de temas de Estado a la familia del presidente Bukele.
Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) que hacen vida pública en El Salvador solicitaron al presidente de esa nación, Nayib Bukele, que aclare si es cierto o no que su administración gubernamental está planeando crear una moneda digital que se denominaría «criptocolón».
Estos comentarios han surgido luego de que, el fin de semana pasado, se filtrara una supuesta conversación que había sostenido el jefe de Estado de la nación centroamericana con sus hermanos, Ibrahim y Yusef. Allí habrían abordado la posibilidad de crear una stablecoin propia, como reportó CriptoNoticias.
Este hecho habría ocurrido mientras se preparaba el proyecto que luego se convertiría en la Ley Bitcoin. La posibilidad se manejó como una alternativa que permitiría tener una moneda digital que sirviera como referencia a la moneda local previa a la actual dolarización de la economía de ese país.
Según la información que publicó el diario El Mundo de El Salvador, hoy, 20 de julio de 2021, las ONG encabezadas por la Asociación Salvadoreña Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda), cuya vocería está a cargo de su presidente, Carlos Palomo, dijeron que se oponen a que la política económica del país se negocie de espaldas al pueblo.
Por ello, Palomo señaló que, a fin de velar por los intereses de la población, cree que es conveniente que el Estado explique la estrategia que se pondría en práctica y cuáles son las negociaciones mantenidas sobre el asunto con empresas extranjeras o con consultores.
En su opinión, es la colectividad la que al final tendrá que asumir las consecuencias de un posible cambio de política monetaria. En vista de esta situación acompañó esta reflexión con el siguiente comentario:
La idea no es mala ni buena per sé, simplemente es un nuevo mecanismo. Sería bueno que se hiciera la aclaración de cuál es el rol oficial, porque no es adecuado que personas que no ostentan responsabilidades públicas estén disponiendo sobre el presupuesto estatal o estén comprometiendo medidas de política económica que van a afectar a los ciudadanos, ese el problema.
Carlos Palomo, presidente de Tracoda.
Palomo también cuestionó que no haya transparencia sobre las personas que son designadas para ocupar o no cargos públicos en El Salvador, por cuanto se está involucrando en estos temas de Estado a los hermanos del presidente. A juicio del titular de Tracoda, los individuos nombrados para tal fin deben estar bajo la supervisión de la Corte de Cuentas de la República (CCR) o, en tal caso, subordinarse a lo que establezca tanto Ley de Ética Gubernamental, como los tribunales de justicia del país.
Sobre este punto coincidió Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción capítulo de Transparencia Internacional en El Salvador de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Alac-Funde), quien además pidió que haya claridad sobre lo que en este sentido está ocurriendo.
«Debería hacerse transparente, porque hay personas que están tomando decisiones en nombre del Estado salvadoreño y la población no sabe nada», dijo Sandoval.
Además, Sandoval también cuestionó las negociaciones que se llevaron a cabo para promulgar la Ley Bitcoin. Las calificó de «antiéticas», ya que considera que «no hay garantía que se responda por los intereses de la población».
Varios cuestionamientos a la Ley Bitcoin dentro de El Salvador
El pasado 8 de junio, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó con mayoría calificada la Ley Bitcoin. Con esta decisión, se convirtió en el primer país que estableció a BTC como moneda de curso legal.
En este documento se estableció que el tipo de cambio entre bitcoin y el dólar será fijado por el libre mercado, siendo resultado del acuerdo entre compradores y vendedores de la criptodivisa.
No es la primera vez que la Ley Bitcoin genera discordia entre los grupos opositores al gobierno del presidente Bukele. En junio de 2021, las diputadas de El Salvador presentaron una reforma dirigida a eliminar a bitcoin como moneda de curso legal, lo que no obtuvo el respaldo del Congreso.
En esa ocasión, la iniciativa estuvo a cargo de las parlamentarias Anabel Belloso y Dina Argueta, quienes consideraron que la adopción de la criptomoneda pone en peligro el sistema económico y las finanzas familiares.
Algunos profesionales de El Salvador también han pedido la derogación de la Ley Bitcoin, al considerar que no cumple con las funciones básicas del dinero debido a su volatilidad. A pesar de esta oposición, el Gobierno sigue adelante con su proyecto.
