Hechos clave:
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Las legisladoras argumentan que existe incertidumbre entre los salvadoreños.
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Cuestionaron la aprobación “express” que tuvo la ley en la Asamblea Nacional.
Un proyecto de reforma de ley que busca eliminar a bitcoin (BTC) como moneda de curso legal en El Salvador fue presentado este miércoles 16 de junio ante la Asamblea Legislativa. Las diputadas opositoras Anabel Belloso y Dina Argueta consideran que la adopción de la criptomoneda pone en peligro al sistema económico y las finanzas familiares.
Las legisladoras cuestionaron la «obligatoriedad» que expresa la ley sobre el uso de bitcoin para pagar por productos o servicios. Para las congresistas, la Ley Bitcoin fue elaborada sin consultas y aprobada de forma acelerada, sin los debates necesarios.
«Los riesgos están ahí presentes. Dentro de las reformas, en primer lugar, se elimina que se reconozca como moneda de curso legal el bitcoin, es el primer artículo dentro del objeto. La ley tiene elementos que generan incertidumbre y riesgos para el lavado de dinero», explicó Belloso en declaraciones a los medios salvadoreños.
La funcionaria acotó que no está en contra de la innovación y los desarrollos tecnológicos, pero dijo que bitcoin no puede ser adoptado por «imposición» ya que se estarían vulnerando los derechos de la población. Sobre la implementación del activo digital en el país centroamericano, Belloso resaltó que este proceso debe ser voluntario.
De acuerdo con la legisladora, entre los salvadoreños existe incertidumbre sobre cómo operar con la criptomoneda o cómo administrar los fondos. Además, criticó que el tono del gobierno sobre este tema sea apresurado y que involucre potenciales pagos salariales, u otros beneficios, en BTC y no en dólares estadounidenses. Sobre el pago de los trabajadores, el ministro del Trabajo, Rolando Castro, indicó que se trata de un tema prematuro.
Bitcoin como alternativa en El Salvador
Las diputadas argumentaron que el artículo 7 de la ley es el que genera más «ruido». La disposición dice textualmente lo siguiente: «Todo agente económico deberá aceptar bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio». Las legisladoras señalaron que la ley, así como está planteada, es una imposición. Sin embargo, en el artículo 12 se aclara:
«Quedan excluidos de la obligación expresada en el artículo 7 de la presente ley, quienes por hecho notorio y de manera evidente no tengan acceso a las tecnologías que permitan ejecutar transacciones en bitcoin. El Estado promoverá la capacitación y mecanismos necesarios para que la población pueda acceder a transacciones en bitcoin».
El alcance de la reforma de ley tendría un impacto nulo o muy limitado ya que la Asamblea Legislativa es de mayoría oficialista, es decir, apoyan las decisiones del presidente de la República, Nayib Bukele. De lo anterior se deduce que la propuesta no pasaría a debate o sería desestimada por los parlamentarios, quienes aprobaron la ley la semana pasada, un hecho reseñado por CriptoNoticias.
