El Salvador atrae más empresas de Bitcoin mientras EE. UU. las ahuyenta

La lista de empresas vinculadas al sector de bitcoin (BTC) y demás criptomonedas que están huyendo de Estados Unidos sigue en aumento. Hoy se supo que IBEX Pay, la pasarela de pagos con Lightning Network decidió salir de territorio estadounidense a partir del próximo 31 de mayo. 

Aunque, hasta ahora, la empresa no ha dado explicaciones sobre su decisión, pero todo apunta a que tiene que ver con la arremetida regulatoria en contra del ecosistema de bitcoin emprendida por el gobierno de Joe Biden. Todo ello, como parte de una estrategia que amenaza la supervivencia de desarrolladores y defensores de la privacidad en las transacciones con criptomonedas. 

IBEX Pay se suma así a proyectos como el de las wallets de bitcoin Phoenix, Wasabi e incluso Trezor, que en el transcurso del último mes anunciaron la cancelación de servicios en EE. UU. Todos alegan el tener que cumplir con regulaciones que impiden utilizar herramientas para preservar la privacidad de las transacciones. 

Las medidas tomadas por los equipos detrás de las wallets de bitcoin son una respuesta directa al sentimiento de incertidumbre y temor que actualmente predomina en Estados Unidos. Esto, ante la cruzada contra la privacidad que prodiga Bitcoin que adelantan la mayoría de los organismos gubernamentales. 

Y es que no solo se ataca a las carteras mediante el arresto de los desarrolladores de Samourai Wallet, sino que se amenaza con demandas, multas y arrestos a toda figura y empresa que no utilice políticas para conocer al cliente (KYC), tal como hizo hace poco el FBI.  

Ahora son mayores las posibilidades de ser acusados de operar sin registro, comercializar títulos valores sin permiso, contribuir al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo o de no pagar impuestos. Como muestra, se han demandado y multado grandes exchanges del ecosistema, entre las que resaltan Binance, Coinbase y Kraken; y figuras emblemáticas como el ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, son enviadas a la cárcel.

Se espera entonces un incremento de este tipo de acciones legales, que sirven como práctica disuasoria y aumentan así temores de que haya más acusaciones y detenciones contra líderes y empresas del sector en los próximos meses. Esto, en virtud de que las autoridades de EE. UU. muestran una mayor disposición a «dar una lección«. 

Sobre ello ya se ha pronunciado la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), que hace unos días informó sobre la aplicación de más medidas de cumplimiento al sector de las criptomonedas en el marco de la sustancial alza del precio de bitcoin. Esto, supuestamente como vía «para evitar la manipulación del mercado y los posibles usos ilícitos de las criptomonedas», según las declaraciones del organismo. 

Probablemente veremos en los próximos 6 a 18 meses, o de 6 a 24 meses, otro ciclo de acciones de cumplimiento debido a este ciclo de apreciación de activos e interés por parte de los inversores minoristas.  

 Rostin Behnam, presidente de la CFTC .

La Comisión de Bolsa de Valores (SEC) y el Departamento de Justicia siguen la misma línea de acción de la CFTC desde el año pasado, duplicando el número de procedimientos administrativos en contra del sector. 

El resultado salta a la vista. Cada vez son más las empresas de bitcoin que salen de Estados Unidos o que suspenden parte de sus servicios para los usuarios del país. Una práctica que la comunidad cuestiona con fuerza y que incluso podría costarle la presidencia a Biden, cuyas acciones promueven el arbitraje regulatorio y causan la pérdida de liderazgo de EE. UU. en el ecosistema. 

Ya hay estudios que así lo indican. En 2018 más del 40% de los desarrolladores de criptomonedas se ubicaban en Estados Unidos, un porcentaje que cayó por debajo de 30% en los últimos dos años, de acuerdo con los datos de la empresa de análisis a16z.    

El Salvador emerge en el mapa de las empresas de bitcoin

Es justo en esa búsqueda de países que ofrezcan mejor escenario regulatorio donde no solo aparecen sitios como Hong Kong y Singapur, sino también un pequeño país de Centroamérica: El Salvador. La diferencia entre lo que aquí ocurre en comparación con lo que se está haciendo en Estados Unidos es cada vez más fuerte.  

Muestra de ello está en la cantidad de compañías ligadas a las criptomonedas que ya han obtenido la autorización de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) para operar como proveedores de servicios en territorio salvadoreño. Actualmente, hay 22 exchanges, monederos y empresas similares registradas ante la CNAD. 

La cantidad de inversionistas y empresarios extranjeros que arriban a El Salvador también va en ascenso. Muchos de ellos forman parte del programa de residencia que otorga ciudadanía si se desembolsan USD 1 millón en BTC al gobierno de Bukele. Una medida que se acompaña de una serie de leyes que favorecen la inversión y la migración de bitcoiners de todo el mundo.  

» Todas las empresas de Bitcoin deberían venir a El Salvador», expresó el periodista estadounidense Max Keiser hace unas semanas. El bitcoiner insiste en resaltar las ventajas regulatorias que ofrece el país centroamericano donde bitcoin es moneda de curso legal desde septiembre de 2021.   

Opuesto a lo que se hace Biden en EE. UU., el gobierno de Bukele promueve el desarrollo del ecosistema bitcoiner y abre las puertas a las empresas y personas vinculadas al sector.  

«Estamos abiertos a los negocios para todos aquellos que deseen construir el futuro en criptomonedas», ha dicho al respecto el equipo de la Oficina Nacional de Bitcoin, que además de leyes amigables ofrece facilidades en materia de trámites. Un hecho que, hasta empresas como Google, que acaba de abrir sus oficinas en el país, ha reconocido a través de medios locales.  

Se implementan, de esta forma, normas y prácticas amigables para el ecosistema con la promesa de construir en El Salvador una especie de paraíso para el desarrollo de bitcoin y otras tecnologías. Un panorama que contrasta con el escenario agresor en el que se ha convertido Estados Unidos.