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El uso regulado de la stablecoin de Tether se implementará en las próximas semanas.
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La empresa EFY pondrá en marcha iniciativas de educación financiera.
Bolivia se alista para habilitar el acceso regulado a USDT, la stablecoin emitida por la empresa Tether, a través del sistema bancario nacional. Este avance surge a partir de una alianza estratégica entre EFY, empresa proveedora de servicios con bitcoin y otros activos digitales, y el estatal Banco Unión, con el respaldo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
El anuncio se realizó Andrés Tobón, CEO de EFY, quien señaló que la iniciativa permitirá a los ciudadanos acceder a stablecoins a través de una entidad financiera regulada, lo que representa un avance significativo en términos de confianza, trazabilidad y protección al usuario.
«Ahora los bolivianos podrán operar con USDT desde canales respaldados por la normativa vigente y con la seguridad que ofrece el sistema financiero formal», sostuvo Tobón. Según el empresario, el proyecto se encuentra actualmente en fase de integración tecnológica y su lanzamiento está previsto para las próximas semanas.
En su intervención en el panel «Stablecoins: el futuro de los pagos en la región», el especialista resaltó que, con un 71%, América Latina lidera la adopción de monedas estables para pagos internacionales, superando a Europa (58%) y Estados Unidos (39%). En Bolivia, destacó el crecimiento significativo en el uso de estos activos digitales para enviar y recibir dinero del exterior, especialmente a través de remesas, que en 2023 superaron los 1.500 millones de dólares.
«En Bolivia hemos visto que el crecimiento y la adopción para hacer pagos al exterior o recibir moneda extranjera de forma más ágil y con menores costos se ha intensificado en el último tiempo», manifestó.
EFY también tiene previsto implementar programas de educación financiera destinados a promover un uso seguro y responsable de las stablecoins. Estas campañas apuntan a reducir errores frecuentes, como el envío de activos por redes equivocadas, y a fortalecer la confianza de los usuarios en estas herramientas digitales, que bien aplicadas pueden mejorar significativamente la gestión de las finanzas personales.
El CEO de EFY también remarcó el ejemplo de El Salvador, país que implementó un marco regulatorio claro para el uso de bitcoin y criptomonedas. Según Tobón, este enfoque facilita la integración formal y segura de tecnologías emergentes en economías que enfrentan restricciones cambiarias o limitaciones en su sistema bancario.
«[El Salvador] fue pionero al crear un marco regulado para bitcoin y stablecoins, y abrió el camino para que otros países adopten este tipo de tecnología desde la formalidad», explicó.
Un nuevo marco regulatorio para el ecosistema en Bolivia
Como reportó CriptoNoticias, Bolivia ha establecido una nueva regulación mediante la Resolución ASFI 540/2025, respaldada por el Decreto Supremo 5384, que por primera vez establece lineamientos específicos para plataformas tecnológicas y proveedores de servicios de activos virtuales.
La normativa establece tres principios fundamentales: innovación responsable, interoperabilidad y confidencialidad. Asimismo, crea un registro nacional para empresas que ofrecen servicios con criptomonedas, exige protocolos de ciberseguridad y habilita espacios de prueba para evaluar modelos de negocio innovadores.
Más de 200 empresas —entre ellas 33 plataformas de pago y 176 proveedores de servicios de criptoactivos— deben ajustarse al nuevo marco regulatorio antes del 31 de diciembre de 2025.
No obstante, en medio de estos avances regulatorios, recientemente surgieron preocupaciones sobre los derechos ciudadanos. Según la diputada nacional y activista en finanzas digitales, Mariela Baldivieso, el Ministerio Público procedió a la aprehensión de un creador de contenido simplemente por retransmitir información sobre el valor del dólar anclado a USDT, tras una denuncia presentada por la ASFI.
Ante este hecho, la funcionaria manifestó su preocupación por lo que considera una acción desproporcionada y arbitraria, que pone en duda el cumplimiento del debido proceso y los principios fundamentales del Estado de Derecho.
Baldivieso señaló que, si bien los activos virtuales cuentan con reconocimiento y autorización regulatoria en Bolivia, resulta alarmante que se criminalice a un ciudadano por referirse a una criptomoneda cuyo valor incluso fue divulgado oficialmente por el Banco Central de Bolivia. De acuerdo a lo mencionado por la diputada, al ciudadano se le imputó por «difundir información financiera falsa».
Desde CriptoNoticias contactamos a la diputada María Baldivieso para obtener comentarios adicionales y estamos a la espera de su respuesta.
