La Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC, por sus siglas en inglés) culminó sus investigaciones acerca del cierre de las cuentas bancarias de las empresas de Bitcoin australianas concluyendo que no se trata de una conspiración por parte de los bancos del país, sino de acciones tomadas individualmente con la finalidad de evitar riesgos y cumplir al pie de la letra las normas regulatorias de dichas instituciones.
Hace un tiempo en CriptoNoticias informamos acerca del arremetimiento por parte de los bancos australianos hacia las startups bitcoin del país mediante el cierre de sus cuentas bancarias sin motivo aparente. La Wespac Banking Corporation y el Commonwealth Bank of Australia se limitaron a enviar cartas a las 17 empresas afectadas por este movimiento, otorgando explicaciones escasas.
Esto llevó a los representantes de las empresas de Bitcoin y a dos senadores del país a pensar que se trataba de un ataque abierto planificado por los mayores bancos del país en conjunto. Todo debido a la ausencia de motivos mencionada anteriormente y a la negación por parte de las instituciones bancarias a establecer un diálogo o intentar solventar la situación de alguna manera.
De ser así, dicho ataque podría considerarse como una muestra de temor por parte de los bancos ante el crecimiento exponencial del mercado de Bitcoin. Además, ésta fue tomada como una iniciativa para entorpecer el desarrollo de las empresas relacionadas con Bitcoin y la tecnología Blockchain con la finalidad de que el control del uso y la difusión de dichas tecnologías en Australia permanezca en manos de los principales bancos del país.
En vista de esta situación, el Senador Matthew Canavan dirigió una carta a la ACCC solicitando una investigación del caso con el fin de determinar si los bancos involucrados estaban incurriendo en actitudes anticompetitivas. Las preocupaciones principales de Canavan consistían en los motivos que podrían tener los bancos para tomar dichas acciones y sus bases legales para negarse a proveerle sus servicios a los operadores de empresas de Bitcoin.
El senador laborista, Sam Dastyari, también mostró su apoyo a la realización de estas investigaciones, alegando que las instituciones financieras están abusando de las protecciones que les han sido ofrecidas por el gobierno al rehusarse a trabajar con startups de Bitcoin. De manera que, efectivamente, la ACCC accedió a tomar las acciones solicitadas por dichas autoridades.
Finalmente, dichas investigaciones fueron culminadas y el diario digital Financial Review de Australia se encargó de informar los resultados obtenidos. Dichos resultados resultaron desconcertantes para los defensores de las empresas de Bitcoin, puesto que la ACCC llegó a la conclusión de que la iniciativa de los bancos no fue incorrecta ni fue llevada a cabo con fines anticompetitivos, sino que contaba con bases sólidas.
Rod Sims, el presidente de la ACCC, envió una carta al senador Canavan explicando que no existía evidencia alguna para considerar que los bancos que cerraron las cuentas bancarias de las empresas de Bitcoin se hubieran puesto de acuerdo previamente para hacerlo. Además, Sims alegó que los bancos cuentan con la libertad de elegir a quién prestarle sus servicios y a quién no.
De acuerdo con el presidente, cada uno de estos bancos fue investigado mediante la revisión de múltiples documentos que permitieron comprobar que sus decisiones y acciones fueron tomadas en momentos distintos. Por ejemplo, las políticas de uno de los bancos establecía la norma de no trabajar con empresas de Bitcoin desde el 2011, mientras otro banco distinto había adoptado esta regla en el año 2015.
Estas normas fueron establecidas, según las declaraciones de los bancos durante la investigación, con el objetivo de prevenir relacionarse con empresas involucradas en actividades ilegales como lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, actividades que supuestamente implican con mucha frecuencia el uso de criptomonedas.
Por su parte, el Senador Dastyari alegó que la ACCC no se encargó de investigar a las compañías afectadas, sino que se centró exclusivamente en los bancos. De manera que los resultados obtenidos no abarcan el panorama completo y, por lo tanto, necesitan ser revisados con mayor profundidad. No obstante, la ACCC negó la necesidad de llevar a cabo una investigación más profunda.
En suma, las conclusiones de la ACCC no permiten asegurar que las acciones de los bancos no consistan meramente en un intento por mantener la estabilidad de su sistema al verse amenazados por el avance inminente de las nuevas tecnologías y las empresas que trabajan en su desarrollo. Sin embargo, esta situación revela que, por los momentos, el ecosistema Bitcoin no cuenta con el apoyo suficiente de las autoridades australianas como para hacer frente a los movimientos de las grandes instituciones financieras.
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