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La inmutabilidad de las redes descentralizadas tiene consecuencias jurídicas, dice el abogado.
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Hung cree que es momento de establecer una “notaría blockchain” en Venezuela.
El uso de Bitcoin más allá de la visión monetaria y especulativa que lo rodea se experimentó esta semana de la mano de un venezolano. Abogado de carrera, Roberto Hung decidió inmortalizar una demanda judicial contra una aseguradora y un complejo náutico por un incidente que data de 2016.
Con su movimiento, Hung dejó constancia inmutable de una demanda de responsabilidad civil, usando para ello la arquitectura del protocolo de Bitcoin y la herramienta OpenTimestamps. Esto le permitió certificar el documento judicial y dar lo que parecen ser los primeros pasos hacia la transformación de la práctica del derecho en el país.
En entrevista con CriptoNoticias, el jurista explicó las razones técnicas para optar por el protocolo concebido hace casi 18 años por encima de otras opciones dentro del ecosistema de redes descentralizadas para registrar la demanda contra Estar Seguros C.A. y el Club Puerto Azul. La querella está relacionada con un incendio ocurrido en septiembre de 2016 en una embarcación ubicada en el muelle N.º 1 de la marina del club.
«La intención de utilizar Bitcoin fue porque esta es la red más robusta que existe en el ecosistema. Existen muchas, por supuesto, muchas serán más rápidas, incluso hasta más económicas que Bitcoin. Pero la fortaleza de Bitcoin es su robustez en la red, más allá del valor», señaló Hung.

Efectivamente, la red Bitcoin es más cara en comparación con otras redes descentralizadas, como Solana o Polygon, cuyas tarifas oscilan las fracciones de centavo de dólar (típicamente entre USD 0,0001 y USD 0,002 en Solana, y de USD 0,005 a USD 0,02 en Polygon).
En contraste, las operaciones en la capa principal de Bitcoin cuestan significativamente más, promediando habitualmente entre USD 0,30 y USD 3 por transacción, con picos aún mayores durante periodos de alta congestión.
Sin embargo, esta diferencia de precios responde a un dilema fundamental de arquitectura: costo versus fiabilidad.
Para ofrecer transacciones ultra baratas y veloces, redes como Solana y Polygon sacrifican cierta robustez, habiendo sufrido históricamente múltiples interrupciones y saturación por tráfico.
Bitcoin, en cambio, prioriza la máxima seguridad y descentralización sobre la velocidad. Aunque sus tarifas sean más elevadas, ese costo garantiza un funcionamiento ininterrumpido y una red inexpugnable que tiene más de 13 años operando sin interrupciones.
Registro mediante OpenTimestamps
Hung precisó que eligió la herramienta OpenTimestamps para realizar el registro de la demanda en Bitcoin y no otros protocolos como Ordinals o Runes —que le hubiesen permitido crear una versión tokenizada de la demanda—, debido a que su meta era validar la integridad de un archivo técnico y no crear un activo coleccionable.
OpenTimestamps es un protocolo estándar y de código abierto desarrollado por el programador Peter Todd en 2012 y lanzado oficialmente en 2016, diseñado para realizar stamping o estampado de tiempo digital en red Bitcoin. Esto permite probar la existencia de cualquier archivo o documento digital en un momento específico sin revelar su contenido.
«Es un archivo que está certificado y que puede tener múltiples ejemplares. En este caso específico, se envió vía correo electrónico el archivo PDF [que quedó registrado en Bitcoin], no solamente a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sino también a la comisión de reestructuración digital de ese tribunal. Además, a los demandados», detalló Hung.
La notificación también incluyó a la superintendencia certificadora Suscerte y a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg).
De acuerdo con el abogado, la combinación de la transmisión electrónica y el sellado temporal en Bitcoin crea un «ecosistema de agentes cualificados» donde ninguno puede negar la recepción del escrito judicial.
En la red Bitcoin, la demanda está registrada a la altura del bloque 961.353, más específicamente en la transacción 8b2a161e8d89fc4b2ca09dff1e255ff8d68ff3898d983681a37008c3a041bc82, que se puede apreciar desde cualquier explorador de bloques.

CriptoNoticias tuvo acceso al archivo PDF original de la demanda interpuesta por el abogado Hung y comprobó en OpenTimestamps la existencia de la misma en la red Bitcoin, inmortalizada en una operación de 0,00081079 BTC, equivalentes a unos USD 50.
Ese fue el costo de haber certificado un caso judicial que, aunque quizá no tan llamativo, hoy es la razón por la que Bitcoin emerge como herramienta jurídica para los abogados venezolanos.
¿Es legal usar Bitcoin y subir demandas judiciales en Venezuela?
Consultado sobre la validez jurídica de la medida en el marco legal venezolano, Hung aclaró que no existe impedimento legal para su aplicación.
«Sencillo, no es ilegal. Tenemos un problema que principalmente es cultural, en el sentido de que queremos de que todo esté expresamente en la ley, y eso no es así. Simplemente, lo que no está prohibido puede hacerse», afirmó.
A su juicio, el propósito central de registrar el escrito en la red Bitcoin es «interrumpir la prescripción de la causa» para reiniciar el plazo del proceso judicial.
Esto es posible mediante el principio de equivalencia funcional, el cual le otorga a la «fe pública criptográfica» el mismo valor legal que a los trámites analógicos tradicionales.
Ante el resultado del procedimiento, el jurista plantea la necesidad de promover una especie de notaría sobre la red de Bitcoin para respaldar acuerdos, pruebas y manifestaciones de voluntad.
Asimismo, considera que la tokenización de activos del mundo real (RWA) representa un camino para modernizar la gestión inmobiliaria y los registros de propiedad urbana ante contingencias como desastres naturales.
«Efectivamente, no podemos ver el derecho, la abogacía en general, como el simple y ciego acatamiento de órdenes de una voluntad distinta. En este caso, de la voluntad de un poder público como lo es el legislativo. Esto viene a cambiar de manera profunda cómo entendemos muchas de las instituciones jurídicas», concluyó el profesional.









