Hechos clave:
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Los ciudadanos estarían obligados a vincular sus datos personales para mantenerse en línea.
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Defensores de los derechos digitales temen que el país se convierta en una “mini China”.
Funcionarios del Ministerio Federal del Interior de Alemania están proponiendo que los proveedores de internet comiencen a vincular la identidad real de cada usuario que permanezca en línea. Quiere decir que, a corto plazo, todas las empresas que suministran el servicio en el país, deberían registrar nombre, dirección y fecha de nacimiento de cada ciudadano alemán y además verificar estos datos a través del sistema de identificación nacional.
Un documento filtrado a través del servicio de correo electrónico Posteo, alerta a la ciudadanía sobre la necesidad de llevar a debate público los 15 puntos contenidos en el documento que pueden convertirse en ley en los próximos días. La mayor preocupación gira en torno al planteamiento que señala: «Los servicios de Internet tradicionales deberían estar obligados a recopilar elementos de identificación, verificarlos y, en casos individuales, ponerlos a disposición de las autoridades de seguridad».
De convertirse en ley, la medida obligaría a los alemanes a realizar un registro de identificación para poder acceder a Internet. También, se verían obligados a depositar sus datos personales verificados en numerosas plataformas de todo el mundo, incluyendo las que están basadas en la privacidad, como Signal. “Es probable que esto represente una violación masiva y desproporcionada de los derechos fundamentales protegidos”, advierten los ciudadanos.
La propuesta de ley no detalla si el servicio de internet quedaría limitado para las personas que no cuentan con documento de identificación como los menores de edad o los refugiados. Tampoco queda claro cómo sería el tratamiento con quienes prefieren el anonimato para fortalecer su seguridad o para la búsqueda confidencial de ayuda.
La agencia norteamericana de noticias Associated Press, señaló que conversó con un portavoz del Ministerio del Interior de Alemania, identificado como Steve Alter, quien se negó a confirmar la existencia de la propuesta de ley de manera explícita. Sin embargo, el funcionario dijo que el gobierno tenía derecho a interferir con la privacidad de las comunicaciones, «ya sea que el usuario recurra a la telefonía clásica o a servicios de telecomunicaciones encriptados, tal como agrega el reporte.
Una vez que los medios alemanes difundieron la noticia, los ciudadanos se trasladaron a Twitter para manifestar su desacuerdo con respecto a la medida. Entre las reacciones hubo quien invitó a los funcionarios a dirigir sus esfuerzos para “crear soluciones que funcionen y protejan la privacidad”.
Henning Tillmann, copresidente de D64, un grupo que hace campaña por los derechos de los ciudadanos en el mundo digital, dijo que Alemania corre el riesgo de convertirse en una «mini-China». Esto debido a que en este país la privacidad en línea tiene una baja prioridad. Él además compartió un documento en el que se cataloga a la propuesta de los funcionarios del Ministerio del Interior como un «ataque sin precedentes a los valores europeos y la Internet libre».
Privacidad bajo amenaza en Alemania y el resto del mundo
Desde que el mundo ha emigrado al mundo digital producto de la pandemia, también han crecido las amenazas sobre los datos personales de los usuarios. Como lo ha informado CriptoNoticias, muchos gobiernos han codiciado la información privada de los ciudadanos para rastrear y monitorear a personas y poblaciones enteras, exponiendo el aumento de los poderes de vigilancia de los Estados.
Este medio también ha informado que el cifrado de extremo a extremo también ha estado bajo la mira de los gobiernos. Por ejemplo, en octubre del año pasado una acción de varias naciones amenazó con poner fin a la privacidad de los usuarios de servicios de comunicaciones como WhatsApp, Zoom, Telegram y Messenger. Sobre ello, los gobiernos del Reino Unido, Estados Unidos, Japón, India, Canadá, Nueva Zelanda y Australia expresaron que este tipo de cifrado planteaba “riesgos graves para la seguridad pública”, según señalaron en un comunicado.
En el documento fue detallado como algo negativo que estas herramientas “impidan el acceso legal al contenido de las comunicaciones en cualquier circunstancia”. Sin embargo, con el fin de lograr un equilibrio entre privacidad de los usuarios y acceso a las comunicaciones cuando el Estado lo considere necesario, el documento expuso tres pautas que las empresas deberán implementar en su accionar.
La primera de las pautas señala que las empresas deben “actuar contra el contenido y la actividad ilegal de manera efectiva sin reducir la seguridad”. La segunda es que podrán “permitir el acceso a las fuerzas del orden público” siempre que haya una orden judicial para hacerlo. La tercera especifica que las compañías deberán participar en consultas con entidades gubernamentales, con la idea de que los gobiernos “y otras partes interesadas” puedan influir genuinamente en las decisiones de diseño.
