Venezuela echa por tierra una regulación pionera para minar Bitcoin en Latinoamérica

Con el allanamiento de granjas y confiscación de equipos para la minería de bitcoin, la actividad en Venezuela parece volver a la etapa oscura que experimentó hace más de cinco años cuando era usual que circularan informaciones sobre el decomiso de mineros en el país. 

Se trata de una situación que obligaba a muchos a operar prácticamente en la clandestinidad y que los mineros venezolanos creían superada, tras la legalización del ecosistema ocurrida en 2019. Esto, luego de que el gobierno emitiera un decreto con el propósito de definir el marco regulador aplicable al Sistema Integral de Criptoactivos.  

Fue a partir de este decreto que entraron en vigor medidas para regular y supervisar toda la industria de bitcoin (BTC) y demás criptomonedas, convirtiendo a Venezuela en uno de los primeros países de América Latina en crear normas específicas para el sector.  

Previo a ello, en 2018, ya se había creado un ente supervisor: la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN), que luego pasó a llamarse la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP).

El tema de ser pioneros en la regulación fue usado por el gobierno como argumento para resaltar los avances del país en el sector, tal como señaló en varias oportunidades el exsuperintendente de Criptoactivos, Joselit Ramírez, en declaraciones a los medios. Esto, como parte de un despliegue promocional en torno al petro, moneda digital lanzada en 2018.

Con base en la nueva normativa vigente, surgió el Registro Integral de Servicios en Criptoactivos (RISEC) cuyo propósito era sistematizar la información relacionada con empresas y usuarios de criptomonedas, lo que incluía a los exchanges de bitcoin.  Posteriormente, ya en 2020, otro decreto le dio rango legal a la minería de bitcoin.

Se estableció así que los interesados en realizar actividades mineras de forma legal debían solicitar una licencia.  Para cumplir con la regularización de los mineros se creó el Registro Integral de Mineros (RIM) como un módulo complementario dentro del RISEC.  

Mediante el RIM se facilitó la tramitación de licencias para la minería. Para obtenerlas, los mineros comenzaron a entregar información a las autoridades sobre las actividades que llevaban a cabo, ya sea comercialización, importación o uso de equipos de minería. Incluso se solicitaron licencias especiales para los interesados en manufacturar equipos ASIC en territorio nacional o construir granjas de minería.

Fue así como, paulatinamente, los interesados en minar Bitcoin en Venezuela comenzaron a registrarse cumpliendo con los requisitos y recaudos exigidos, pues en caso de no contar con la autorización la SUNACRIP podía incautar los equipos de minería digital. 

Una de las particularidades de esta regulación fue que se prohibió el allanamiento de granjas y el decomiso de equipos, sin la participación de la SUNACRIP. Se buscaba con esto impedir que las autoridades policiales procedieran a confiscaciones de forma arbitraria, sin la presencia del ente supervisor. 

Se estableció asimismo que las granjas de minería «operarían con el apoyo del Estado», el cual debía estar al tanto de las actividades. En consecuencia, el gobierno venezolano  decidió que estaría al tanto de cada uno de los procesos que integran la actividad. Aquí se involucró la empresa estatal de electricidad: Corpoelec, encargada de dar suministro de energía a las granjas y de cobrar el servicio con tarifas determinadas.

El rol de la SUNACRIP en la industria quedó ratificado posteriormente. En 2022 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la sentencia N° 099, dictaminó que quienes deseaban minar Bitcoin en Venezuela tenían que estar obligatoriamente registrados en la SUNACRIP y contar con todos los permisos correspondientes. 

Con todas estas normativas en vigor, parecía haber comenzado una nueva etapa para la minería de criptomonedas en el país. Todo parecía indicar que se había superado el estigma que afectaba a los mineros y que durante varios años los hizo blanco de incautaciones, cárcel y multas. Esto, porque las autoridades solían asociar la minería con actividades ilícitas como el lavado de dinero. 

Con la regulación, la minería de Bitcoin pasó a ser una práctica legal, y también siguió alimentándose la narrativa de que la actividad no se seguía desarrollando en la clandestinidad. De esta manera nació el mito de que los mineros solo operan de manera oculta y no como parte de una de las industrias más pujante de los últimos tiempos en Venezuela.

Tal como declaró a CriptoNoticias el grupo de abogados de Cripto Nonza, autores del primer Manual Jurídico sobre el uso de las criptomonedas en Venezuela, para 2022 veían un panorama favorable para la industria.  

Consideraron a las normativas vigentes como un punto clave para el desarrollo de la minería de Bitcoin en Venezuela, al establecer reglas claras para entender lo que estaba permitido y lo que no. Destacaron, sobre todo, la prohibición a entes policiales de hacer allanamientos y decomisar mineros. 

De proceder de esta forma (con decomisos), los agentes de seguridad o funcionarios pueden ser sancionados con prisión de hasta cinco años, siendo incluso esta pena la más grave establecida en el decreto. Eso deja en evidencia que sí había un problema grave y que el legislador tuvo que establecer esta sanción para los funcionarios porque el asunto se les estaba escapando de las manos. 

José Ángel Mogollón, abogado del grupo Cripto Nonza. 

Después de la regulación vuelve la incertidumbre 

A pesar del avance logrado con la regulación, el panorama para los mineros venezolanos cambió abruptamente en 2023 con el estallido del escándalo conocido como «PDVSA-cripto«, el cual involucró al superintendente de criptoactivos, Joselit Ramírez, en una trama de corrupción que lo llevó a prisión.  

La SUNACRIP fue intervenida y tomada por una junta interventora y sus actividades quedaron prácticamente suspendidas. Hasta hubo rumores sobre su desaparición, tras el despido de su personal.  

De esta forma, los mineros de Bitcoin venezolanos entraron en una especie de limbo regulatorio, pues se decidió el apagado de las granjas y pasaron meses sin tener pronunciamientos por parte de los interventores del ente supervisor o del gobierno. La situación trajo una nueva ola de oscuridad para los miembros del sector, que desde hace más de un año están inmersos en la incertidumbre.   

Todo esto ocurre a pesar de que, en teoría, las normativas aprobadas hace más de cuatro años para regular el sector siguen vigentes. Pero en la práctica no se sabe cuál es el propósito de las autoridades venezolanas. Se trata de una circunstancia compleja que caracteriza a la jurisprudencia venezolana y que se manifiesta ahora con los allanamientos y decomisos de equipos que se están produciendo, luego de anunciar la prohibición de la minería de Bitcoin.