Tribunal venezolano anula fallo a favor de mineros de Bitcoin y decomisa equipos

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el máximo ente judicial de Venezuela, anuló esta semana el amparo de un juzgado que había favorecido a una empresa de minería de Bitcoin (BTC), cuyos equipos fueron confiscados por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP).  

En una sentencia publicada en su página web, el máximo ente judicial venezolano revocó el fallo del Juzgado Nacional Primero Contencioso Administrativo de la Región Capital, que, en noviembre, falló en contra de la SUNACRIP, tal como lo reportó CriptoNoticias.  

Esa decisión se dio luego de que, amparándose en una ley, la SUNACRIP fiscalizara dos granjas de minería de Bitcoin y decomisara los equipos allí dispuestos, alegando que esas actividades no habían sido registradas según lo dicta la ley.  

Se trata del caso de la compañía Sierramoros C.A, que se identificó como dueña de las máquinas mineras, las cuales debían ser devueltas, según lo ordenó el juzgado. 

Pero la sentencia del TSJ cambió eso. Lo curioso es que, para decidir sobre ese caso, el organismo aprobó una solicitud de avocamiento hecha por abogados de la SUNACRIP, que le permite conocer la causa que lleven tribunales inferiores. Esto fue lo que derivó en la revocación y anulación de la ordenanza por el juzgado capitalino.  

Para el TSJ, la decisión de ese tribunal podría «trastocar el interés público general», sobre todo porque pretendía devolver los mineros sin haber culminado el proceso de registro e inscripción. Por tanto, dicen, el juzgado «soslayó los principios esenciales al instituto procesal de las medidas cautelares», como la incautación de mineros.  

Según el TSJ, devolver los mineros a la empresa Sierramoros fue una sentencia que «comprometió seriamente el interés público y trascendió el interés de las partes involucradas, toda vez que se evidencia la posibilidad de atentar contra la estabilidad de la nación». 

Mineros de Bitcoin deben estar necesariamente registrados para no ser sancionados  

La decisión del TSJ reafirma a la SUNACRIP como único ente rector del tema de las criptomonedas en Venezuela, por lo que tiene, en base a la ley, la potestad de supervisar, fiscalizar y autorizar todo lo que tenga que ver con la generación y comercialización de las criptomonedas en ese país.  

En el caso de los mineros de Bitcoin, además de que tienen que formar parte del Registro Integral de Servicios en Criptoactivos (RISEC), deben cumplir con los requisitos y recaudos que están establecidos en el Registro Integral de Mineros (RIM). Estos son los pasos previos para acceder a la licencia que les permite minar desde territorio criollo. 

Si no lo hacen y más bien operan sin el registro, la SUNACRIP, amparándose en el Decreto Constituyente del Sistema Integral de Criptoactivos, puede decomisar los equipos de minería digital, alegando el incumpliendo de la ley. 

José Ángel Álvarez, presidente de la Asociación Nacional de Criptomonedas (ASONACRIP), así lo apoya:  

«La sentencia del TSJ da una clara e inequívoca señal de que cualquier empresa o persona que quiera participar en una actividad regulada por el Estado, debe ir por el camino de la ley», dijo Álvarez a CriptoNoticias. 

Un marco legal más claro para minar Bitcoin  

Con su sentencia, el órgano judicial, de la mano de la Sala Político Administrativa, dio su completo apoyo a las acciones de la SUNACRIP, incluso, cuando tiene que ver con el decomiso de equipos de minería. 

Además, deja aclara la disposición de que, para minar en Venezuela, hay que estar previamente registrado y cumplir con los requisitos, de manera que se eviten sanciones. 

Es bueno aclarar que la minería de Bitcoin no es ilegal en Venezuela, pero sí es una actividad que tiene ciertas limitaciones, como las mencionadas. 

Por eso hay mineros operando sin registro. Están atraídos por la idea de que la minería es una actividad que pudiera generar rentabilidad en Venezuela, a pesar de las fallas en los servicios públicos, como la falta de electricidad eventual o el internet.  

Al final, la sentencia del TSJ envía claramente el mensaje de que los gobiernos querrán siempre mantener el control sobre actividades que nacieron para ser descentralizadas, aunque en casos, como el venezolano, primero se muestren amigables con el ecosistema.