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El país se alinea con estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
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Los inversores exigen claridad en definición de "ganancia de capital" para criptoactivos.
El gobierno uruguayo debate incluir en la ley de Presupuesto un impuesto a las ganancias de bitcoin (BTC) y criptomonedas en el exterior, una medida que afectaría a unos 62.000 millones de dólares en capitales, y que podría impulsar la migración de inversores digitales hacia Paraguay, país que ofrece un régimen tributario competitivo para activos digitales.
La propuesta ampliaría el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para gravar rendimientos de bitcoin y criptomonedas. Esto, para alinearse con estándares globales pero generando alertas sobre pérdida de competitividad.
La reforma busca modernizar el IRPF para incluir ganancias de capital en criptomonedas, actualmente exentas si se mantienen en monederos digitales o exchanges externos.
Uruguay, que hasta ahora solo gravaba intereses de depósitos bancarios en el exterior, daría un paso hacia la «renta mundial» en criptoactivos, en línea con los acuerdos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París y formada por 38 países.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima, según datos de 2023, que el 12% de los 62.000 millones de dólares en capitales externos de los uruguayos está en criptomonedas. Este monto, equivalente al 79% del PIB uruguayo en 2023, incluye no solo activos digitales como bitcoin, sino también otros activos financieros como depósitos bancarios, inversiones en valores, propiedades inmobiliarias y otros instrumentos que generan rentas en el extranjero.
El debate revive propuestas similares de 2020, pero ahora con un enfoque específico en activos digitales. Sectores oficialistas argumentan que es clave para la «equidad fiscal», mientras la oposición y empresas de criptomonedas alertan sobre riesgos para el ecosistema local.
Fuga de startups de criptomonedas como parte del dilema uruguayo
El sector de activos digitales de Uruguay reaccionó con preocupación al anuncio. Pablo Montaldo, presidente de la Cámara de Servicios Financieros, advirtió que «el 30% de las startups de criptomonedas en Uruguay evalúan migrar a Paraguay si se aprueba esto».
Por su lado, Ana López, fundadora de Uruguay Crypto Hub, añadió: «Gravar las criptomonedas así nos quita competitividad. Paraguay ofrece tasas del 10% y claridad jurídica».
El esquema de Paraguay es llamado el «triple 10» (10% en IVA, renta y dividendos) aplica también a bitcoin y criptomonedas, y su ley de maquila permite operar con impuestos reducidos. Carlos Fernández, asesor fiscal paraguayo, confirmó: «El flujo de inversores de activos digitales uruguayos creció 40% en 2025».
La economista Deby Eilender, del Centro de Estudios para el Desarrollo, advirtió, según Infobae, sobre los riesgos de esta propuesta. En Uruguay, los niveles de ahorro son bajos y una mínima parte se convierte en inversión productiva. En muchos casos solamente llegan a ser dólares abajo del colchón. Ampliar el IRPF para gravar ganancias de capital en inversiones en el exterior solo genera desincentivos”, expresó.
La decisión final se tomará en las próximas semanas en el Parlamento. Si se aprueba, Uruguay se alinearía con estándares fiscales globales para criptomonedas, pero arriesgaría su posición como hub regional de innovación digital. Paraguay, en cambio, capitalizaría la oportunidad para atraer talento, empresas y capitales del ecosistema de los activos digitales de toda Latinoamérica. Por lo tanto, la economía digital de la región podría reconfigurarse alrededor de Asunción.
Adicionalmente, como lo informó CriptoNoticias, el Banco Central (BCU) enfrenta críticas por un marco regulatorio «ambiguo» para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). En ese sentido, es deducible que la combinación de presión fiscal y falta de claridad jurídica podría acelerar la migración de startups.
