Sandbox regulatorio de España abrirá su segunda convocatoria en septiembre

El sandbox Fintech de España ya estableció la fecha para su segunda convocatoria. La Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional publicó recientemente una resolución en la cual informa que comenzará a recibir candidaturas el próximo 1 de septiembre.

De acuerdo al documento publicado por el organismo, el proceso estará abierto hasta el 23 de octubre de este año. Como ocurrió en la convocatoria de estreno, se exige a las iniciativas que se inscriban que cuenten con el grado de madurez necesario para comenzar a operar de forma inmediata.

A fines de garantizar que se cumpla con este y otros requisitos, también se dio a conocer una guía para facilitar la presentación de los proyectos.

La nueva guía señala que, además de explicar el potencial beneficio para los usuarios, se espera que los participantes en el sandbox expongan en detalle sus objetivos, sus sistemas de prueba y la tecnología a utilizar, incluyendo las entidades que van a participar y los riesgos del proyecto.

También se pide que se cumpla con la normativa de protección de datos y de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, vigente en Europa.

La meta con esta guía es evitar las deficiencias que se observaron en algunos candidatos que se inscribieron para la primera convocatoria.

«Casi un tercio de los proyectos presentados carecían del nivel de detalle necesario», declaró a los medios Mónica Rodríguez, responsable del Sandbox Regulatorio en Blue Innovation, una consultora especializada en el sector financiero. Recordó que incluso algunos proyectos que estuvieron muy bien preparados no fueron aceptados por los reguladores en la primera convocatoria.

Proyectos rechazados pueden volver a inscribirse

Tal como informó CriptoNoticias, durante la primera ronda del sanbox -que estuvo abierta del 13 de enero al 23 de febrero de 2021- la Secretaría del Tesoro solo admitió 18 proyectos, de un total de 67 propuestas que se presentaron.

Las propuestas fueron analizadas por el Banco de España, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Unos proyectos se desecharon por estar inmaduros, algunos estaban mal presentados, y otros se consideraron demasiado ambiciosos, comentó Rodríguez.

En este sentido, los organismos evaluadores ofrecieron a los proyectos rechazados argumentos razonados. «Los mismos han servido para corregir errores, y permitirá que algunos de ellos puedan presentarse a la segunda convocatoria con la opción de ser aprobados, si esta vez cumplen con los requisitos».

Nueve de los emprendimientos admitidos están relacionados con criptomonedas y blockchains. Las iniciativas seleccionadas incluyen plataformas para el pago con criptoactivos, identidad digital y soluciones basadas en registros distribuidos.

Actualmente, las iniciativas admitidas están desarrollando los protocolos de colaboración con los supervisores de su ramo. La Ley de Transformación Digital del Sistema Financiero marca un periodo máximo de tres meses para establecer estos mecanismos.

La mayor carga de trabajo está en el Banco de España, que tiene bajo su tutela diez de los proyectos aprobados, mientras la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones supervisa los 8 restantes.

Al igual que en la primera convocatoria, una vez se cierre el plazo de recepción de candidaturas, comenzará un periodo de análisis de un mes ampliable a uno más, en función de la complejidad o el volumen de solicitudes. En consecuencia, esta segunda cohorte de proyectos posiblemente arranque a finales de noviembre o principios de diciembre próximos.

Nuevamente, los proyectos que queden excluidos «recibirán una resolución motivada específica que no verá la luz pública», según indica el documento.

En febrero del año pasado, este medio informó que España había aprobado el sandbox regulatorio para innovaciones Fintech. Desde entonces, las startups del sector han estado aguardando para postular sus proyectos y ser evaluados. El objetivo es pasar las pruebas y recibir certificación para comercializar sus servicios de forma regulada.