Rusia les prohibiría a los mineros recibir recompensas en bitcoin y criptomonedas

Un mes después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, diera el visto bueno a la ley de Activos Financieros Digitales (DFA), ahora se asoma una potencial reforma que legalizaría la minería de Bitcoin, pero prohibiría los incentivos que reciben los mineros por su actividad.

El Ministerio de Finanzas propuso un conjunto de modificaciones a la ley que prohibiría todas las transacciones con criptomonedas, limitando su uso a tres áreas: en caso de herencia, operaciones relacionadas con bancarrotas y ejecuciones judiciales.

Medios locales señalaron que la intención de la reforma es legalizar la minería de Bitcoin, sin embargo, los mineros no podrían recibir la remuneración ya que correrían el riesgo de ser multados por hasta 100.000 rublos (1.300 dólares) y ser sentenciados a siete años de cárcel. En el caso de las personas jurídicas la multa ascendería a 1 millón de rublos (13.000 dólares).

Dmitry Sajarov, CEO de la Escuela Digital de Moscú, comentó que la situación es compleja y no deja claro cómo los mineros recibirían los incentivos. «Tal vez los expertos traten de elaborar algunas estructuras jurídicas interesantes, pero todas ellas implicarán riesgos significativos de aplicar la responsabilidad administrativa (multas) y penal (prisión)».

La intención de modificar la ley recién aprobada resulta contradictoria ya que la minería de criptomonedas se sostiene precisamente por los incentivos que reciben los mineros como retorno de su inversión. En caso de prohibirse el pago directo de incentivos se crea una incertidumbre ya que se desconoce cuál sería el mecanismo para compensar la labor que realizan para el mantenimiento de la red.

Entusiastas minan, Rusia se queda con los bitcoins

Citado por medios digitales, el abogado Anton Babenko precisó que sería «difícil decir cómo las reglas que permiten el uso de equipos para la minería en Rusia, prohíban recibir el pago en moneda digital».

Al respecto, es posible especular un escenario en el que los mineros sigan desarrollando su labor (quienes acepten), pero los bitcoins de las recompensas vayan a carteras controladas por el gobierno. En teoría las autoridades recibirían los fondos, descontarían impuestos, repartirían las recompensas e incentivarían la actividad en el país.

El problema podría surgir si no se presentan garantías de transparencia en la asignación de los recursos, lo que generaría corrupción. Además, el gobierno tampoco estaría obligado a transferir los bitcoins ya que podría decidir enviar dinero fíat en lugar de las criptomonedas.

Curiosamente, Jakhon Khabilov, jefe del consorcio minero Sigmapool, indicó a medios digitales que en Rusia solo las granjas mineras más pequeñas aceptan el pago en criptomonedas. Las más grandes reciben el pago en moneda fíat a través de transferencias bancarias.

Hay que mencionar que, según el registro que lleva la Universidad de Cambridge, Rusia es el tercer país del mundo con mayor poder de procesamiento en la red Bitcoin con casi el 7% de hash rate. Le siguen a la Federación rusa: China con un 65% y Estados Unidos con un 7,2%.

Las regulaciones que Rusia aplica a bitcoin y a las criptomonedas en general están generando mayor confusión sobre cuál es el tono legislativo con el que son asumidas. El país reconoce a Bitcoin legalmente, pero mantiene prohibiciones para utilizarlo como método de pago.

El gobierno lo encasilla como un mecanismo de inversión que solo es accesible para operadores calificados, de acuerdo con las disposiciones que emita el banco central, informó CriptoNoticias en julio de este año.

Otras regulaciones que podrían ser aprobadas incluyen el que las granjas de minerías deben informar sus operaciones al gobierno nacional. Los centros de procesamiento deben dar a conocer la capacidad de cómputo que tienen, de qué forma se almacenan los datos, cuáles son sus servicios y cuál es el costo operativo.