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La industria de las criptomonedas ahora es una pieza clave en las decisiones financieras de EE. UU.
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Ripple, con experiencia en incertidumbre regulatoria, apoya el proyecto por impulsar el desarrollo.
En el intrincado escenario de la regulación financiera de EE.UU., la sesión de markup (revisión y enmiendas) del Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act) —programada por el Comité Bancario del Senado para el 15 de enero de 2026 a las 10:00 AM— fue oficialmente postergada. El anuncio lo realizó el presidente del comité, Tim Scott, tras evaluar la viabilidad de la votación y en medio de negociaciones bipartidistas que se extendieron hasta la noche anterior.
El mensaje público del CEO de Coinbase, Brian Armstrong, precedió en horas a la decisión formal y actuó como catalizador clave. Armstrong retiró el apoyo de Coinbase al borrador, argumentando que sería «materialmente peor que el status quo actual».
Sus objeciones específicas mencionan un ban efectivo en la tokenización de acciones que impone requisitos tan estrictos que en la práctica impide esta innovación sin prohibirla explícitamente.
También le preocupan las restricciones en finanzas descentralizadas (DeFi) que otorgarían al gobierno acceso prácticamente ilimitado a registros financieros, erosionando la privacidad; y enmiendas que eliminarían las recompensas en stablecoins (como los ofrecidos en USDC), beneficiando a bancos tradicionales y limitando la competencia.
Además, señaló un desequilibrio de jurisdicción que erosionaría la autoridad de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) en favor de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), un organismo con el que la industria mantiene una relación tensa.
Las criptomonedas deben ser tratadas en igualdad de condiciones con el resto de los servicios financieros para que podamos construir esta industria de forma segura y confiable en Estados Unidos.
Brian Armstrong, CEO de Coinbase.
El principal rechazo corporativo documentado al proyecto de ley para regular las criptomonedas es el de Coinbase. Sin embargo, Ryan Rasmussen, jefe de investigación de Bitwise Asset Management, también manifestó que se opuso al proyecto de ley, el cual cree debe ser mejorado.
No todos dicen NO al borrador para regular las criptomonedas
De todas formas, el sector de las criptomonedas está lejos de ser unánime. Mientras Coinbase abandona la mesa, otros de la industria ven en la ley una balsa de salvamento. Es lo que refleja Brad Garlinghouse, CEO de Ripple, quien se posicionó en la acera opuesta, calificando el borrador como una herramienta necesaria para que el éxito del sector deje de ser una moneda al aire.
«Ripple sabe de primera mano que la claridad vence al caos», publicó Garlinghouse, cuya empresa ha pasado años enzarzada en batallas legales con los reguladores. Para Ripple, un marco viable —aunque imperfecto— es preferible a la parálisis actual que drena recursos en tribunales.
Este estancamiento evoca fantasmas recientes, como el proyecto FIT21, que tras ser aprobado por la Cámara de Representantes en 2024, terminó congelado en los cajones del Senado.
No obstante, mientras Washington se pierde en un laberinto de enmiendas y vetos, Europa sigue avanzando bajo el reglamento MiCA, dejando a Estados Unidos en una posición de rezago regulatorio.
El trasfondo de esta disputa es, como siempre, económico. Solo en el tercer trimestre de 2025, Coinbase reportó ingresos por 355 millones de dólares vinculados a las stablecoins, un renglón que el CLARITY Act pretende remodelar eliminando las recompensas por tenencia, como fue reportado por CriptoNoticias.
Todo esto demuestra que en este momento lo que está en juego en Estados Unidos es el control de una industria que está dando el paso para convertirse en pilar que influye de manera decisiva en la estabilidad financiera de la mayor economía del mundo.
