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Buscan atraer inversiones extranjeras, generar empleos y llevar claridad al sector.
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En el pasado, varios proyectos relacionados con criptomonedas fueron rechazados.
Gabriel Solís, diputado suplente, recientemente presentó ante la Asamblea Nacional de Panamá un anteproyecto de ley para establecer un marco regulatorio sobre criptoactivos.
Como suele ocurrir con este tipo de iniciativas, se expuso sobre su potencial para generar empleos y atraer inversión extranjera. En su breve interlocución, Solís señaló que las criptomonedas ya no son una tecnología del futuro, sino una realidad del presente, y argumentó que varios países de Latinoamérica han avanzado en la creación de marcos regulatorios. «Panamá no puede quedarse atrás», matizó el funcionario.
«Presento ante este pleno un anteproyecto de ley visionario que busca crear un marco regulatorio para el uso de criptomonedas y la promoción de la economía digital en Panamá. No estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente. Buscamos que se desarrollen estas tecnologías brindando seguridad jurídica y transparencia, así como garantizar la llegada de inversiones y crecimiento económico. Queremos sembrar los incentivos para la innovación y emprendimiento de estos sectores financieros… Panamá, por su posición geográfica, no solamente es un hub tecnológico, sino un país con el potencial para convertirse en un auténtico referente en esta área».
Gabriel Solís, diputado suplente.
Cabe destacar que esta no es la primera iniciativa sobre activos digitales presentada en la Cámara de Diputados de Panamá. En 2022 se propuso un proyecto para definir bases legales en torno a las criptomonedas, tokens autorizados y billeteras digitales, así como para establecer regulaciones sobre los exchanges. Unos meses antes, la ex diputada Cenobia Vargas había presentado su propio esquema para regular los criptoactivos como método de pago.
Uno de los casos más sonados se dio en 2022 con la llamada «Ley Cripto», impulsada por Gabriel Silva. La iniciativa fue aprobada en tercera discusión en la Asamblea Nacional de Panamá, pero posteriormente vetada por el ahora expresidente Laurentino Cortizo, quien argumentó preocupaciones sobre su alcance y posibles implicaciones regulatorias.
Vale destacar que la regulación de los criptoactivos en Panamá no solo está limitada al debate legislativo. Desde el sector financiero, especialistas y capitalistas de riesgo han coincidido en la necesidad de establecer un marco normativo que brinde seguridad y atraiga inversiones. Durante un conversatorio en octubre de 2024, el especialista Alfredo Muñoz destacó que la regulación no solo aportaría mayor supervisión, sino que también optimizaría la eficiencia de las transacciones.
Si Panamá logra establecer reglas claras para el uso de criptomonedas, tendría una gran oportunidad para modernizar su infraestructura de pagos. Esto permitiría a más ciudadanos y empresas acceder a servicios financieros sin depender exclusivamente del sistema bancario tradicional, reduciendo costos y agilizando transacciones. En este contexto, la experiencia de El Salvador podría servir de referencia para desarrollar regulaciones que fomenten la innovación, sin comprometer la estabilidad financiera.
