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A partir del 1 de julio solo exchanges con licencia MiCA podrán operar legalmente en España.
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La CNMV insta a verificar autorizaciones en registros ESMA/CNMV; también hace llamado a inversores.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) emitió un comunicado alertando sobre el fin del periodo transitorio del reglamento MiCA. El próximo 30 de junio de 2026 concluye este régimen, que había permitido a ciertos proveedores de servicios sobre criptoactivos (CASP) operar bajo un registro previo del Banco de España.
A partir del 1 de julio de 2026, solo podrán prestar servicios en España las entidades que hayan obtenido la autorización completa requerida por el Reglamento (UE) 2023/1114. Según el comunicado de la CNMV, los proveedores que no consigan la autorización antes de esa fecha deberán disponer de un plan de migración efectivo de sus clientes.
Este plan debe permitir a los usuarios mover sus criptoactivos a otras direcciones de su elección y los fondos en euros a cuentas de efectivo. El proceso deberá cumplir con medidas de seguridad y la normativa de prevención de blanqueo de capitales.
Las entidades también podrán acordar con un proveedor autorizado el traspaso de los activos de sus clientes, siempre bajo condiciones favorables y con el consentimiento expreso de cada usuario tras la debida identificación.
La CNMV subraya la necesidad de que estos proveedores comuniquen con antelación suficiente y de forma clara a sus clientes los plazos y las actuaciones del plan de migración. Una vez finalizado el plazo razonable de retirada, los activos no reclamados podrán transferirse a entidades autorizadas, informando debidamente a los afectados.
Este escenario forma parte de la plena aplicación de MiCA en España, que busca armonizar la regulación de los criptoactivos en la Unión Europea. El reglamento impone requisitos estrictos de capital, custodia segregada, gobernanza y protección al inversor, similares a los de entidades financieras tradicionales.
Polémica regulación de bitcoin y las criptomonedas
La plena aplicación de MiCA ha generado un intenso debate en el sector. Por un lado, sus defensores destacan que aporta mayor protección a los inversores, reduce riesgos de fraude y blanqueo, y aumenta la confianza institucional, facilitando la integración de las criptomonedas en el sistema financiero.
Por otro lado, críticos señalan que los elevados costos de cumplimiento (que pueden multiplicar por seis o más los gastos previos) están provocando una fuerte concentración del mercado. Menos del 10% de los exchanges europeos han logrado adaptarse plenamente, lo que ha obligado a muchos operadores pequeños a fusionarse, cerrar operaciones en la UE o migrar a jurisdicciones más flexibles.
Esto podría reducir la competencia, la innovación y la diversidad de opciones para los usuarios, favoreciendo principalmente a grandes plataformas y entidades bancarias.
Lo que se recalca es que la transición ha provocado una consolidación del mercado. Grandes plataformas internacionales con pasaporte europeo y entidades bancarias españolas han avanzado en ofrecer servicios regulados. Esto contrasta con la salida o migración forzada de operadores más pequeños o que no cumplan los requisitos.
Para los inversores, la CNMV recomienda verificar en los registros de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) y de la propia CNMV si su proveedor cuenta con la autorización requerida.
En caso contrario, deben solicitar el plan de migración y evaluar las opciones ofrecidas. Operar con entidades no autorizadas implicará la ausencia de las protecciones establecidas por MiCA.
En este punto es importante comentar que la regulación no afecta de la misma manera a los protocolos totalmente descentralizados (DeFi), que quedan fuera del ámbito de MiCA, como lo ha reportado CriptoNoticias.
La falta de licencia MiCA conlleva para los exchanges la imposibilidad de operar legalmente en el mercado español, obligando a una migración ordenada o al cese de actividades.
Esto representa, en teoría, una mayor protección al inversor y una mayor integración de las criptomonedas en el sistema financiero regulado, pero también plantea desafíos de accesibilidad y costos que podrían concentrar el mercado en unos pocos actores grandes, impulsando alternativas descentralizadas. Los usuarios enfrentan la decisión entre seguridad regulatoria y el principio de soberanía financiera propio de las criptomonedas.
