-
Acusan a los reguladores de presionar a los bancos para bloquear el acceso a empresas de bitcoin.
-
La industria de las criptomonedas exige respuestas buscando proteger la libre competencia.
Estados Unidos está tratando de dejar atrás el segmento de la historia en el que las agencias reguladoras obligaron a los bancos a distanciarse de la industria de bitcoin (BTC). Esa fue la realidad que dejó la Operación Chokepoint 2.0, una trama digna de una novela distópica, en sí, una guerra silenciosa contra el sector de los activos digitales; un boicot financiero que asfixió a la innovación digital en plena ebullición.
La Operación Chokepoint 2.0, también conocida como «Punto de Estrangulamiento», es el término acuñado por la industria de las criptomonedas para denunciar lo que se considera una conspiración encubierta destinada a impedir la interacción de activos digitales como bitcoin con el sistema financiero tradicional. Esta operación se justificó bajo el pretexto de supuestos riesgos financieros y reputacionales.
La operación se dio a conocer principalmente a través de una combinación de informes de la industria, revelaciones de documentos oficiales y la presión de figuras públicas y medios de comunicación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hubo una Operación Chokepoint 1.0 iniciada bajo el gobierno de Barak Obama, entre 2013 y 2017, la cual apuntó a desbancar a sectores considerados políticamente controvertidos, como la venta de armas, alegando que había un supuesto riesgo reputacional. Esta operación fue criticada por su falta de transparencia y terminada por Trump en 2017.
Ahora, la versión 2.0, que se desarrolló entre 2022 y 2024, dirigió su enfoque hacia el sector de bitcoin. Según las denuncias, esta sucedió cuando los reguladores, como la Corporación Federal de Seguros de Depósito (FDIC) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) instaron a los bancos a cortar servicios las empresas de criptomonedas.
Para lograr sus objetivos, los reguladores usaron acciones como las cartas de pausa de la FDIC que obligaron a los bancos a detener actividades relacionadas con criptomonedas. La presión regulatoria fue ejercida de manera encubierta, utilizando el «riesgo reputacional» como justificación para imponer restricciones sin una base legal clara.
El boicot financiero: Bancos y bitcoin en la mira
Testimonios como el de Chris Lane, ex-CTO de Silvergate, subrayan el impacto humano y económico de las políticas ocultas realizadas como parte de la Operación Chokepoint 2.0. Él contó que la operación perjudicó a mucha gente, debido a que fue una terrible experiencia que acabó con el cierre definitivo de un banco que, según él, era solvente y líquido.
Como lo informó CriptoNoticias, fue en marzo del año 2023 cuando Silvergate Capital Corporation anunció el cierre de su red de pagos con criptomonedas. En ese momento se dijo que, debido a una decisión basada en el riesgo, se llegaba a la determinación de descontinuar a Silvergate Exchange Network (SEN), uno de los productos insignia de la institución financiera, cuyos clientes del servicio eran compañías muy reconocidas de la industria, como Binance.US, Kraken o Gemini.
También está el testimonio de Marc Andreessen, cofundador de la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz, quien afirmó que la administración Biden utilizó la exclusión financiera. Y reveló que “más de 30 fundadores de empresas de criptomonedas fueron desbancarizados en los últimos cuatro años”, y calificó la práctica como un ataque directo a las empresas legales.
Actualmente, se realizan audiencias en el Congreso estadounidense para investigar las prácticas de la FDIC y la posible inconstitucionalidad de sus acciones. Todo este nuevo proceso regulatorio comenzó bajo la administración del presidente Donald Trump, quien prometió acabar con Chokepoint 2.0 y otras reglas adversas para el crecimiento de la industria de las criptomonedas.
A medida que Estados Unidos intenta cerrar este capítulo de opresión regulatoria y avanza hacia una política más inclusiva y transparente, la Operación Chokepoint 2.0 nos deja una lección clara: la innovación no puede ser sofocada por el miedo al cambio.
La lucha por una regulación justa y una integración abierta de bitcoin y las criptomonedas en el sistema financiero tradicional continúa, con la esperanza de que las próximas acciones del gobierno reparen el daño infligido, y también abran nuevos caminos para el crecimiento económico y la libertad financiera.
