Nuevo proyecto para regular las criptomonedas “prioriza los derechos de los colombianos”

Esta semana se conoció que un nuevo proyecto de ley para regular las criptomonedas en Colombia volvió a sus andanzas en el Congreso. En el Senado, se radicó una propuesta legislativa orientada a ese fin.

Presentada por el senador Gustavo Moreno y el representante Julián López, plantea 16 artículos que abarcan vigilancia, pedagogía, tributación y prevención de riesgos financieros, tal como informó CriptoNoticias.

Esta propuesta surge como una necesidad, según Moreno, porque “más de 5 millones de colombianos están transaccionando con criptoactivos o criptomonedas”. El senador destacó que en 2024 “se movieron 6.700 millones de dólares a través de criptoactivos en el país”.

Actualmente, Colombia se posiciona como uno de los países en el mundo con mayor uso de criptomonedas. Para los autores de la iniciativa, esto hace aún más urgente la necesidad de un marco regulatorio que proteja a los usuarios y permita al país no quedarse atrás en esta materia.

De acuerdo con el legislador, si bien las empresas y plataformas de activos virtuales no son ilegales en Colombia, operan en un entorno informal, lo que genera incertidumbre y riesgos para los usuarios.

“La falta de regulación permite que estos servicios carezcan de mecanismos de protección para los consumidores y de control para evitar el uso indebido de los criptoactivos”, dijo.

Para ahondar en el tema, CriptoNoticias conversó con dos exponentes de la industria colombiana de las criptomonedas, quienes han participado activamente en los debates sobre este nuevo proyecto regulatorio.

Más posibilidades de convertirse en ley

Mauricio Tovar, cofundador de la plataforma de finanzas descentralizadas Tropykus y CEO de TRUWeb3, declaró que esta nueva propuesta toma como base una anterior, presentada hace dos años, y que estuvo a punto de ser ley, ya que llegó al cuarto debate en el Congreso de Colombia.

“Pero por negociaciones con el Banco de la República se decidió que se iba a presentar nuevamente por el Ministerio de Hacienda, cosa que finalmente nunca pasó”, criticó.

Tovar considera que esta nueva propuesta tiene mayores oportunidades de convertirse en ley de la República. Para él, las condiciones actuales del mercado y el ecosistema benefician al proyecto.

“Estamos en un momento del mercado donde en los últimos dos años han pasado muchísimas cosas a nivel internacional, como los fondos cotizados en bolsa (ETF) de bitcoin, que han sido los más exitosos; la reserva estratégica de BTC que está planteando el presidente Donald Trump, la llegada del asesor de la Casa Blanca en inteligencia artificial y criptomonedas, el crecimiento del ecosistema y la creación de nuevos servicios”, afirmó.

“Entonces, si tenemos en cuenta lo que pasó en el proyecto anterior y la evolución del mercado y también un poco la institucionalización y la validación por parte del mercado en Wall Street y demás, yo consideraría que tiene incluso más posibilidades de que este proyecto se convierta en ley”, explicó.

Reiteró así que la experiencia previa fue positiva. “Ya la anterior vez fue muy buena, llegar al cuarto debate fue muy bueno, con todos los debates, del primero al tercero, aprobados por unanimidad. Entonces, ahora yo sí creo que hay un buen ambiente”, comentó.

Por su parte, Alejandro Beltrán, cofundador y Country Manager del exchange Buda.com en Colombia, mantiene una postura más cauta. Para él, es difícil predecir si el proyecto tendrá éxito legislativo.

“Dependerá de una incidencia legislativa efectiva, pedagogía clara sobre el proyecto y un diálogo interinstitucional sólido para abordar inquietudes y propuestas de los entes públicos”, señaló.

Beltrán considera que Colombia enfrenta la presión de alinear su normativa con estándares internacionales. Aunque piensa que ese país tiene la oportunidad de posicionarse como un centro para la tecnología de las criptomonedas en la región.

“Si el enfoque es incentivar el desarrollo de la industria sin asfixiar la innovación, el proyecto podría tener mejor futuro que sus predecesores”, afirmó.

Un proyecto diferente

Abordando las consideraciones de esta propuesta, hay diferencias respecto a versiones anteriores. Según Tovar, esta iniciativa “genera unos mensajes y obligaciones para instituciones públicas bien interesantes”.

Por ejemplo, “le da el papel al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia de impulsar y liderar la apropiación del uso de tecnologías blockchain. Y también le da al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) la función de fomentar la formación y el aprendizaje en estos temas, en estas nuevas tecnologías”.

Añadió que la propuesta tiene definiciones bastante claras sobre el registro que tienen que hacer los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV). “Y también define requisitos y obligaciones que deben cumplir los mismos”.

Para Tovar, “es un proyecto de ley bastante específico, de cierta manera sencillo, lo que me parece adecuado”.

Subrayó que la propuesta, además, establece un artículo donde se garantiza que las empresas de criptomonedas que cumplen los requisitos puedan utilizar o acceder a cuentas bancarias o al sistema financiero colombiano.

En una línea similar, Beltrán opina que el proyecto “retoma varios elementos de iniciativas previas, como la obligatoriedad de sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, medidas de ciberseguridad, protección del usuario y el registro de PSAV”. Sin embargo, señaló que la principal diferencia es que “ahora pone al usuario en el centro de la regulación”.

“No se limita a imponer requisitos a los PSAV, sino que incorpora mecanismos de protección más amplios, como la prevención de manipulación de mercados, la educación en cabeza de entidades públicas, una supervisión clara del registro y vigilancia, y la segregación de activos para evitar abusos en la custodia”, explicó Beltrán. Sostuvo además que ese enfoque integral “puede marcar la diferencia en su viabilidad”.

Cosas que rescatar

Para Tovar, “este proyecto es que habla mucho más de tecnología, de por qué es importante, de por qué entidades como el Ministerio TIC es importante que lideren la adopción y por qué es importante que entidades como el SENA lideren la formación en estas tecnologías, para que la gente pueda tener mayores conocimientos y generar mejores impactos”.

Explicó que este proyecto de ley “puede mandar una señal muy importante al mercado sobre reglas claras”.

“Y eso, además de proteger a los usuarios, puede fomentar emprendimientos, puede atraer inversión extranjera, lo que generaría mayores empleos, por qué no más impuestos y, además, más opciones para el usuario, más competencia, lo que siempre es bueno para el consumidor”, sostuvo.

Beltrán, por su parte, considera que el proyecto “busca un equilibrio entre establecer estándares de gestión de riesgos para los PSAV y garantizar la protección del usuario sin frenar el desarrollo de la industria cripto y blockchain en Colombia”.

Añadió que la propuesta mantiene un enfoque preventivo y apuesta por la educación, permitiendo que los ciudadanos tomen decisiones informadas sin depender exclusivamente de la regulación.  

Señaló Beltrán que, si bien es parte de la discusión la construcción del proceso de formación, educación e información pública, “se abre un buen espacio para una mejor articulación entre el sector público y privado”.

Se tomó en cuenta a la industria

Tovar explicó que, para este nuevo proyecto, la industria de las criptomonedas fue tomada en cuenta.

“Este proyecto lo ha venido liderando el Congreso de la República, apoyado en expertos de la industria, principalmente de la asociación Colombia Fintech y en su momento también de Blockchain Colombia”, dijo.

Agregó que también ha habido debates públicos alrededor de este proyecto de ley que ha involucrado expertos del sector.

“El debate por parte de la comunidad de criptomonedas y de la industria ha tratado de ser lo más público posible también desde el Congreso y cuando se ha invitado a las instituciones, pues estas han participado también”, dijo Tovar.

Beltrán opina que el proyecto prioriza la protección y derechos del usuario como eje central. “Esto es un cambio relevante, aunque dentro de la comunidad existen diversas posturas sobre la regulación”, afirmó.

Explicó que lo positivo es que el proyecto establece garantías mínimas, promueve la educación y permite diferenciar entre plataformas que cumplen con estándares y aquellas que podrían representar riesgos. Subrayó, además, que sigue siendo clave que la comunidad “tenga voz en el debate” para identificar aspectos que mantengan el libre desarrollo, legal y seguro de las operaciones con criptomonedas en Colombia.

La relevancia de Colombia para el ecosistema de Bitcoin y las criptomonedas queda patente en este contexto. Con millones de usuarios y un volumen significativo de transacciones, el país busca consolidarse como un actor clave en la región. Este proyecto podría ser el paso definitivo para lograrlo. Habrá que esperar si, como sus antecesores, queda en veremos. O si, en cambio, atraviesa los obstáculos y lleva a Colombia a ser un país más entre los contados que ya tienen regulaciones claras para el mercado emergente.