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Coin Center indica que la medida es una afrenta a las libertades civiles.
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El Departamento del Tesoro pretende que la enmienda al Código sea efectiva en 2023.
«Es una clara extralimitación por parte del gobierno obligar a los ciudadanos a espiarse unos a otros sin una orden judicial», declara un comunicado de Coin Center presentado este viernes.
El documento, firmado por el grupo de especialistas que defiende las políticas en torno a Bitcoin, describe las razones por las cuales demandan al Departamento del Tesoro de EE. UU., quienes el verano pasado aprobaron una medida regulatoria para las personas y empresas que usen criptomonedas.
En concreto, se introdujo una enmienda de la sección 6050I del Código tributario, que forma parte de la Ley de Inversión en Empleos e Infraestructura. Esta enmienda exigirá a las personas y empresas que reciban más de USD 10.000 en criptomonedas como bitcoin que informen al gobierno el nombre de quien les invió dinero, su número de seguro social y su fecha de nacimiento.
«¿Eres un artista que vende una pintura o un NFT por USD 15 mil? Debes presentar un formulario informando al gobierno sobre la información personal de tu cliente. ¿Eres una organización sin fines de lucro que recibe donaciones anónimas para tu labor humanitaria? No más. Puede que tenga que darle al gobierno una lista de sus donantes».
Coin Center.
De acuerdo con los demandantes, esta exigencia es «inconstitucional» y representa una afrenta a las «libertades civiles que debe ser impugnada de la única forma posible en este momento: en los tribunales».
Derechos básicos de bitcoiners vulnerados
Los términos de la demanda introducida por Coin Center se concentran en dos puntos. El primero supone que «obligar a la gente común a recopilar información altamente intrusiva sobre otras personas comunes, y reportarla al gobierno sin una orden judicial, es inconstitucional según la Cuarta Enmienda».
El segundo punto alega que «exigir que las organizaciones políticamente activas creen y reporten listas de los nombres de sus donantes y la información de identificación al gobierno es inconstitucional según la Primera Enmienda», de acuerdo con el comunicado citado.
Los demandantes observan que ya la Cuarta Enmienda, establecida como protección ante pesquisas y aprehensiones arbitrarias, tiene excepciones importantes que limitan la privacidad. Por ejemplo, la «doctrina de terceros». Esta establece que si alguien entrega información privada a un banco o una empresa de redes sociales pierde su derecho a evitar que otros busquen esa información sin una orden judicial.
«La disposición 6050I ni siquiera tiene como objetivo recopilar información de «terceros»; exige que las personas que participan directamente en una transacción que ocurre sin bancos u otros intermediarios informen sobre sí mismos y las personas a las que les pagan o que les pagan. (…) Si el gobierno quiere que informemos directamente sobre nosotros y las personas con las que realizamos transacciones, debe demostrar ante un juez que tiene sospechas razonables que justifiquen un registro de nuestros documentos privados».
Coin Center.
El segundo reclamo de Coin Center se enfoca en la posibilidad de que la medida del Departamento del tesoro vulnere la libertad de asociación de las personas.
Para esta organización es preocupante que la disposición 6050I pueda requerir que los grupos de libertades civiles tengan que reportar las listas de sus miembros, puesto que podría contribuir a que las personas «tengan miedo» a unirse a estas organizaciones y hablar de los temas por los que abogan, «si sus nombres fueran informados de inmediato a una autoridad policial potencialmente corrupta».
Las instituciones que se oponen al uso de Bitcoin
La demanda está dirigida principalmente a Janet Yellen, secretaria del Tesoro, y Charles Retting, jefe del IRS. Estas dos personas contrastan entre sí, de acuerdo con sus declaraciones y posturas ante Bitcoin.
Para citar un ejemplo, el año pasado Charles Retting solicitó al Congreso más autoridad para regular el mercado de las criptomonedas. De acuerdo con sus declaraciones «la mayoría de las criptomonedas están diseñadas para permanecer fuera de la pantalla del radar». Estas declaraciones se divulgaron justo cuando se promovía la enmienda 6050I.
Por su parte, Yellen ha ido cambiado su postura respecto a Bitcoin y reconoce sus beneficios. Sin embargo, su postura respecto a las stablecoins es más crítica en la actualidad, luego de la crisis que se desatara alrededor de Terra. Estas advertencias también fueron divulgadas por la Reserva Federal de Estados Unidos.
