¿Cómo Gary Gensler se convirtió en un villano para la comunidad de las criptomonedas?

Gary Gensler, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos, dejará su cargo de forma anticipada el próximo 20 de enero, coincidiendo con la toma de posesión de Donald Trump como nuevo presidente del país. Con su partida, llega a su fin una era controvertida para bitcoin (BTC) y las criptomonedas en general, marcada por un enfoque restrictivo que se adoptó para regular el sector.

Tan pronto asumió el cargo en 2021, Gensler afirmó que su principal objetivo era proteger a los inversionistas y mitigar los riesgos en el mercado. Aunque inicialmente no había temor ni expectativas negativas, esos primeros pasos resultaron ser solo el preludio de persecuciones y procedimientos legales.

Uno de los puntos más controvertidos de su gestión fue su enfoque expansivo al interpretar el término «valores» establecido en la Ley de Valores de 1933. Durante su mandato, la SEC etiquetó a un gran número de activos digitales como valores, lo que obligó a muchas empresas del sector a enfrentarse a costosos procesos legales o, en algunos casos, a retirarse del mercado estadounidense.

En una entrevista publicada en mayo de este año, Gensler afirmó de manera contundente que, según la legislación estadounidense y la interpretación de la Corte Suprema, «muchos tokens son valores». Cabe destacar que las empresas del sector solicitaron en múltiples ocasiones a la SEC, sin éxito, que aclarara cómo se aplicaba, al mercado de los activos digitales, la Ley de Valores de 1933, destinada a regular la emisión y venta de títulos valores.

La controversia cobró fuerza principalmente por la falta de claridad regulatoria. Esto debido a las opiniones divergentes sobre qué criptomonedas deben ser consideradas valores. Pese a ello, la SEC avanzó con acciones legales contra varias empresas del ecosistema, alegando que vendieron valores no registrados.

Hasta la fecha, La SEC considera que muchos tokens con mecanismo de financiamiento colectivo, como una Oferta Inicial de Moneda (ICO) son valores debido a que los compradores esperan beneficios de los esfuerzos del equipo detrás del proyecto. La clasificación de criptoactivos como valores tiene un impacto significativo en cómo pueden ser comercializados, vendidos y regulados. Si se clasifican como valores, los exchanges de criptomonedas necesitarían registrarse como bolsas de valores, lo cual podría afectar la accesibilidad y eficiencia de los mercados de activos digitales.

Por todas estas razones Gensler rápidamente se percibió como hostil hacia las criptomonedas.

Demandas contra empresas de la industria

En 2023, la SEC presentó una serie de demandas contra importantes empresas de criptomonedas como Coinbase, Kraken y Binance. Estas acciones no solo generaron un ambiente de incertidumbre legal, sino que también desalentaron la entrada de nuevos actores al mercado. Tras el colapso de FTX en 2022, el daño reputacional a la industria era considerable. En un intento por abordar lo que muchas agencias percibían como abusos y estafas, se llevaron a cabo más de 200 medidas coercitivas.

No obstante, la SEC también inició procedimientos legales contra organizaciones de menor perfil mediático, como Impact Theory, acusada de ofrecer y vender tokens no fungibles (NFT) considerados valores no registrados, recaudando aproximadamente 30 millones de dólares de cientos de inversores. Además, la agencia cargó contra la empresa Quantstamp por tratarse de una (ICO) y demandó al influencer Richard Schueler, conocido como Richard Heart, por comercializar títulos valores no registrados, incluido el token Hex.

En 2024 las demandas no cesaron. La SEC presentó una denuncia contra Cumberland DRW LLC, con sede en Chicago, acusándola de operar como distribuidor no registrado de criptoactivos por un valor superior a los 2 mil millones de dólares, los cuales fueron ofrecidos y vendidos como valores. En la denuncia se estipuló que la empresa venía operando de esta manera desde marzo de 2018.

A finales del año pasado, la situación era alarmante. En noviembre, 18 fiscales generales republicanos presentaron una querella contra la SEC, acusándola de exceder su autoridad al regular la industria de criptomonedas. Los demandantes, provenientes de estados como Kentucky, Texas y Florida, argumentaron que la agencia había violado los derechos de los estados para regular sus economías, interfiriendo en su soberanía al aplicar de manera agresiva la ley en un sector valorado en 3 billones de dólares.

Pese a ello, hubo victorias para la industria. Sin ir muy lejos, en junio pasado Consensys informó que la SEC había cerrado su investigación sobre Ethereum, confirmando que Ether no es un título valor, sino una mercancía.

El caso de Ripple es emblemático, ya que ha sido una batalla legal que se ha extendido por más de 4 años. En 2023 una juez dictaminó que las ventas de XRP por parte de Ripple a inversores institucionales constituían ofertas de valores no registrados, pero que las ventas programáticas (en exchanges) y otros usos de XRP no eran valores. Esto se consideró una victoria parcial para Ripple, ya que implicaba que XRP no era un valor en todos los contextos.

En octubre de 2024, la SEC presentó un aviso de apelación contra el fallo, buscando revisión en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. La apelación no cuestiona el estado de XRP como no-valor en las ventas programáticas, sino que se centra en otros aspectos del fallo judicial manteniendo el caso sin concretar un cierre definitivo.

Críticas y freno a la innovación

El enfoque restrictivo de la SEC provocó que numerosas startups y desarrolladores de criptoactivos buscaran refugio en países con marcos regulatorios más flexibles, como Dubái o Singapur. Esto impactó negativamente en la inversión y el empleo dentro de la industria.

Gensler fue muy vocal y no perdió oportunidad de criticar al sector de las criptomonedas, pero, a pesar de su discurso centrado en la protección del consumidor, nunca logró presentar un marco regulatorio claro y coherente. Aunque aseguraba que su enfoque buscaba salvaguardar a los inversionistas, sus decisiones carecieron de transparencia y generaron incertidumbre sobre cómo cumplir realmente con las normas. Pese a contar con las herramientas necesarias para dejar una huella positiva, Gensler optó por seguir el camino marcado por el sistema y por las críticas gubernamentales hacia bitcoin. No impulsó un marco regulatorio que respondiera a los tiempos actuales, sino que prefirió recurrir a la Ley de Valores –un esquema creado durante la Gran Depresión- para regular los criptoactivos.

Hubo quienes advirtieron que este enfoque no conduciría a resultados positivos, pero el titular de la SEC se mostró inflexible. En un testimonio ante el Comité Bancario del Senado en 2023, Gensler desestimó las objeciones y defendió su experiencia de décadas en el sector financiero, asegurando que nunca había visto un mercado tan plagado de abusos. Insistió en que la SEC debía actuar como un «policía vigilante» y mantener una presión regulatoria constante sobre las criptomonedas, subrayando la importancia de las herramientas regulatorias actuales para combatir el fraude dentro del ecosistema.

Conviene mencionar que la comisionada Hester Peirce, quien en los últimos años se forjó una reputación como defensora de las criptomonedas, fue una de las funcionarias que más desacuerdos mantuvo con el señor Gensler. Peirce, republicana, considera que el gobierno debe limitar su intervención en la economía, mientras que Gensler, con una trayectoria ligada a los círculos demócratas, ha adoptado posturas más cambiantes sobre diversos temas. De hecho, el sucesor de Jay Clayton no siempre estuvo tan alineado con su enfoque actual hacia los criptoactivos; antes de ser presidente de la SEC, el demócrata pasó varios años en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde impartió cursos sobre activos digitales.

En abril de 2024, Peirce criticó duramente las directrices de la SEC en torno a los criptoactivos, particularmente el Boletín de Contabilidad 121 (SAB 121), el cual impide que muchos bancos custodien monedas digitales en nombre de sus clientes. Peirce consideró que estas regulaciones no protegen a los inversores y, en cambio, alejan a los bancos del negocio. La norma SAB 121 sería derogada por Trump.

Lo cierto es que Gensler recibió críticas desde todos los sectores, tanto que siete estados de EE. UU. formaron una coalición para desafiar la regulación de la industria por parte de la SEC, liderados por la Fiscal General de Iowa, Brenna Bird. Estos estados argumentaron que la agencia abusaba de su poder y eludía las leyes estatales para imponer regulaciones sin la debida autorización del Congreso.

Un nuevo rumbo

La salida anticipada de Gary Gensler abre la posibilidad de un cambio en la dirección de la SEC, y muchos en la comunidad de bitcoin esperan que el próximo liderazgo adopte una postura más equilibrada. La esperanza es que se fomente la innovación y se ofrezca claridad regulatoria sin sofocar el crecimiento del sector. En este contexto, el presidente electo Donald Trump ha nominado a Paul Atkins, un firme defensor de los activos digitales, como el futuro líder del organismo. Sin embargo, la designación aún debe ser aprobada por el Congreso.

En cuanto a la administración saliente de la SEC, pues la misma se va sin un ápice de autocrítica. Prueba de ello radica en que hace solo unos días Gensler aprovechó una entrevista para Bloomberg Television, y destacó que solo quiso proteger a los inversionistas de una industria que considera muy similar al lejano oeste. El economista reivindicó haber implementado alrededor de 100 medidas relacionadas con criptomonedas, las cuales se sumaron a las 80 adoptadas por su predecesor, Jay Clayton. Además, volvió a expresar que, en todos sus años dedicados a las finanzas, nunca vio un sector tan plagado de irregularidades.

Lo que por supuesto Gensler no abordó son temas como que la SEC se apropió de un sector que debía estar bajo la regulación de la CFTC. Un ejemplo radica en una demanda efectuada en marzo de 2024, cuando la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU. acusó legalmente al exchange KuCoin de operar una plataforma de comercio de commodities sin el registro adecuado. Esta acción resaltó la falta de claridad regulatoria en el país, con la CFTC y la SEC aplicando criterios contradictorios para clasificar las criptomonedas.