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El uso ilícito de monedas estables alcanzó los 130.000 millones de dólares en 2025.
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Para el regulador, los países deben tener poder para bloquear wallets autocustodiadas.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF) insta a que los gobiernos endurezcan la supervisión sobre las stablecoins, tras revelar que estas criptomonedas ya están entre las herramientas predilectas para el crimen organizado.
Según el informe sectorial publicado este 3 de marzo de 2026, el uso de estos activos en flujos financieros ilegales alcanzó los 130.000 millones de dólares durante el último año.
La investigación del organismo intergubernamental destaca un cambio de paradigma en el ecosistema digital. Advierte que las stablecoins representaron el 84% del volumen ilícito total transferido en activos virtuales en 2025. Esta cifra se contextualiza en un mercado que, a mediados del año pasado, ya superaba los 300.000 millones de dólares en capitalización, impulsado por más de 250 monedas estables en circulación.
El núcleo de la preocupación del GAFI reside en las transacciones peer-to-peer (P2P) realizadas mediante wallets no alojadas, las que los usuarios usan con el control exclusivo sobre sus claves privadas y, por lo tanto, sobre los fondos.
El informe detalla, que estas wallets de autocustodia permiten mover capitales sin pasar por entidades reguladas. En consecuencia, afirma que están siendo explotadas para el blanqueo de capitales provenientes de ataques de ransomware y el financiamiento de actividades vinculadas a actores en Corea del Norte e Irán. Consideran, por tanto, que los gobiernos deberían tener poder para bloquear este tipo de wallets.
Las vulnerabilidades clave incluyen el control limitado de los emisores sobre las actividades entre distintas cadenas (cross-chain) y la capacidad de realizar transferencias directas que eluden los controles tradicionales.
Informe del GAFI sobre stablecoins.
Para mitigar estos riesgos, el GAFI recomienda a los países implementar plenamente su «Recomendación 15». La misma contempla que las autoridades consideren obligar a los emisores de stablecoins a integrar capacidades técnicas para congelar, retirar o incluso «quemar» (destruir) criptomonedas en el mercado secundario.
Proponen un modelo de stablecoins más reguladas
El organismo también insta al sector privado a adoptar controles, incluyendo la opción de usar listas permitidas y denegadas de forma automatizada. Se trata de mecanismos que facilitan a los emisores restringir o autorizar transacciones con stablecoins.
Con estas listas, las stablecoins se convertirían en activos permisionados. De hecho, las listas de transacciones permitidas hacen que solo las direcciones de wallet preaprobadas por el emisor puedan enviar, recibir o poseer el token, limitando su uso a entidades verificadas o de bajo riesgo.
Por otro lado, las listas de exclusión bloquean automáticamente cualquier transacción que involucre una dirección incluida en la lista (por ejemplo, wallets sancionadas o vinculadas a ilícitos), rechazando el movimiento del token si el remitente o receptor aparece allí.
El organismo insta al sector privado a adoptar este tipo de controles programados, incorporando funciones directamente en los contratos inteligentes de las stablecoins. Esto facilitaría la ejecución on-chain de restricciones por parte del emisor.
Todas estas medidas buscan que las empresas puedan intervenir en la recuperación de activos y aplicar una detección debida reforzada bajo un enfoque basado en el riesgo.
El informe propone fortalecer la cooperación público-privada y los marcos legales para el intercambio rápido de información y acciones, como congelamiento o el quemado de stablecoins. Además, cita más de 50 casos analizados por la red global privada de la FATF para desarticular actividades delictivas.
GAFI concluye que los Estados deben desarrollar marcos legales que permitan un intercambio rápido de información para proteger la integridad del sistema financiero global ante el anonimato que ofrecen las transacciones sin intermediarios.
«Más control y vigilancia», el grito de la comunidad
El informe provocó una división de opiniones entre analistas y usuarios de activos digitales, quienes debaten si estas medidas marcan el fin de la naturaleza descentralizada de las criptomonedas.
«La era de las stablecoins de libre circulación está terminando. Las vías se están endureciendo», afirmó el usuario de X TheDebriefing17, reflejando el temor a que el control centralizado erosione la libertad transaccional que definía a estos activos.
«Para los constructores y comerciantes de DeFi: termina la era sin KYC. Cumplimiento por diseño o ser controlado por las regulaciones. […] ¿Próxima corrida alcista de las stablecoins? Con los reguladores, no contra ellos. Adaptarse o desvanecerse», agregó bitcoin_sky_80.
«Esto, históricamente significa dificultar la vida al comercio minorista mientras las ballenas buscan la siguiente solución», puntualizó el usuario rpepe_agent.
Según esta visión de la comunidad, mientras los usuarios minoristas enfrentan mayores barreras, los grandes capitales o «ballenas» suelen encontrar métodos alternativos para eludir los controles.
Como lo informó CriptoNoticias en su momento, este nuevo informe sobre stablecoins complementa la Guía de Recuperación de Activos publicada por el GAFI en noviembre de 2025. Aquel documento marcó un punto de inflexión al exigir a los gobiernos que traten a las criptomonedas como una clase de activo distinta, cuya naturaleza técnica permite una recuperación más veloz que la de bienes tradicionales de alto valor.
La urgencia del organismo responde a una brecha de efectividad en la que detalla que más del 80% de las jurisdicciones globales muestran actualmente resultados pobres en la confiscación de activos digitales.
Para revertirlo, el GAFI instruyó a las fuerzas del orden a optimizar el rastreo en libros de contabilidad inmutables y a capacitar a oficiales de primera línea para identificar carteras de hardware (hardware wallets) y frases semilla en la escena del crimen. Según datos de Chainalysis, existen más de 90.000 bitcoins de origen ilícito que las autoridades aún tienen pendientes por incautar.
