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Los exchanges dispondrán de un periodo de dos meses para adecuarse a los nuevos requisitos.
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La medida se aplica para cumplir con normas antilavado de activos propuestas por el GAFI.
Junto a la segunda parte del Reglamento para el Mercado de Criptoactivos (MiCA), otra serie de medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/ CFT) entrarán en vigor el próximo 30 de diciembre en la Unión Europea (UE).
Se trata de las nuevas directrices para la aplicación de la «Regla de Viaje«. Un grupo de normas que ahora los exchanges de bitcoin (BTC) y demás criptomonedas, -identificados legalmente como proveedores de servicios o CASP- deben implementar obligatoriamente. Esto, siguiendo las nuevas directrices de la Autoridad Bancaria Europea (ABE).
Tal como anunció el organismo en su sitio oficial, bajo esta normativa las plataformas que realizan operaciones con criptomonedas ahora tendrán que recopilar de información de los usuarios, identificar si sus transacciones están relacionadas con la compra de bienes servicios legales y hacer seguimiento a las transferencias con las que están vinculadas.
Adicionalmente, tendrán que declarar sus políticas de intermediación y para transferencias transfronterizas. El objetivo es detectar cualquier actividad que pueda parecer ilícita.
Se trata de una normativa incluida dentro de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que obliga a los exchanges a compartir información sobre sus clientes, a pesar de que ha sido muy cuestionada dentro del ecosistema de las criptomonedas por sus implicaciones para la privacidad.
Las directrices ya se engloban de forma general dentro de MiCA, por lo que la función de este nuevo paquete es reafirmar las reglas aprobadas y exponer los lineamientos a seguir para su aplicación. Se elimina con ello el rango opcional que tenía la «Regla de Viaje».
Tal como se explica en el documento publicado por ABE, una vez que el reglamento entre en vigor, las plataformas de criptomonedas dispondrán de un periodo de dos meses para declarar su adhesión a los nuevos requisitos. Será un lapso de transición que busca facilitar la adecuación a las normas.
ABE admite dificultades para el cumplimiento
En algún punto de su documento, la ABE admite que el cumplimiento de las orientaciones de la UE sobre la Regla de Viaje someterá a los exchanges a nuevas tensiones financieras. Sin embargo, prevén que el esfuerzo generará un beneficio a largo plazo.
«Se espera que los beneficios de estas directrices superen los posibles costes, y se que estas directrices contribuyan a hacer más eficaz la lucha contra el AML/CFT», acota el organismo.
Hay que tomar en cuenta que la normativa entra en vigor junto con el segundo bloque de MiCA, dirigido a la regulación de los proveedores de servicios con criptoactivos. Una situación impone a estas empresas el cumplimiento de más requisitos, incluyendo la solicitud de una licencia en alguno de los 27 países de la UE para poder seguir operando en la región.
También deben implementar planes de seguridad, normas para evitar abusos en el mercado y medidas contra el blanqueo de capitales. Todo esto junto a información sobre su estructura de propiedad, gobierno corporativo y procedimientos de gestión de riesgos.
Ante tales exigencias, se sabe que hay una gran cantidad de empresas que tienen dificultades para adecuarse a las normas.
Tal como informó CriptoNoticias, muchas plataformas aún no están preparadas para cumplir con MiCA. Y aun cuando solo faltan 6 meses para su entrada en vigor, 70% no dispone de sistemas para la vigilancia del mercado y de usuarios que exige el Reglamento.
En ese sentido, se observa la existencia de mucha incertidumbre para la aplicación de la ley. Ha sido así tanto en la primera fase de la regulación que entró en vigor este 30 de junio (dedicada a las stablecoins), como para la fase que se implementará en diciembre con los exchanges de bitcoin.
