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Un proyecto de ley pedía al DHS evaluar en 120 días vínculos entre cripto y terrorismo.
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Lo impulsó en 2017 la representante Kathleen M. Rice junto a agencias federales.
Una de las mayores preocupaciones de las autoridades internacionales y las agencias de seguridad en lo que respecta al uso de las criptomonedas es que las mismas puedan ser utilizadas para financiar actividades ilegales, entre las que se cuenta la compra y venta de droga, el tráfico humano y el terrorismo. Debido a que los vínculos de las monedas digitales y el mercado negro aún no son del todo claros, un sub-comité del Senado de los Estados Unidos está planificando un proyecto de ley que permita la investigación del mercado de las monedas criptográficas en relación con el terrorismo.
El plan jurídico fue introducido por la representante del partido demócrata Kathleen Maura Rice y va dirigido al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS). Su objetivo, declara el documento, es desarrollar un espacio conveniente en el seno de la agencia para el estudio especializado del uso de las monedas digitales para el financiamiento terrorista.
El acto busca una respuesta de valoración ante los constantes reclamos y acusaciones de que las monedas digitales se prestan para la realización de actividades criminales, en este caso particular de la práctica masiva del terror. Aunque representantes institucionales han realizado declaraciones que involucran a las criptomonedas con el mercado ilegal, por medio de la creación de este centro de estudio se podrá determinar si los vínculos entre los radicales y estas monedas alternativas son indudablemente ciertos.
La ley exhorta a la Seguridad Nacional la entrega en 120 días máximo, con la ayuda de oficiales federales, de un documento que de respuesta a las posibilidades de que algún individual, ligado a grupos terroristas extranjeros, pueda financiar o acceder a materiales explosivos, armamento o transporte organizado por medio del uso de las monedas digitales:
A más tardar 120 días después de la fecha de promulgación de esta Ley, el Subsecretario de Seguridad Nacional para Inteligencia y Análisis deberá, en coordinación con los asociados federales apropiados, desarrollar y difundir una evaluación de la posible amenaza real y potencial actual por individuos que usan moneda virtual para llevar a cabo actividades de promoción de un acto de terrorismo, incluyendo el suministro de apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera.
Kathleen Maura Rice
Representante de Nueva York
Asimismo, el proyecto permite a los investigadores y oficiales manejar tanto información pública como clasificadas, la cual deberá ser consultada bajo la mayor discreción con el fin de evitar que se filtre cualquier dato personal o privado.
Esta clase de investigaciones ya se ha realizado en otros países, por ejemplo el Reino Unido, arrojando resultados que no son definitivos llevando a los expertos a afirmar que no hay una relación clara entre las monedas criptográficas y la práctica del terrorismo.
Sin embargo, constantemente agencias de seguridad y entidades internacionales, como la autoridad anti-terrorismo de Indonesia y la Comisión Europea, y representantes jurídicos, como el Centro de Análisis y Transacciones de Australia, señalan a las divisas digitales como herramienta facilitadora del crimen.
Debido a este contexto, la comunidad aguarda ansiosamente los resultados de esta investigación que podrían desestimar o afianzar la apreciación negativa de las criptomonedas, determinando así la posibilidad de una adopción gubernamental a futuro.
