Esta es la ley que hizo a Bitcoin moneda de curso legal en la República Centroafricana

La República Centroafricana (RCA) se convirtió esta semana en el segundo país del mundo en establecer a bitcoin (BTC) como moneda de curso legal en su territorio. Mediante una ley aprobada con unanimidad por la Asamblea y por el presidente Faustin-Archange Touadéra, se sumó al camino inaugurado por El Salvador en junio de 2021.

Hasta la promulgación de la normativa, que se puede consultar en el perfil que se presenta como el Facebook oficial de la presidencia de la República, y que fue reportada por CriptoNoticias, la República Centroafricana era un país del que se hablaba poco y nada en el mundo. Sin embargo, en las últimas horas la RCA ganó espacio en medios de todo el mundo a partir de su nueva ley bitcoin.

En su primer artículo, la ley propuesta por Touadéra y aprobada por el gobierno centroafricano detalla que se regulan todas las transacciones relacionadas con criptomonedas, de las cuales se detalla que bitcoin es «la criptomoneda de referencia».

Además de bitcoin, la otra moneda oficial de la República Centroafricana es el franco CFA, que equivale a USD 0,0016. Cabe destacar que esta es una moneda respaldada por Francia, por lo que la República Centroafricana nunca contó con una moneda propia que le brinde independencia económica. Algo parecido a lo que ocurre en El Salvador con el dólar estadounidense.

Tal situación se da en el contexto de una nación pobre en el corazón del continente africano, independizada de Francia en 1960 y donde viven poco más de 4,6 millones de habitantes. Según datos del Banco Mundial, el PBI per cápita es de USD 492, por debajo del de otros países de la región como Chad (USD 659), Mali (USD 862), Etiopía (USD 936), Camerún (USD 1.537) o Costa de Marfil (USD 2.325). 

La ley que hace a bitcoin moneda de curso legal aplica tanto para personas naturales como jurídicas de derecho público y privado, y en la normativa se diferencian artículos que atañen a la población general y otros a quienes realicen actividades de comercio electrónico o brinden acceso a servicios de criptomonedas o contratos inteligentes, según el artículo 2). 

El artículo 10 es quizás uno de los más importantes de esta ley. En este se determina que «todo agente económico está obligado a aceptar criptomonedas como forma de pago» para la compra de un bien o servicio. Además, se brinda un periodo de gracia hasta la entrada en vigencia plena de la normativa:

«Todos los actores (…) tienen hasta treinta días para cumplir con esta ley a partir de la fecha de su promulgación».

Artículo 24 de la Ley de Regulación de Criptomonedas en RCA.

No obstante, en el artículo 21 se aclara que quedan excluidas de esta obligación «quienes, por un hecho notorio y evidente, no tengan acceso a tecnologías que permitan realizar transacciones en criptomonedas».

Esto es algo que podría aplicar a un porcentaje importante de la población de ese país. Otras estadísticas sobre la República Centroafricana posicionan a esta nación como un lugar con una calidad de vida baja para sus habitantes. Eso sí, cuenta con reservas importantes de oro, diamantes y uranio. 

En tanto, el artículo 4 provee una definición de los términos más importantes en el ecosistema, tales como «criptomonedas», «bitcoin», «blockchain», «minería», «mineros» y «volatilidad». Más adelante, en los artículos 5 y 6, se expresa que el tipo de cambio lo determina «libremente el mercado» y que todas las transacciones electrónicas en el país «pueden expresarse en criptomonedas legalmente reconocidas».

Impositivamente, los intercambios de criptomonedas no pagarán impuestos, aunque los mineros sí deberán declarar sus ganancias, detalla la ley. Esta también añade la posibilidad de abonar las contribuciones fiscales en criptomonedas «a través de plataformas reconocidas y autorizadas por el Gobierno de África Central». A efectos contables, la moneda de referencia será el franco CFA, aclara la legislación.

Creación de un órgano regulador de bitcoin en la República Centroafricana

Por otro lado, la ley establece la creación de un fideicomiso controlado por el Banco Central para asegurar la convertibilidad automática e instantánea de los fondos en criptomonedas a la moneda nacional. Esta misma estrategia adoptó en su momento El Salvador para ofrecer la convertibilidad a sus ciudadanos.

Otra cuestión importante es la creación de la Agencia Nacional de Regulación de las Transacciones Electrónicas (ANTE). Esta entidad se encargará de «controlar y administrar todos los cajeros automáticos públicos (ATM) instalados por el Estado». El precio de referencia será el de la criptomoneda al momento de la extracción, se agrega.

Finalmente, el artículo 18 de la normativa establece la futura promulgación de una ley sobre ciberseguridad y ciberdelincuencia y otra sobre protección de datos personales. Asimismo, se crearán órganos relacionados a estas dos áreas para garantizar la seguridad a los usuarios al operar con estas tecnologías.