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La ley obliga a los exchang a reportar operaciones y saldos de bitcoin y dinero electrónico.
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La Agencia Tributaria podrá embargar criptoactivos, igualando obligaciones con bancos.
El Consejo de Ministros de España aprobó este martes, en segunda revisión, el proyecto de ley para transponer la Directiva DAC8 de la Unión Europea, un paso decisivo para reforzar el control fiscal sobre bitcoin (BTC) y criptomonedas en España. La norma, que ahora pasa al Congreso para su tramitación, permitirá a Hacienda conocer los activos digitales que los ciudadanos tengan en el extranjero, de autorizarse.
La ley obligará a los proveedores de servicios de criptoactivos a informar a Hacienda sobre las operaciones, saldos y datos de los usuarios, abarcando bitcoin, criptomonedas, tokens utilizados para adquirir bienes o servicios y dinero electrónico.
Todo esto forma parte de los ajustes que hace España con la normativa DAC8 de la Unión Europea, centrada en el intercambio automático de información fiscal entre países de miembros. Significa que la norma permitirá a España recibir datos de otros estados y de terceros con acuerdos de intercambio sobre los criptoactivos de residentes españoles.
La Comisión Europea estima que esta normativa permitirá recaudar 2.400 millones de euros adicionales en la UE mediante un mayor control fiscal.
Según el comunicado emitido por el Ministerio de Hacienda, esta medida fortalecerá especialmente el control de activos digitales situados en el extranjero, cerrando lagunas en la fiscalidad de este sector en auge.
Una de las novedades más destacadas del proyecto es la autorización a la Agencia Tributaria para embargar bitcoin, criptomonedas y otros bienes depositados en entidades de pago y dinero electrónico para saldar deudas fiscales, algo que no contemplaba el marco regulatorio vigente, como lo destaca la abogada Cristina Carrascosa.
Esta capacidad, hasta ahora limitada a cuentas bancarias tradicionales, marcará una nueva etapa en la fiscalidad española. Además, estas entidades estarán obligadas a reportar información sobre cuentas y saldos de sus clientes, alineándose con las exigencias de los bancos tradicionales.
El proyecto responde a la obligación de transponer la DAC8 antes del 31 de diciembre de 2025, con entrada en vigor prevista para el 1 de enero de 2026. Los primeros informes sobre las tenencias de bitcoin y criptomonedas por parte de los españoles en el extranjero se esperan en 2027, cubriendo las operaciones del año anterior.
Carrascosa, quien participó en el proceso junto a la Agencia Tributaria, destacó la importancia de la colaboración público-privada: “Confío en que trabajar juntos en normas técnicas y cambiantes, como las que afectan a la innovación, es la única manera de aprobar leyes justas, sensatas y eficaces. Siempre estaré a disposición para seguir trabajando en ello”.
España añade esfuerzos a la vigilancia sobre los activos digitales orientada por las líneas establecidas por la Unión Europea que ya cuenta con la regulación MiCA.
En definitiva, el nuevo proyecto de ley que ahora está en el Congreso de España, aún debe superar el trámite parlamentario, pero desde ya marca un nuevo episodio en la evolución de la fiscalidad española a la economía digital. Esto con sanciones previstas para quienes incumplan las obligaciones propuestas que, aunque aún están por definirse, se estima que oscilarán desde los 20.000 euros hasta los 500.000 euros, en función de la gravedad de la infracción y del volumen de la cifra detectadas.
