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Bitcoin ya no es obligatorio en tierra salvadoreña, algo complejo para algunos como Samson Mow.
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El acuerdo con el FMI puede impactar en la adopción de la moneda digital.
Las reformas a la Ley Bitcoin de El Salvador entrarán en vigor en mayo, 90 días después de haberse publicado en el Diario Oficial del país. Esto significa que a partir de ese mes comenzarán a aplicarse, oficialmente, los cambios legislativos aprobados el 29 de enero y publicados un día después.
Como ya lo ha informado anteriormente CriptoNoticias, El Fondo Monetario Internacional (FMI) condicionó su apoyo financiero a la reforma de la ley Bitcoin salvadoreña, argumentando la necesidad de «reducir los riesgos potenciales del proyecto», centrado en la moneda digital pionera. Julie Kozack, portavoz del organismo, reiteró a principios de febrero que el programa exige «limitar las compras de Bitcoin según lo acordado», aunque no detalló montos ni plazos.
Es de destacar que el FMI ha mantenido una postura crítica y cautelosa respecto a la adopción de Bitcoin por parte de El Salvador, una decisión que marcó un hito al convertirlo en el primer país en reconocer a la invención de Satoshi Nakamoto como moneda de curso legal junto al dólar estadounidense en 2021. Este movimiento exaltó las preocupaciones de una institución que ha demostrado una inquietud constante por los riesgos que los activos digitales representan para la estabilidad financiera global.
Para abordar sus preocupaciones, el FMI desarrolló la «Matriz de Evaluación de Riesgos de las Criptomonedas» (C-RAM), un marco detallado para detectar y evaluar lo que el organismo interpreta como riesgos macrofinancieros asociados con los criptoactivos. Con esta guía, el organismo busca identificar las «consecuencias nefastas» de Bitcoin y otros criptoactivos. Por esa razón, no era de extrañar que exigiera cambios en la Ley Bitcoin durante su negociación con el gobierno de Nayib Bukele.
Los cambios, tal como los ve el CEO de la empresa JAN3, Samson Mow, presentan un panorama complejo que puede impactar en el uso práctico de bitcoin. Así que, analizando los cambios, Mow encuentra varias preguntas que aún están sin respuestas, como si realmente la moneda digital dejó de ser de curso legal en tierra salvadoreña o no.
Además, Mow, se detiene especialmente en los artículos 7 y 8, los cuales prohíben al gobierno «tocar» bitcoin, eliminando su obligación de facilitar transacciones, lo cual abrió la puerta al desmantelamiento de la Chivo Wallet, la billetera estatal.
Otro aspecto que llama la atención de Mow es que el préstamo de 1.400 millones de dólares del FMI exige «confinar» el uso de Bitcoin, pero como el término es ambiguo, el ejecutivo bitcoiner pone en duda que, a partir de mayo, El Salvador pueda seguir acumulando BTC como reserva. Hasta ahora, el gobierno continúa con sus compras de un bitcoin diario y ya holdea más de 6.000 BTC en sus reservas. El acuerdo podría limitar futuras adquisiciones.
En definitiva, las reformas a la Ley Bitcoin en El Salvador, impulsadas por las condiciones del FMI, plantean interrogantes sobre el futuro del modelo bitcoiner implementado por Bukele.
Mientras se va aclarando el panorama sobre lo que el acuerdo con el FMI significa para la adopción de bitcoin en tierra salvadoreña, también queda claro que la nación centroamericana ya no es vista como la fortaleza que resiste las presiones de los organismos defensores del sistema financiero tradicional, sino que ahora se ha convertido en un experimento donde se posan los ojos del mundo para comprender cómo se equilibra en una nación la adopción de tecnologías disruptivas con las normativas globales.
