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Recrudece el debate sobre cuáles son los verdaderos servicios de transferencia de dinero.
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La interpretación de las normas por parte del DOJ resalta la necesidad de establecer reglas claras.
La “interpretación sin precedentes” de la ley que está haciendo el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos preocupa a dos senadores de ese país, porque pone bajo escrutinio a servicios de privacidad para la transferencia de bitcoin (BTC) y otras criptomonedas.
Los senadores Ron Wyden y Cynthia Lummis enviaron una carta al fiscal general Merrick Garland. En ella, expresan su preocupación por el hecho de que actualmente están bajo amenaza los estadounidenses que ofrecen servicios de software para combatir la vigilancia sobre las transacciones con criptomonedas.
La carta surge en respuesta al arresto de los fundadores de Samourai Wallet ocurrido a finales del mes de abril y otros proyectos que ofrecían servicios para ofuscar el rastro de las transacciones de bitcoin.
Los legisladores cuestionan al Departamento de Justicia por tratar a los desarrolladores de software como delincuentes por “simplemente escribir y publicar código” utilizado por otros. Agregan que se está sentando un precedente peligroso que contradice la ley establecida y plantea preocupaciones sobre la Primera Enmienda.
Como lo reportó CriptoNoticias en su momento, el primero de estos casos relacionados con servicios para la protección de la privacidad sobre el uso de criptomonedas, ocurrió en agosto de 2022. Esto sucedió cuando el Departamento del Tesoro sancionó a Tornado Cash, un mezclador de Ethereum, alegando que se utilizó para lavar millones de dólares en criptomonedas desde su creación en 2019.
Todos estos casos han provocado un debate jurídico sobre si los servicios de privacidad para la transferencia de criptomonedas deberían considerarse transmisores de dinero según la Ley de Secreto Bancario. Y al respecto, los senadores dejan claro su posición al argumentar que se necesitan definiciones más claras para evitar que ciertos proveedores de servicios sean clasificados incorrectamente.
En ese sentido, los legisladores creen que someter a los desarrolladores de software de criptomonedas sin custodia a una posible responsabilidad penal sofocará la innovación y socavará la confianza sobre el respeto que se debe tener sobre el Departamento de Justicia que debería ser garante del Estado de derecho.
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