En Carolina del Norte, los negocios referentes a la realización de transacciones de compra, venta y envío de bitcoins deben contar con una licencia de transmisión de dinero para poder operar legalmente en el estado.
No obstante, la North Carolina Office of the Commissioner of Banks (NCCOB) actualizó recientemente su página de preguntas frecuentes incluyendo algunas excepciones de negocios relacionados con Bitcoin que no requieren de esta licencia. Estas excepciones se refieren a los casos de negociación meramente personal de la criptomoneda, a las tecnologías Blockchain 2.0, y a los proveedores de software multifirma.
La Oficina declaró que la licencia no se encarga de regular el uso de las criptomonedas, sino su transmisión. Todas las personas que utilizan sus criptomonedas para comprar o vender bienes y servicios son considerados usuarios y no requieren una licencia para llevar a cabo sus transacciones.
Dentro de los usuarios están incluidos los comerciantes que aceptan bitcoins como método de pago e incluso los mineros. La oficina aclaró que si bien los mineros reciben bitcoins como método de pago por verificar transacciones en la Blockchain, una vez que terminan su trabajo se convierten simplemente en usuarios de la criptomoneda.
La NCCOB también declaró que un cambista que retiene los recursos de los clientes mientras organiza una compra/venta satisfactoria con un tercero, y transmite la moneda virtual y la moneda fiduciaria entre el comprador y el vendedor, por lo general se considera un transmisor de monedas virtuales y requiere la licencia para operar. En cambio, un cambista que vende sus propias criptomonedas no se considera un transmisor y puede prescindir de dicha licencia.
Entre las empresas que no requieren la licencia de transmisión de dinero también se encuentran aquellas dedicadas a las aplicaciones Blockchain 2.0. Es decir, las que se dedican a implementar la tecnología Blockchain en áreas distintas a la financiera. Estos usos de la blockchain generalmente no implican el uso de la moneda virtual como un medio de intercambio y, por lo tanto, no están sujetas a la regulación.
De acuerdo con lo declarado por la Oficina, ningún software multifirma que distribuye la autoridad sobre determinado fondo de criptomonedas entre diferentes personas está sujeto a la licencia de transmisión de dinero. Esto se debe a que lo proveedores de este tipo de software no están autorizados para transmitir criptomonedas en nombre de otra persona sin confirmación previa.
En cambio, las carteras de Bitcoin sí requerirán la licencia de transmisión de dinero para operar. Esto se debe a que los proveedores de estas carteras se dedican legalmente al negocio de almacenamiento de las criptomonedas de un usuario en un equipo remoto hasta que dicho usuario desea gastarlas o intercambiarlas cumpliendo, así, una función de custodia. Esta función está incluida dentro del marco regulatorio de la licencia de transmisión de dinero.
Licencia de transmisión de dinero
La licencia de transmisión de dinero de Carolina del Norte aplica para todos los transmisores de valor monetario, termino dentro del cual ahora también están incluidas legalmente las criptomonedas. Por lo tanto, no hay distinción entre la transmisión de monedas virtuales y fiduciarias. Las autoridades aplican las mismas normas tanto a los transmisores de criptodivisas como a los transmisores tradicionales.
Recientemente en CriptoNoticias informamos que el estado de New Hampshire también había decidido modificar los estatutos de su licencia de transmisión de dinero, de manera que abarcara los negocios relacionados con las criptomonedas. Sin embargo, esto generó algunas dudas entre la comunidad, precisamente en cuanto a los casos en los que se requería esta licencia y las posibles excepciones.
Las excepciones establecidas por las autoridades de Carolina del Norte son el resultado de la colaboración entre el grupo de defensa NCCOB y el grupo de abogados de la Cámara de Comercio Digital. Estas fueron aclaradas por la oficina con el fin de evitar posibles confusiones respecto a las normas establecidas por el estado y de esta manera garantizar su cumplimiento.
