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Advierten sobre contradicciones detectadas a partir de las fiscalizaciones.
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La empresa se expone a multas de hasta 1.000 millones de pesos argentinos.
El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, en Argentina, dispuso la imputación a la empresa Worldcoin.
Según informa el sitio oficial de la provincia, la decisión se tomó luego de que la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de los Consumidores «descubriera la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión de Worldcoin». De esta forma, se estaría incumpliendo con lo establecido en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.
Tal como agrega el escrito, las autoridades bonaerenses detectaron contradicciones entre lo informado por la empresa y los datos recabados a partir de las fiscalizaciones realizadas en distintas localidades de la Provincia, donde Worldcoin ha estado operando desde el año pasado.
En tales sitios, los representantes del proyecto han estado convocando a las personas para que se escaneen el iris con el dispositivo denominado Orb. Esto, a cambio de instalar en sus teléfonos la aplicación de finanzas World App y recibir el token WLD como recompensa.
Las contradicciones detectadas por las autoridades giran en torno al uso, resguardo y almacenamiento de los datos biométricos recolectados de los usuarios argentinos. «Una información privada que aparentemente sería almacenada en Brasil», observan las autoridades de la provincia argentina.
Añaden que, durante los operativos, la empresa hace que las personas firmen contratos de adhesión identificados como “Términos y Condiciones de Uso”, “Aviso de Privacidad” y “Formulario de Consentimiento de datos”.
A través de estos contratos Worldcoin incurriría en distintas infracciones. «La empresa no exhibe señalizaciones que indiquen que el requisito mínimo de edad para acceder al servicio es de 18 años, lo que implicaría el escaneo de datos personales de menores«, indica la denuncia del Ministerio.
Adicionalmente, califican como abusivas las cláusulas que habilitan a la empresa a interrumpir el servicio sin ningún tipo de reparación ni reembolso. También entran en este rubro las que obligan a los usuarios a renunciar a reclamos colectivos. Cuestionan además, que se apliquen a los argentinos leyes extranjeras, como las de Islas Caimán.
Consideran igualmente abusivo que los contratos establezcan que las eventuales disputas se resuelvan a través de un arbitraje en Estados Unidos, infringiendo con ello el Código Civil y Comercial de Argentina.
Con todas estas probables infracciones, Worldcoin podría enfrentar multas de hasta 1.000 millones de pesos argentinos (equivalentes a más de un millón de dólares).
La noticia de la imputación se da a conocer poco después de que Romina Braga, una diputada de la Legislatura bonaerense, propusiera abrir investigaciones sobre el controversial proyecto. Tal como informó CriptoNoticias, se está pidiendo la intervención de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esto a fin de que se amplíen las investigaciones.
Con esta acción, Argentina se suma al grupo de más de 8 países en los cuales las autoridades han estado cuestionando las actividades del proyecto. La mayoría de las críticas giran en torno a la recopilación de datos y a su uso.
En respuesta a estas quejas, Worldcoin ya no encripta ni almacena los datos biométricos, sino que deja a elección de los usuarios qué hacer con ellos. También, la empresa remarca que añadió la posibilidad de eliminar permanentemente el código del iris escaneado de sus sistemas y una » verificación de edad cara a cara».
